Abascal señala a los migrantes como personas que «sobran» y propone deportarlos fuera de Europa

El líder de Vox defiende la creación de centros de deportación en terceros países y vuelve a utilizar el concepto de «invasión migratoria», en una propuesta que plantea serios interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos

18 de Noviembre de 2026
Actualizado a las 10:02h
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Abascal señala a los migrantes como personas que «sobran» y propone deportarlos fuera de Europa

Santiago Abascal ha defendido la creación de centros de deportación fuera de Europa para trasladar a las personas que entren irregularmente en España. El presidente de Vox ha respaldado desde Lanzarote la iniciativa de cinco países europeos para establecer instalaciones de retorno en Ruanda, aunque considera que esa medida resulta insuficiente para afrontar la inmigración.

Sus declaraciones han ido acompañadas de una afirmación especialmente significativa. Al referirse a las diferencias entre su partido y el Partido Popular, Abascal sostuvo que la cuestión ya no consiste en determinar cuántas personas pueden llegar a España, sino en preguntarse cuántas «sobran».

La expresión introduce una dimensión particularmente controvertida en el debate migratorio. No se refiere únicamente a las condiciones legales de entrada o permanencia en un país, sino que plantea la presencia de determinados seres humanos como un excedente del que habría que desprenderse. Una formulación que merece un examen crítico por sus implicaciones políticas y por la consideración de las personas migrantes como sujetos de derechos.

Deportaciones a terceros países y derechos fundamentales

Abascal ha celebrado el acuerdo impulsado por Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos para establecer un centro de retorno en Ruanda, una iniciativa que ha suscitado preocupación en Naciones Unidas.

El nuevo marco europeo permite desarrollar mecanismos de retorno en terceros países bajo determinadas condiciones, aunque exige respetar los derechos fundamentales y las obligaciones internacionales. España se opuso a esta regulación durante su tramitación.

La entrada irregular en un territorio no supone la pérdida de los derechos fundamentales ni autoriza expulsiones indiscriminadas. El derecho de asilo, la prohibición de devolución a lugares donde exista riesgo de persecución o malos tratos y las garantías de los procedimientos administrativos y judiciales siguen siendo exigibles.

La propuesta de Vox abre así interrogantes sobre las condiciones de los centros, el control de las autoridades europeas y la protección efectiva de quienes sean trasladados.

Una política migratoria basada en la expulsión

El planteamiento de Abascal forma parte de un programa que contempla prohibir las regularizaciones masivas, endurecer los requisitos de acceso a la nacionalidad y promover la denominada «remigración» de determinados extranjeros, incluidos aquellos que dependan de prestaciones públicas.

Durante su intervención en Canarias, el dirigente de extrema derecha volvió a calificar la llegada de migrantes como una «invasión» y defendió medidas de expulsión generalizadas para quienes hayan entrado irregularmente.

La utilización del término «invasión» presenta un fenómeno humano y social como una amenaza territorial, una interpretación que desplaza a un segundo plano las circunstancias de quienes abandonan sus países por conflictos, persecución, pobreza o falta de oportunidades.

España afronta desafíos reales en materia de acogida, control fronterizo y cooperación internacional, especialmente en territorios como Canarias. Sin embargo, esas dificultades no eliminan la necesidad de distinguir entre inmigración irregular, solicitudes de protección internacional y situaciones individuales que requieren respuestas jurídicas diferentes.

El PP se aproxima a las posiciones de Vox

Abascal también ha aprovechado su intervención para señalar las coincidencias entre su formación y el Partido Popular en materia migratoria. Según el presidente de Vox, es el partido de Alberto Núñez Feijóo el que está acercándose progresivamente a sus planteamientos.

Las declaraciones se producen después de que Feijóo afirmara sentirse políticamente más próximo a Abascal que al dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi, unas palabras que el líder de Vox recibió con ironía.

La relación entre ambas formaciones adquiere especial importancia cuando sus propuestas afectan a derechos fundamentales y compromisos internacionales. El debate sobre el control de fronteras es legítimo, pero las coincidencias políticas no resuelven las dificultades jurídicas ni humanitarias de los sistemas de deportación.

Abascal insiste en que España debe expulsar a quienes se encuentren en situación irregular y plantea trasladar parte de esa responsabilidad a países ajenos a la Unión Europea. Su propuesta deberá confrontarse con una realidad jurídica esencial. Los Estados pueden regular la inmigración y ejecutar retornos conforme a la ley, pero no pueden decidir que determinadas personas «sobran» y prescindir por ello de sus derechos.

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