Santiago Abascal ha dejado abiertas todas las opciones en Extremadura: acuerdo, repetición electoral o incluso la exigencia de que María Guardiola se aparte. Lo hace mientras acusa al PP de falta de seriedad en la negociación. La escena es conocida desde 2023: Vox convierte su apoyo en instrumento de presión permanente, tensiona la aritmética parlamentaria y traslada el coste político a su socio. Lo que está en juego no es solo un gobierno autonómico, sino la normalización de una forma de hacer política que erosiona la estabilidad institucional.
La repetición como amenaza estratégica
Cuando Abascal afirma que “todo es posible”, no describe un escenario abierto; lanza un aviso. La repetición electoral no es un accidente indeseado, sino una herramienta de negociación. Vox ha aprendido que su fortaleza no depende tanto de ampliar base como de maximizar su capacidad de bloqueo.
En Extremadura, donde PP y Vox ya gobernaron en coalición tras las elecciones de 2023 hasta la ruptura en julio de 2024 por la acogida de menores migrantes no acompañados, la desconfianza es mutua. Pero el reparto de responsabilidades no es simétrico. Fue Vox quien abandonó ejecutivos autonómicos en cascada el pasado año como gesto de confrontación con el Gobierno central y con Bruselas. Ahora exige “garantías” sin concretarlas públicamente.
La ambigüedad es deliberada. Permite tensionar sin comprometerse y desplazar la presión hacia el PP.
Gobernar o condicionar
Desde 2023, Vox ha participado o apoyado gobiernos autonómicos en varias comunidades. En casi todos los casos, su presencia ha estado marcada por conflictos en políticas de igualdad, memoria democrática o migración. El patrón se repite: entrar, tensionar y amenazar con salir. La gobernabilidad se convierte en moneda de cambio.
La pieza Guardiola
Abascal no descarta pedir la salida de María Guardiola, aunque matiza que “no está sobre la mesa”. El mensaje, sin embargo, ya está lanzado. La presidenta extremeña arrastra una relación deteriorada con Vox desde la campaña electoral, cuando calificó al partido de “machista” y “xenófobo” antes de pactar con él.
La dirección nacional del PP, además, ha corregido públicamente a Guardiola cuando ha intentado acercamientos explícitos. Esa fractura interna debilita la posición negociadora del PP y refuerza la narrativa de Vox sobre la “incoherencia” popular.
Pero el fondo no es personal. Vox exige entrar en el Ejecutivo porque, según Abascal, la confianza está rota. La fórmula es clara: sin poder directo, no hay apoyo. La política se reduce a control de consejerías y capacidad de veto.
Una estrategia nacional
Lo que ocurre en Extremadura no es un episodio aislado. Forma parte de una lógica más amplia: Vox necesita demostrar que puede imponer condiciones al PP. En un contexto donde Alberto Núñez Feijóo ha asumido la necesidad de acuerdos “puntuales” con la extrema derecha, Abascal busca evitar la marginalización.
La amenaza de repetición electoral cumple varias funciones. Moviliza a su electorado más fiel, presiona a los populares y proyecta imagen de firmeza frente a la supuesta tibieza del PP. El riesgo institucional —meses de bloqueo, presupuestos prorrogados, parálisis administrativa— queda en segundo plano.
Extremadura se convierte así en laboratorio de una política de desgaste. No se trata de construir estabilidad, sino de demostrar fuerza. Y en ese juego, la comunidad autónoma es escenario y rehén a la vez.
Abascal insiste en que no negocia a través de la prensa. Sin embargo, cada declaración pública forma parte de la negociación. Cada “no descarto nada” es un recordatorio de que su partido está dispuesto a llevar la tensión hasta el límite.