La propuesta de Vox para endurecer las políticas migratorias, repatriar a menores no acompañados y criminalizar la labor de ONG como Open Arms no ha recibido más apoyo que el de sus propios escaños. La formación de Abascal vuelve a insistir en una visión punitiva y desconectada de la realidad social y económica del país, ignorando tanto la historia migrante de España como la necesidad presente de población trabajadora en sectores clave.
Una estrategia basada en la desinformación
Vox volvió esta semana a desplegar en el Congreso su relato habitual de criminalización de la inmigración, con una moción que pedía expulsiones masivas, la repatriación forzosa de menores extranjeros no acompañados, y el decomiso de los barcos que operan en rescate humanitario en el Mediterráneo. La iniciativa fue rechazada por todos los grupos parlamentarios, con la ultraderecha en solitario como único respaldo a su propia propuesta.
El contenido del texto recoge la línea habitual del partido: hablar de “efecto llamada”, “tráfico de personas” e “invasión” como ejes de una retórica que no se apoya en datos ni contempla el contexto económico, legal ni humanitario actual. Frente al discurso de Abascal, los datos indican que España necesita mano de obra extranjera en sectores esenciales como la agricultura, el cuidado, la hostelería y la construcción, donde las condiciones laborales y salariales hacen que muchos trabajadores españoles no se postulen. Lejos de representar un problema estructural, la inmigración está ya integrada en el funcionamiento básico del país.
Además, la moción incluía un ataque directo a organizaciones humanitarias como Open Arms, cuya labor de rescate en el Mediterráneo ha salvado miles de vidas en los últimos años. Vox solicitaba su “confiscación”, acusándolas de participar en el “tráfico de personas”, obviando las resoluciones internacionales que reconocen la legitimidad y necesidad del rescate civil en aguas internacionales.
Menores como herramienta de agitación
Especialmente grave resulta el uso sistemático que hace Vox de los menores migrantes no acompañados como arma de agitación política. La moción exigía su repatriación inmediata, sin garantías ni procesos individualizados, sin atender a su protección como sujetos de derecho reconocidos en los tratados internacionales suscritos por España.
Los datos muestran que los niños y adolescentes migrantes no suponen una amenaza, sino que en la mayoría de los casos son víctimas de abandono, pobreza o violencia, y que el sistema de acogida, aunque insuficiente, permite su escolarización, integración y desarrollo personal. La criminalización que impulsa Vox no solo es injusta, sino contraria a los compromisos legales del Estado.
La propuesta de la ultraderecha plantea un endurecimiento generalizado de la legislación de asilo, el cierre de fronteras y el refuerzo de dispositivos militares para el control migratorio. Una agenda que, además de ser ineficaz y profundamente deshumanizadora, borra de un plumazo la historia reciente de este país. España ha sido, durante décadas, un país de emigrantes. Miles de personas, familias enteras, se vieron obligadas a abandonar su tierra durante la dictadura franquista por falta de oportunidades, represión o hambre. Se marcharon a Alemania, Suiza, Francia, Bélgica o Argentina, entre otros países, en busca de lo que no encontraban aquí: un salario digno, un techo, una vida posible. Muchos trabajaron en las fábricas, en los campos, en las minas o en los hogares ajenos, en condiciones durísimas, igual que hoy lo hacen miles de personas migrantes que llegan desde África, América Latina o Asia.
Hoy, quienes huyen del colapso climático, de guerras o del agotamiento económico de sus países hacen exactamente lo mismo que hicieron los emigrantes españoles: buscar una salida. En lugar de criminalizarles, lo coherente sería recordar con honestidad nuestra propia historia. Porque negarles el derecho a una vida digna es negar también la memoria de quienes cruzaron fronteras con una pequeña maleta y el miedo a lo desconocido a sus espaldas.
El rechazo unánime a la moción, con la única excepción de los diputados de Vox, evidencia el aislamiento político de Abascal en este terreno, incluso entre los sectores conservadores del Congreso. La respuesta del Parlamento no solo refuerza el compromiso con una política migratoria basada en derechos, sino que refleja el agotamiento del discurso del odio como única propuesta política.