José Luis Ábalos no da por cerrada su batalla judicial. El exministro de Transportes ha anunciado que solicitará la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 24 años de prisión por el denominado caso mascarillas, al considerar que durante la instrucción se vulneraron derechos fundamentales y que la resolución estaba "predeterminada".
A través de un mensaje difundido en la red social X por su entorno, Ábalos sostiene que el alto tribunal ha quebrantado el principio de presunción de inocencia al fundamentar la condena en las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, cuya colaboración con la Justicia ha resultado determinante en la investigación. El exdirigente socialista considera que se ha producido un cambio de criterio jurisprudencial que, a su juicio, supone "un grave retroceso de derechos".
La sentencia del Supremo le declaró culpable de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Junto a él también fue condenado su exasesor Koldo García, que recibió una pena de 19 años de prisión.
En un audio difundido por la Cadena SER desde el centro penitenciario de Soto del Real, donde permanece en prisión provisional desde el pasado mes de noviembre, Ábalos reconoce que esperaba una condena, aunque asegura que no imaginaba "penas tan abultadas", cuya severidad, afirma, ha sorprendido incluso a quienes mantenían una posición muy crítica hacia él.
El exministro también cuestiona el papel desempeñado por Aldama durante la investigación. Defiende que el empresario únicamente señaló a responsables políticos y considera que esa circunstancia tiene una evidente dimensión política, además de procesal.
La estrategia de la defensa se centrará ahora en intentar que la sentencia sea anulada por una supuesta vulneración de garantías constitucionales durante la instrucción. Se trata de un recorrido jurídico complejo, ya que el Tribunal Supremo ha dictado una resolución ampliamente motivada y cualquier revisión deberá acreditar de forma sólida la existencia de una lesión efectiva de derechos fundamentales.
El caso entra así en una nueva fase. Tras la condena, el debate deja de girar únicamente sobre los hechos investigados y se traslada también al terreno de las garantías procesales, donde Ábalos intentará sostener que el procedimiento no respetó plenamente los principios que deben regir cualquier proceso penal en un Estado de derecho.