Zuckerberg no reconoce ni culpa ni responsabilidad

El acuerdo aceptado por el propietario de Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp), Mark Zuckerberg, de abonar 18.000 millones de dólares para zanjar, sin juicio, las denuncias presentadas en 48 estados norteamericanos por diseñar unas redes que generan adición entre los jóvenes; no supone que haya aceptado reconocer ninguna responsabilidad legal ni culpa alguna por el efecto generado en los usuarios adolescentes. Rechazo que fundamenta en que la adicción a las redes sociales no está reconocida en el ámbito médico como una enfermedad psiquiátrica. Es decir, que se ha visto obligado a aceptar, a regañadientes, un acuerdo para evitar un juicio que podría generar una condena económica— y mediática— mayor, que deja en papel mojado su argumento de defensa, al obligarle a rediseñar las redes para establecer restricciones de uso para los menores de edad.

Acuerdo que implícitamente supone reconocer, y esto es lo grave, que no solo era consciente de que sus redes generan adicción a través de los algoritmos diseñados para estimular el uso por parte de los jóvenes; sino que era un efecto buscado para generar el hábito de usar más tiempo esas redes y, así, aumentar el tráfico de datos y sus beneficios publicitarios y comerciando con ellos. Comportamiento desalmado de Zuckerbeg—cuyo rostro y gesto denota siempre frialdad y desprecio hacia los demás—, y del resto de propietarios de redes sociales, cuyo objetivo es mantener cautivos a los usuarios por ser la clave de un negocio de cifras estratosféricas.

Así lo delatan, implícitamente, las restricciones que Zuckerberg tendrá que aplicar a sus redes sociales que se concretan en reducir el tiempo de uso de los menores de 18 años a dos horas diarias—ampliables por los padres o tutores—, en bloquear su uso nocturno de doce a seis de la mañana, en restringir la recepción de notificaciones entre las ocho y las tres de la tarde los días lectivos, y en el establecimiento de alertas cada quince, sesenta y noventa minutos de uso ininterrumpido. Otras reformas imprescindibles son prohibir el uso de los filtros estéticos para evitar el efecto imitativo disruptivo que generan en la mente de los adolescentes, la supresión de las recomendaciones personalizadas, la reproducción automática de vídeos, y la eliminación del conteo de <<me gusta>> y las reacciones subsiguientes en los perfiles de los menores. Y la genérica y esencial: crear algoritmos que detecten y desactiven las cuentas creadas por menores de trece años.

Reformas que demuestran que se pueden establecer límites al poder de los <<capos>> digitales, cuya aplicación será controlada por un auditor independiente durante los próximos cinco años, que solo afectarán al territorio de Estados Unidos, pero que son una guía para la Unión Europea que lleva tiempo diseñando una Ley de Servicios Digitales que no termina de arrancar, a pesar de su necesidad cada vez más perentoria. Acuerdo que ha permitido a la ciudadanía hacerse una idea del brutal volumen de beneficio que alcanzan las redes digitales. Según su propia cuenta de resultados, los 18.000 millones que abonara Meta a los denunciantes, son menos de un tercio del beneficio de 60.458 millones de dólares que ganó en 2025, año en el que ingresó 200.699 millones de dólares que supusieron un incremento del volumen de negocio del 22% respecto a 2024.

Crecimiento desproporcionado y bestial de los beneficios, como el que obtienen las multinacionales energéticas y de la banca—también desorbitados, aunque inferiores al de los monstruos digitales—, que expresan el constante aumento de la desigualdad entre los superricos y las clases populares cada vez más empobrecidas, por el calentamiento y subida imparable de los precios que provoca este capitalismo salvaje que especula y convierte en negocio todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas.

Datos que imponen la necesidad de revertir la <<Ley de bronce>>, teoría económica que describe la tendencia de los salarios a reducir su poder adquisitivo a niveles de mera subsistencia, con el establecimiento de normas legales que obliguen a los superricos a devolver a la sociedad— para equilibrar la desigualdad galopante—, una parte sustancial de los beneficios que obtienen de ella. Proceso que pasa por combatir la filosofía que se expande y difunde globalmente de glorificar como un bien la acumulación sin fin de dinero y recursos, cuyo epitome metafórico es el <<tío Gilito>>.