El Congreso derogó el viernes los dos decretos sobre vivienda aprobados apenas tres días antes por el Consejo de Ministros. El primero cayó por 178 votos contra 172; el segundo, por 184 contra 166. Uno de ellos no alcanzó ni las dieciséis horas de vida. Ni siquiera ciertos yogures exhiben una fecha de caducidad tan temeraria.
Esta mañana, Pedro Sánchez ha terminado de explicar para qué sirvió realmente aquel pleno: ha anunciado elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. La vivienda, convertida durante años en una emergencia crónica, ha pasado de repente a ser también el cartel luminoso de la campaña. No es obligatorio pensar que los decretos se redactaron para ser derrotados. Pero tampoco hace falta haber estudiado semiótica en la Sorbona para advertir que el Gobierno ha transformado la derrota parlamentaria en un magnífico escenario electoral.
En una democracia parlamentaria, cuando un Gobierno no reúne los votos necesarios, pierde. Es una vieja extravagancia constitucional. Lo normal sería preguntarse por qué no negoció antes, qué objeciones planteaban sus socios y qué partes del texto podían haberse modificado para asegurar su aprobación. En cambio, la sesión fue presentada como un drama moral: de un lado, los defensores de los inquilinos; del otro, los malvados deseosos de arrojar ancianas a la calle. Entre ambos, casualmente, un Gobierno inocente, sorprendido y casi recién llegado a España.
Conviene introducir una cifra incómoda. Desde la victoria de Felipe González en 1982, el PSOE ha gobernado cerca de treinta de los últimos cuarenta y cuatro años. Dos terceras partes del tiempo. Presentarse ahora como un observador indignado de la crisis de la vivienda exige una elasticidad moral que no se aprende en ninguna facultad. Es el prodigio socialista por excelencia: gobernar durante décadas y descubrir después que la responsabilidad siempre residía en el escaño de enfrente.
Tengamos claro, para empezar que el PSOE es el partido del régimen.
Pedro Sánchez lleva en la Moncloa desde junio de 2018. Ocho años son suficientes para dejar de culpar al anterior inquilino. Durante ese tiempo ha habido desahucios, subidas de alquiler y una creciente dificultad de los jóvenes para emanciparse. Nada de ello comenzó con Sánchez, naturalmente. Pero tampoco ocurrió mientras él pasaba casualmente por allí con una carpeta bajo el brazo.
En Barcelona, el milagro resulta todavía más vistoso. El PSC ha ocupado la alcaldía durante unos treinta y cinco años desde 1979 y, durante buena parte de los mandatos de Ada Colau, compartió gobierno con los Comuns. Aun así, cuando se habla del precio de los alquileres, parece que los socialistas acaben de desembarcar en la ciudad y todavía estén preguntando dónde queda la plaza de Sant Jaume.
Nada de esto absuelve al PP, Vox, Junts ni a quienes votaron contra los decretos. Su decisión merece ser examinada, explicada y, en su caso, criticada con toda severidad. Las medidas incluían protecciones relevantes para hogares vulnerables y cambios de calado en los contratos de alquiler. Votar en contra tiene consecuencias, y esconderlas tras una disputa competencial o una excusa procedimental sería tan tramposo como convertir cualquier discrepancia en sadismo social.
Pero discutir no consiste en repartir certificados de bondad y condenas por perversidad. Consiste en saber por qué el Gobierno llevó al Congreso dos normas que no había negociado suficientemente. Al parecer, la «extraordinaria y urgente necesidad» incluida en la Constitución permitía aprobarlas deprisa, publicarlas con solemnidad y convocar un pleno extraordinario, pero no encontrar seis votos. La urgencia alcanzó para el Boletín Oficial del Estado; pero para hablar con los socios, por lo visto, se había terminado el horario de oficina.
La contradicción se vuelve más sabrosa al recordar la Ley catalana 11/2020, que limitaba las rentas en las zonas de mercado tensionado. Aquella norma salió adelante con los votos de ERC, Junts, la CUP y los Comuns. El PSC votó contra ella. Después, en junio de 2021, el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez acordó recurrir buena parte de la ley ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales. El tribunal terminó anulando su núcleo regulador.
Puede sostenerse que el Gobierno actuó entonces por razones jurídicas y competenciales. De acuerdo. Pero resulta inevitable apreciar la ironía: el mismo Ejecutivo que contribuyó a expulsar del ordenamiento una regulación catalana de los alquileres se presenta ahora como pionero de una causa que otros intentaron aplicar años antes. En política, la memoria no tiene alquiler estable: cada legislatura le renuevan el contrato y, si conviene, también le cambian los muebles.
La convocatoria electoral completa la escenografía. Sánchez no comparece ante los ciudadanos únicamente como el presidente que ha perdido dos votaciones. Comparece como el dirigente que pide una mayoría nueva para vencer a quienes, según el relato gubernamental, han bloqueado la protección de los inquilinos. La derrota deja así de ser un fracaso de negociación y se convierte en materia prima electoral. Una pirueta eficaz: si ganas, gobiernas; si pierdes, haces campaña.
El Gobierno estudia recuperar medidas semejantes mediante nuevos decretos que podrían pasar por la Diputación Permanente. Si logra aprobar determinadas protecciones, habrá que celebrarlo, pero también preguntar por qué la solución apareció después de convocar elecciones. La técnica legislativa empieza a parecerse demasiado a una disciplina de campaña.
La crisis de la vivienda es demasiado grave para utilizarla como atrezo. Requiere negociación, legislación duradera, parque público, seguridad jurídica y políticas sostenidas durante años. No se resuelve con decretos relámpago seguidos de una representación de victimismo con sello oficial. Tampoco con una oposición que se limita a derribar las propuestas del Gobierno sin ofrecer una alternativa creíble. Unos fabrican el melodrama; otros se presentan encantados al casting de villanos.
El daño excede la vivienda. Cuando el Parlamento se convierte en plató, el adversario deja de estar equivocado y pasa a ser moralmente culpable. Cuando votar contra el Gobierno equivale a traicionar al pueblo, la discrepancia deja de ser legítima. Y el periodismo acaba reducido a una colección de altavoces, uno por partido.
Los ciudadanos necesitan viviendas asequibles, contratos estables y administraciones capaces de pactar. El Gobierno necesitaba un relato. Ya tiene también fecha para estrenarlo: el 29 de noviembre.
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