Es un partido político español de extrema derecha fundado en 1995. Su ideología incluye el ultranacionalismo, el antiinmigracionismo, el euroescepticismo y otras posturas radicales1. Nunca ha conseguido representación parlamentaria, pero ha estado activo en ciertos círculos políticos y sociales.
Hasta ahora estaban callados, pero de vez en cuando se desbocan y salen en los medios desafiantes y dispuestos a dar la nota. Con lo bien que estaban callados.
En tiempos de incertidumbre, los discursos extremos encuentran terreno fértil. Democracia Nacional, como partido de extrema derecha, ha intentado posicionarse como una “respuesta” a los desafíos que enfrenta España: la inmigración, la pérdida de identidad nacional, el desempleo, la corrupción. Pero más que una respuesta, su narrativa parece ser una reacción visceral, construida sobre el miedo, la exclusión y la nostalgia de una España homogénea que nunca existió del todo.
Su retórica se apoya en la idea de que el “otro” —el inmigrante, el disidente, el europeísta, el progresista— es una amenaza. Pero esta visión simplista ignora las complejidades del mundo actual. La diversidad no es una debilidad, sino una riqueza. Y la democracia no se fortalece con muros ideológicos, sino con puentes de diálogo.
Lo preocupante no es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Utilizan símbolos, eslóganes y gestos que apelan a emociones primarias: orgullo, rabia, pertenencia. En ese sentido, no buscan convencer con argumentos, sino movilizar con pulsiones. Y ahí reside el peligro: cuando la política se convierte en espectáculo identitario, la razón cede ante la emoción.
En una sociedad democrática, todas las voces tienen derecho a existir. Pero no todas merecen el mismo espacio si su propósito es erosionar los valores fundamentales: la igualdad, la libertad, el respeto a los derechos humanos. La crítica a Democracia Nacional no es censura; es defensa activa de una convivencia plural.
Hasta piden un golpe de Estado. Eso es gravísimo. Si un grupo político como Democracia Nacional está promoviendo abiertamente un golpe de Estado, estamos hablando de una amenaza directa a los principios democráticos y constitucionales de España.
Un golpe de Estado no es solo una ruptura institucional; es un intento de imponer el poder por la fuerza, anulando la voluntad popular expresada en las urnas. En el contexto español, esto evoca el trauma del 23F de 1981, cuando militares intentaron secuestrar la democracia recién nacida. Aquel intento fracasó, pero dejó claro que la democracia debe protegerse activamente.
La mejor defensa de la democracia es una ciudadanía informada y activa. Mostrar por qué sus propuestas son peligrosas y antidemocráticas es clave. Para eso lo mejor es contrarrestar con argumentos. Tampoco hay que caer en provocaciones: A menudo, estos grupos buscan atención mediática. La respuesta debe ser firme, pero sin amplificar su mensaje.
En una democracia consolidada como la española, que un partido político —por marginal que sea— llame abiertamente a un golpe de Estado no puede tomarse como una simple provocación. Es una afrenta directa al orden constitucional.
Democracia Nacional, con su historial de ultranacionalismo, xenofobia y negacionismo, ha cruzado una línea que no puede normalizarse. Pedir un golpe de Estado no es libertad de expresión: es apología de la subversión, del autoritarismo, del desprecio por la voluntad popular. Es una llamada a sustituir el diálogo por la imposición, el voto por la fuerza, la ley por el miedo.
No se trata de censurar ideas, sino de defender los principios que hacen posible el pluralismo. La democracia no puede ser neutral ante quienes buscan destruirla desde dentro. Tolerar discursos golpistas en nombre de la tolerancia es una contradicción peligrosa.
España ya ha vivido las consecuencias de los totalitarismos. Sabemos lo que ocurre cuando se permite que el odio se disfrace de patriotismo. Por eso, la sociedad civil, los medios, las instituciones y la ciudadanía deben reaccionar. Con firmeza, con argumentos, con legalidad. Pero también con memoria.
Porque si algo nos enseñó la historia, es que la democracia no se defiende sola.
En el caso de Democracia Nacional, si se prueba que están incitando a un golpe de Estado, eso podría constituir una violación grave del orden constitucional y justificar su ilegalización. Pero para que eso ocurra, se necesita un proceso judicial formal. El Gobierno o la Fiscalía debe presentar una demanda ante la Audiencia Nacional. Se deben aportar pruebas claras de que el partido actúa contra la legalidad democrática. El caso puede llegar al Tribunal Constitucional si hay apelaciones.
La incitación a la subversión del orden democrático podría ser suficiente si se demuestra que no es solo retórica. De momento habrá que combatirlos con argumentos, leyes y vigilancia, más que con prohibiciones precipitadas.