Lo han vuelto a hacer y mientras cuele lo van a seguir haciendo. El mantra de que cualquier prohibición o nueva regulación viene de la Unión Europea se está convirtiendo en la panacea para que los ciudadanos traguemos con todo y no salgamos a protestar porque «viene de Europa».
Hace tiempo escribí un artículo en este mismo medio cuando aún se llamaba Diario16+ titulado No, la Unión Europea no obliga a crear zonas de bajas emisiones (ZBE) en las ciudades porque siempre que comentaba el tema a cualquiera me contestaban que las ZBE venían de Europa y eso no es verdad. La UE lo que establece son unos niveles máximos anuales de determinados gases que no se deben superar y que aparecen reflejados en su directiva 2016/2284 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de diciembre de 2016; en ella se habla de reducción de emisiones, de calidad del aire y de contaminantes, pero no de ZBE y cada país tiene libertad para aplicar los criterios que considere más apropiados para cumplir con esos máximos. Las ZBE aparecen reflejadas en la directiva 2008/50/CE, como una posibilidad para alcanzar ese objetivo entre otras muchas medidas que no parece que haya interesado contemplar, pero no existe ninguna directiva europea que obligue a crear zonas de bajas emisiones.
En el caso que nos ocupa, lo han vuelto a hacer con la nueva tasa de basuras porque este mantra de «Europa obliga» funcionó genial y lo sigue haciendo. Ya lo dice la frase atribuida a Joseph Goebbels: «una mentira repetida mil veces se convierte en verdad».
La realidad es que la gestión de residuos se regula en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 que obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para aumentar el reciclaje y reutilización de residuos hasta un 50 % antes de 2020, (papel, metales, plástico y vidrio). También se añade que será necesario aumentar hasta un mínimo del 70 % de su peso la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales de los residuos no peligrosos procedentes de la construcción y de las demoliciones antes de la misma fecha, pero, en ningún caso, habla de la obligatoriedad de aplicar una tasa. La directiva marco sobre residuos exige a los Estados miembros a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la gestión de residuos no ponga en peligro la salud humana ni dañe el medio ambiente y añade que también deben velar para que los residuos se eliminen de forma segura y que los productores iniciales de residuos, o bien traten los residuos ellos mismos, o bien se cercioren de que el tratamiento se lleve a cabo de forma adecuada.
Ahora bien, a pesar de que no se obligue a imponer ninguna tasa a los ciudadanos, al igual que pasó con las ZBE, el Gobierno de España ha ido más allá redactando una ley para imponerla con objeto de que seamos los más débiles los que carguemos con el total de los costes de ese reciclaje porque, además, la tasa no se aplica para la limpieza de las calles que sería la parte que podría achacarse a los ciudadanos, sino para la recogida, gestión y tratamiento de los residuos algo que, a mi modesto entender, debería de ser responsabilidad de las empresas concesionarias de la recogida de basuras y, por lo tanto, las que asuman esos costes. En definitiva, la obligatoriedad de la tasa de basuras, NO VIENE DE LA UNIÓN EUROPEA, sino que es un invento de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que establece esa tasa en su artículo 11.3 y, ¡Oh, sorpresa! Esta ley es del mismo ministerio que impone las ZBE a los territorios insulares de más de 50 000 habitantes y en las ciudades de más de 20 000 habitantes cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en Real Decreto 102/2011, de 28 de enero. Estoy hablando, como no, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el famoso MITECO.
Como ya sucedió con la Ley 7/2021 y las ZBE, la Ley 7/2022 transfiere las competencias a los Ayuntamientos y son estos los encargados de aprobar una ordenanza que establezca como cobrar esa tasa y quien debe asumirla, una tasa que se calcula sobre el valor catastral de la vivienda. El alcalde de Madrid ya dijo una vez en un post que tenemos el mejor Madrid gracias a los madrileños y estoy totalmente de acuerdo porque, desde luego, no es gracias a sus políticas que pretenden expulsar de la capital a sus habitantes con menos recursos.
Por hacer una aclaración, al igual que sucedió con el incumplimiento de la directiva de calidad del aire, la Comisión Europea envía una carta de alerta temprana a España el 24 de septiembre de 2018 para informar del riesgo de incumplir con el objetivo para 2020 en relación con la preparación de hasta un 50 % de residuos municipales y «recomienda» una serie de acciones dirigidas a mejorar los resultados entre las que se encuentra la introducción de impuestos sobre los residuos municipales, pero también se habla de recogida separada, de supervisión, de asistencia a los municipios o de programas de comunicación y sensibilización. También es cierto que en 2024 la Comisión decidió llevar a ESPAÑA ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber aplicado los requisitos de gestión de residuos y es probable que nuestros gobernantes se aferren a esta amenaza para justificar la tasa con el objeto de evitar una posible multa. No obstante, repito, la Comisión Europea NO obliga a imponer ninguna tasa, sino a reducir residuos y a aumentar el reciclaje y esto debería de ser responsabilidad de los productores iniciales de dichos residuos y de las empresas de recogida de basuras. Asimismo, y al igual que pasó con el aviso sobre la calidad del aire, la Comisión Europea no ha impuesto ninguna multa a España y, en este caso, ni siquiera se ha recibido ninguna amenaza de sanción como sí sucedió con la calidad del aire, aunque nunca se materializara dicha amenaza.
Como viene siendo habitual, la aplicación del principio «quien contamina, paga» en lugar de aplicarse a los responsables primarios de esa contaminación, la responsabilidad se transfiere al pobre consumidor que no puede evitar los residuos, pues casi todo de lo que se vende actualmente está envasado en plástico, bandejas, briks, etc. En lugar de legislar para que las empresas reduzcan residuos, nuestros dirigentes transfieren los costes a los más vulnerables, los consumidores. Solo espero que la ciudadanía vaya abriendo los ojos, vaya despertando del letargo y empiece a rebelarse. Para aquellos que piensen que el problema es del Gobierno actual, en mi modesta opinión la pérdida de libertades que estamos sufriendo en los últimos años no tiene que ver con derechas o izquierdas, no hay más que ver que en la Unión Europea ambas tendencias votan lo mismo. En el siglo XXI estamos inmersos en una guerra sin armas, una guerra de los de arriba contra los de abajo y, como dice el gran César Vidal, «a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se los contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie».