La coincidencia en el tiempo, ¡oh casualidad!, de la apertura de juicio oral de los casos Kitchen—tras casi trece años de instrucción— y Ábalos-Koldo-Aldama—instruido en dos años—, pone ante los ojos de la ciudadanía lo peor del ejercicio de la política protagonizado por los lacayos del poder de turno, en el primer caso, y por los yonkis del dinero en el segundo. En ambos casos la sociedad sale perdiendo por el desvío de recursos públicos para objetivos espurios, por la subversión de la legalidad vigente y por la deslegitimación de la política como el arte de negociar con la realidad en pos del bien común, y de sus actores: los partidos y los políticos.
Casos ciertos que solo reflejan la parte pervertida del hacer político que no pueden ni deben opacar el beneficio que reporta el ejercicio de la política en la que se fundamenta el sistema democrático. Por eso, los análisis de brocha gorda que se utilizan de manera interesada para denostar la política lo que buscan, y ocultan, es el descrédito del sistema democrático para favorecer la idea perversa de una vuelta a sistemas autoritarios o iliberales: una democracia ornamental con recortes derechos y libertades. La estratagema que se emplea en pos de ese objetivo es meter todo en el mismo saco con el objetivo de equiparar todos los casos de corrupción, que impide deslindar el diferente efecto para el sistema democrático de unos y otros.
Que en ambos casos el trasfondo sea la corrupción, no significa que el alcance social y político sea el mismo. En el caso Kitchen lo que se corrompe es la estructura de poder del Estado puesta al servicio del PP y su Gobierno que, según la instrucción del sumario, utilizó fondos reservados del ministerio del Interior—que no requieren fiscalización—para perseguir y arrebatar al tesorero del PP, Luis Bárcenas, la famosa libretita donde tenía apuntados todos los pagos ilegales, los sobresueldos, que cobraban los miembros de la cúpula del partido procedentes de las mordidas que pagaban las empresas por la obtención de contratos públicos. Persecución plagada de tintes rocambolescos, para salvar al Presidente M. Rajoy de ser descubierto como recepcionista de los cobros mensuales, y mantener en nebulosa el nombre de quien autorizó la operación Kitchen.
Es decir que, con los recursos del Estado y el poder del Gobierno, se creó una policía política que utilizó los fondos reservados para desarrollar una estrategia de ocultación de las vergüenzas corruptas del PP. Policía política que operaba en el seno del ministerio del Interior, de la que ahora se desliga su titular en ese momento, Jorge Fernández Díaz, para desentenderse de ese brazo armado policial que solo él—este es el otro meollo del juicio— tenía potestad crear y controlar sus andanzas.
Frente a esta campaña política surgida de las cloacas del Estado, el caso Ábalos-Koldo-Aldama refleja la vulgar ambición desmedida por el dinero que, al final, rompe el saco. Corrupción por las mordidas obtenidas por la compra con dinero público de mascarillas en la pandemia cuando Ábalos era ministro de transportes, en las que ejercía de intermediario el yonki del dinero Aldama, mientras el lobista Koldo se ocupaba de los contactos con empresas que buscaban obtener contratos públicos. El trío de la bencina que ejecutaron sus fechorías obnubilados por el dinero fácil y las juegas con mujeres y alcohol. Personajes de opereta que se creyeron invulnerables, hasta que cayeron con todo el equipo. Aún no se sabe cuánto dinero obtuvieron y dónde está. Datos que no ha localizado la UCO, lo que condicionará la sentencia que dicte el tribunal, que podría suponer cerrar el caso en falso.
Tampoco es la misma la reacción de las formaciones políticas afectadas. Mientras el Gobierno actual y el PSOE, expulsó de la política a Ábalos, tras reconocer los errores cometidos in vigilando las andanzas del ex ministro y ex secretario general del partido; el PP ha buscado desligarse de un pasado nefando, como si no fuera con ellos y no tuviera secuelas en su fuero interno y en la percepción de la ciudadanía. La cobardía de no aceptar los errores cometidos que ve toda la sociedad, es un doble error que siempre se paga.