En menos de una semana hemos asistido a una revolución social de indignación de la ciudadanía, harta de que el capitalismo salvaje se beneficie con su derecho constitucional a una vivienda, que es base fundamental para forjar un futuro. Explosión ciudadana cuyo detonante fueron las indignantes imágenes de Maricarmen, saliendo en camilla de su casa—que atesora setenta años de vida—, expulsada por el fondo buitre denominado Urbagestión, para hacer negocio con ella.
Expulsión de una crudeza inhumana que toco la fibra sensible de quienes han sufrido o tienen sobre sus cabezas esa espada de Damocles, con fecha judicial para ser desahuciados, y de las personas para las que es imposible acceder a alquilar o comprar una vivienda en un mercado recalentado con subidas constantes de precios, por la presión que ejercen los sectores que han convertido el derecho a una vivienda en un negocio boyante. Personas que tienen y mantienen una ética, que privilegia el aspecto humano en las crisis sociales y relega, como un mal objetivo, el beneficio que se obtiene degradándolas a la consideración de objetos con los que hacer negocio.
Protesta ciudadana que se ha ido extendiendo por toda España, convertida en acampadas, como en la Puerta del Sol, para presionar al Gobierno progresista que ya presentó, en febrero de este año, un real decreto Ley sobre vivienda que hubiera evitado desahucios como el de Maricarmen, que tumbaron con un no PP, Vox y Junts. Hoy las cosas parecen haber cambiado por el clamor popular—y la proximidad de las elecciones locales, autonómicas y generales—que pone contra las cuerdas a toda la clase política, en especial a los partidos a la izquierda del PSOE que, con reticencias, se han mostrado más proclives a apoyar las medidas para intervenir el mercado de la vivienda, contenidas en dos reales decretos ley. Decretos que ya veremos si son sancionados favorablemente por la mayoría parlamentaria, y si son suficientes para que las protestas ciudadanas pongan fin a las acampadas.
El primer texto incluye la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030, la prohibición hasta 2030 de desahuciar a personas vulnerables si no hay una alternativa habitacional, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, la prohibición de la compra de inmuebles y edificios por fondos buitre hasta el 2028 o la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones. En el segundo decreto se establece la renovación automática de los alquileres.
Crear un consenso sobre las reformas que hay que acometer, siempre es un ejercicio de posibilismo, más si hay que conjugar a partidos de ideologías distintas como Junts y PNV con Sumar o Podemos lo que requiere una negociación en que las partes concernidas cedan en sus postulados de máximos, en la idea de que es mejor aprobar las medidas en las que hay coincidencia y que, por tanto, pueden ser aprobadas: que no aprobar nada. De ahí la necesidad de que haya dos decretos, para salvar la imposición de Sumar de la renovación automática de los alquileres, que no van a apoyar ni Junts ni PNV. Es lo que hay, si se quieren aprobar las medidas básicas, las mínimas, que reclaman quienes están en la calle para forzar que la vivienda deje de ser un mercado persa donde se negocia con un derecho para enriquecer a los especuladores y fondos buitre.
Indignación ciudadana que les ha pintado la cara, y que ha conseguido forzar a Urbagestión a devolver su casa a Maricarmen, no por un aldabonazo moral en la conciencia de quienes lo dirigen; sino por la necesidad de contener la hemorragia de descredito social para la empresa está teniendo por su empeño tozudo en echarla de su casa. Mancha que se ha extendido a todas las empresas que se aprovechan de las personas vulnerables para enriquecerse robándoles un bien, la vivienda: un derecho constitucional que hoy está pervertido por los yonkis del dinero.
El caso Maricarmen es ya un referente axial para seguir exigiendo reformas que impidan volver a las andadas en el mercado de la vivienda; y para combatir la privatización de los ejes fundamentales del estado del bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Una pelea, un compromiso, con el que los jóvenes se sienten concernidos como se ha visto en estos días, para tirar por tierra esa idea abyecta de que la juventud está con la derecha y la ultraderecha que se expande en las redes sociales y los seudomedios.
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