Una frase y sigo con la 2ª parte: "La justicia condena a la izquierda por indicios, y absuelve a la derecha con pruebas".
Son los datos que prueban -según el análisis de un medio de información de los más leídos y más fiable- que escándalos de corrupción que afectan al Partido Popular se dilatan durante años en los tribunales de justicia. Vean:
"Analizados los tiempos judiciales de 15 grandes causas de corrupción de las dos últimas décadas la conclusión más llamativa es la lentitud en asuntos como Púnica, Lezo, Montoro o Kitchen.
Fuentes jurídicas alegan que la Audiencia Nacional está colapsada para justificar que tarde hasta una década en juzgar causas contra dirigentes del PP. Sin embargo, ese órgano instruyó y juzgó el caso de las 'tarjetas black' en dos años.
Ninguno de los procedimientos que afectan al PSOE ha sufrido una dilación similar.
Podemos ha tenido abiertas hasta siete piezas en el 'caso Neurona' durante más de tres años y todas terminaron archivadas. (mío: había que liquidar a Podemos como fuera, y la rapidez -en este caso- jugaba en contra de la derecha).
Varias encuestas difundidas el pasado 6 de julio ahondan en la desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial. El estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incide en que el 76,9% de los ciudadanos cree que en los procesos judiciales que afectan a los partidos políticos la Justicia no siempre es "imparcial". Un estudio del Instituto 40 Db publicado por El País, constató que más del 65% de los españoles considera que existe lawfare en España y solo el 40% piensa que los jueces son imparciales. Y un sondeo de Ipsos para La Vanguardia concluyó que el 60% de los encuestados percibe que hay jueces haciendo política.
Una de las cuestiones más controvertidas es el supuesto doble rasero en la duración de los procesos. El medio ha analizado los tiempos judiciales de 15 grandes procedimientos por corrupción de las dos últimas décadas y la conclusión más llamativa es la lentitud en algunos asuntos que afectan al PP:
– En el caso Púnica, tres piezas están pendientes de que se fije fecha para el juicio once años después de que se iniciase la instrucción y en otras dos la instrucción no está aún concluida.
– En el caso Lezo, nueve años después del inicio de la instrucción aún no se ha celebrado ningún juicio.
– En el caso Kitchen, pasaron cinco años desde el cierre de la instrucción hasta la celebración del juicio.
– En el caso Montoro, la instrucción lleva ocho años y sigue abierta.
Fuentes jurídicas alegan que la Audiencia Nacional está colapsada para justificar que tarde hasta una década en juzgar causas contra determinados dirigentes del PP. Sin embargo, en su momento, ese órgano instruyó y juzgó en dos años el asunto de las tarjetas black, donde se investigó el uso de tarjetas de crédito opacas al fisco por parte 86 directivos de Caja Madrid.
El análisis de los principales casos que afectan al PSOE muestra, en cambio, que ninguno de los procedimientos ha sufrido una dilación llamativa.
En el caso de Podemos, el principal problema ha sido la apertura de procedimientos judiciales que terminaban en nada. Un exponente claro han sido las siete piezas abiertas durante tres años y cinco meses en el caso Neurona, todas finalmente archivadas.
A continuación, se detallan los tiempos judiciales de esos 15 procedimientos abiertos por corrupción que ha analizado el medio.
LAS CAUSAS DEL PP
El periódico ha analizado seis de las principales causas judiciales que han acorralado al PP y a sus principales dirigentes en los últimos años.
'Caso Gürtel': 18 años después sin sentencia en la pieza principal
El caso Gürtel, uno de los principales vinculados al PP, se trataba de una red de empresas dirigidas por Francisco Correa que había conseguido contratos y adjudicaciones de comunidades y ayuntamientos gobernados por los populares a través de sobornos. El entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue el encargado de abrir la instrucción el 6 de agosto de 2008 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, basada en las grabaciones aportadas por el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. En marzo de 2009, el magistrado se inhibió en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y País Valencià para que continuaran instruyendo parte de la macrocausa, al encontrar indicios de delito en cinco aforados del PP en las dos comunidades autónomas.
El 8 de junio de 2010, el TSJM remitió de nuevo la causa a la Audiencia Nacional después de que los tres diputados autonómicos que figuraban como imputados en la causa (Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosh) renunciaran a su escaño. Para entonces, la instrucción de la mayor trama de corrupción vinculada al PP ya estaba en manos del juez Pablo Ruz, después de que Garzón fuera inhabilitado por autorizar escuchas desde prisión a los cabecillas de la Gürtel.
La rama de la causa en el TSJ valenciano, conocida como la de "los trajes", dio lugar a las primeras sentencias del caso. Un jurado popular declaró no culpables a Francisco Camps y al ex secretario regional del PP Ricardo Costa. La sentencia absolutoria, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, se dictó el 30 de enero de 2012, fue respaldada por el Supremo el 9 de abril de 2013.
Además de esta línea de investigación, la macrocausa ha contado con otras 12 piezas separadas. Solo una, la relativa a los papeles de Bárcenas, que investigaba las adjudicaciones de obra pública a cambio de donaciones, fue archivada al no quedar debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de esta causa.
Sin duda, la causa que supuso un antes y un después fue la relativa a la primera época de la trama, que abarca el periodo 1999-2005. La sentencia de la Audiencia Nacional –condenó al PP como partícipe a título lucrativo–, emitida en mayo 2018, motivó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, siendo la primera de la historia en prosperar.
El último juicio celebrado quedó visto para sentencia el 12 de noviembre de 2025. Corresponde a la llamada pieza principal, cuya instrucción concluyó el 9 de marzo de 2020, ya con el juez José de la Mata al frente de la investigación. La esperada sentencia dará la puntilla a esta causa 18 años después de que se iniciara la investigación judicial.
'Caso Púnica': tres juicios pendientes de señalar
El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional abrió la investigación judicial el 18 de junio de 2014, aunque la operación saltó a la palestra después, en octubre del mismo año, con la detención de Francisco Granados, ex secretario general del PP madrileño, junto a otras 50 personas, entre ellas varios alcaldes del PP en la Comunidad.
Desgajada en 13 piezas separadas el 16 de septiembre de 2015 (dos han sido archivadas), la causa está lejos de ver el final pese a que la Sección 1º de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional ha dictado cinco condenas –dos contra Francisco Granados– (la primera fue el 1 de diciembre de 2017 y la última, el pasado 1 de julio). Dos piezas siguen en fase de instrucción: la relativa a la gestión de varios colegios gestionados por Alfedel y los hechos referentes al blanqueo de capitales. Otra, la correspondiente al urbanismo de Valdemoro, está pendiente de pasar a la fase de juicio tras cerrarse la instrucción, según fuentes del caso. Y otras tres están pendientes de que se fije la fecha de la vista oral.
Una de las que aguardan a la celebración del juicio es la relativa a la financiación irregular del PP madrileño a cambio de la adjudicación a empresarios de contratos públicos. Tras figurar inicialmente como investigados, de esta pieza quedaron fuera los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González. Además de Granados, el proceso, cuya instrucción acabó el 25 de enero de 2022, se dirige entre otras personas contra el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.
'Caso Lezo': sin un juicio celebrado nueve años después
El día 15 de julio de 2016, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional abrió diligencias como consecuencia de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Desde el 11 de mayo de 2017, se han llegado a abrir hasta ocho piezas separadas (en dos de ellas, la de la financiación irregular del PP madrileño y la relativa a Mercasa, se ha inhibido a favor de otros casos), pero todavía no se ha celebrado ningún juicio. Ignacio González figura como uno de los principales imputados de la causa, que investiga el presunto pago de mordidas a través de la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II.
Hay tres juicios fijados, que coinciden con las principales piezas. Son las relativas a la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa por el Canal con un sobreprecio cercano a los 30 millones de euros (la vista será del 7 de septiembre de 2026 al 10 de octubre de 2026); la que se refiere a la adquisición de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal (del 12 de enero de 2027 al 4 de febrero de 2027); y la que versa sobre la adjudicación y gestión del campo de golf del Canal Isabel II (fijado para septiembre de 2027). González se sentará en el banquillo por el primero y el tercero.
Otras dos piezas están pendientes de que se fije la fecha del juicio: la relativa a la adjudicación en 2007 del proyecto de cercanías Móstoles-Navalcarnero (en la que también está procesado González) y otra relativa al blanqueo de capitales. Por último, la instrucción de la pieza sobre el presunto pago de mordidas de directivos de OHL a funcionarios públicos para obtener adjudicaciones está finalizada. Según la compañía, en dicho auto, que cierra la instrucción y que abre la fase de juicio oral, "no se dirigen actuaciones frente a la sociedad dominante".
'Operación Kitchen': casi cinco años de espera para el juicio
El 7 de noviembre de 2018, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Manuel García Castellón, abrió la llamada pieza siete en el marco del caso Tándem a instancias de la Fiscalía. Es la conocida Operación Kitchen, la presunta trama de espionaje urdida en el seno del Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy para arrebatar pruebas comprometedoras para el PP tras el estallido de los papeles de Bárcenas.
El 21 de julio de 2021, el juez procesó al exministro Jorge Fernández Díaz y su cúpula por el espionaje a Bárcenas y archivó la causa contra María Dolores de Cospedal, la ex secretaria general del PP. No obstante, el auto de apertura del juicio oral no se dictó hasta el 13 de octubre de 2023. El juicio comenzó el pasado mes de abril y está previsto que termine a lo largo de este mes.
En un reciente auto, el juez Antonio Piña ha acordado, en el marco de la pieza 34 de esta causa, requerir a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que "identifique si entre el material incautado" a Villarejo hay grabaciones "con contenido que pueda aportar indicios de criminalidad en las conversaciones sostenidas" por el comisario jubilado "con la Sra. Cospedal o el Sr. López", en referencia a su exmarido, Ignacio López del Hierro. En ellas se evidencia que la exdirigente popular conocía la Operación Kitchen y apunta a Rajoy.
En cuanto a la macrocausa de la que dimana esta pieza, el conocido como caso Villarejo, la investigación judicial comenzó el 26 de octubre de 2017. Dividida en al menos 47 piezas, hasta la fecha, la Sección 4 Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado nueve sentencias, que corresponden a 11 piezas. La primera (24 de julio de 2023), correspondiente a las piezas Iron-Land-Pintor, acabó con la condena a Villarejo a 13 años de prisión. En la última, el pasado 5 de mayo, el excomisario ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por el robo del móvil a Dina Bouselham en noviembre de 2015, que por entonces era asesora del ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
Caso del novio de Ayuso: a la espera del juicio tras 10 meses
El 22 de marzo de 2024, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid abrió causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y servirse para ello de una trama de facturas falsas.
La instrucción finalizó el 29 de mayo de 2025, apenas unos días antes de que el Tribunal Supremo dejara al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a un paso del banquillo. El motivo bebía de la investigación a la pareja de la expresidenta madrileña: la emisión de una nota de prensa con la que quiso desmentir el bulo de que era la Fiscalía la que pedía un pacto al novio de Ayuso y que después por órdenes de arriba lo tumbó.
El pasado 22 de septiembre, la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, abrió juicio oral contra el empresario. Casi diez meses después, la causa está a la espera de que se fije la fecha de la vista oral (se prevé que sea después de las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027). Amador será juzgado por dos delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.
Por otro lado, el 23 de octubre de 2024, este mismo juzgado abrió una pieza separada para investigar la relación de González Amador con el Grupo Quirón. La causa, "paralizada" –según denuncian las acusaciones populares– versa sobre el presunto soborno de la pareja de Ayuso a un directivo del Grupo Quirón en el contexto de la comisión de dos millones de euros obtenidos por la intermediación en la compraventa de mascarillas durante la pandemia.
'Caso Montoro': más de ocho años de instrucción
La presunta trama de favores fiscales a empresas, sobre todo gasísticas, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda con Mariano Rajoy, comenzó a investigarse por el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona el 2 de junio de 2018. Sin embargo, no se supo de su existencia hasta el 19 de junio de 2025, cuando se levantó el secreto de sumario.
El pasado mes de enero, el juez Rubén Rus acordó ampliar la investigación hasta el 26 de julio de este año, sin perjuicio de que haya nuevas prórrogas, a la espera de recibir nueva documentación solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, como las "hojas registrales completas, memorias y las cuentas anuales entre 2008 y 2025" de Equipo Económico, el despacho protagonista de la presunta trama, y de las sociedades Global Afteli SL, la actual propietaria de Equipo Económico, y de Montoro y Asociados.
Hasta aquí las causas del Partido Popular, en la tercera parte, para terminar, veremos las causas del Partido Socialista Obrero Español y otras causas.
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