En España la Justicia no es igual para todos: por tanto, es injusta. Idea asentada en una creciente mayoría de españoles forjada en la percepción que adquieren a través de la ejecutoria que observan en la instrucción de sumarios, su rapidez o lentitud, y la valoración que realizan sobre el sesgo político y el carácter justo o injusto de las sentencias que dictan sus principales actores. Jueces que tienen la piel tan fina que no soportan la crítica a sus instrucciones, resoluciones y sentencias, como atestiguan los comunicados de las Asociaciones profesionales conservadoras, cada vez que un ciudadano o político con renombre se atreve a criticarles públicamente por sus actuaciones, confirmando la defensa acérrima de su coto privado de poder, aunque suponga negar el derecho constitucional a la libertad de expresión, y olvidar el principio que debe inspirar su tarea de servicio público a la sociedad: aplicar la Ley a todas las personas por igual, sean quienes sean y vengan de donde vengan.
La vulneración de estos principios por una casta minoritaria de jueces, instalados en los más altos tribunales judiciales, es la causa de la creciente quiebra de la confianza en la Justicia, y el aumento de la sensación de que la justicia es injusta con quienes no pertenecen a las clases privilegiadas o son políticos con poder. Así lo atestiguan numerosos estudios e informes como el de la Fundación Sistema (2025) donde se apunta que la causa de la creciente desconfianza se genera porque parte de ella (la Justicia) en lugar de ser y actuar como un árbitro neutral, actúa y se comporta como un actor político más, saltándose la legalidad constitucional. Tendencia que empezó a acentuarse en 2024 según la encuesta realizada por Simple Lógica, que situaba en un 60% el porcentaje de ciudadanos que desconfiaba de los jueces por utilizar la justicia con fines políticos. En 2025 el informe publicado por Funcas (Centro de análisis de la realidad social) alertaba del desplome de la confianza en la justicia por el crecimiento, entre 2024 y 2025, de un 10% de ciudadanos que no cree en los tribunales, tras el aumento del 8% en 2023.
Datos que deberían ser la principal preocupación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en lugar de sacar comunicados continuos criticando de injerencias externas, las críticas, a la labor de determinados Jueces y Magistrados, que son los principales causantes de la imagen degradada de la Justicia y el creciente desapego a su labor por parte de la ciudadanía. Órgano que debería poner coto a los desmanes y persecuciones de los jueces instructores—como Peinado, García Castejón, Hurtado, etc.— que subvierten o han subvertido en sus instrucciones sumariales el principio básico de que es el juez quien debe presentar pruebas que justifiquen la culpabilidad del acusado, sobre el que debe primar siempre la presunción de inocencia: in dubio pro reo.
Sumarios prospectivos basados en presunciones sin pruebas, que desprecian el testimonio de testigos que desmontan la teoría previa del Juez instructor, como el caso Kitchen, en el que juez García Castejón decidió no incluir en el sumario, para el asombro ciudadano, las conversaciones grabadas a implicados clave para salvar a M. Rajoy y Cospedal de ser procesados. Veremos ahora si la juez Teresa Palacios, que preside el Tribunal, decide o no abrir una pieza separada por el presunto perjurio cometido por ambos interfectos. En el caso de García Ortiz, el instructor Ángel Hurtado y el Tribunal sentenciador, no quisieron tener en cuenta las declaraciones de cuatro periodistas que confirmaron que fueron ellos, y no el Fiscal, quienes difundieron el correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso, González Amador, solicitaba un pacto a Hacienda. Base de la sentencia condenaría al Fiscal General sin ninguna prueba que la avale.
La lista de irregularidades cometidas por Jueces y Magistrados es larga. Referiré solo dos. El juez Peinado, que durante dos años ha estado buscando petróleo en la vida profesional y personal de Begoña Gómez, hasta elaborar un sumario con cuatro acusaciones basadas en presunciones alocadas sin ninguna prueba que las avale. O el caso del juez David Maman, que debe juzgar al ex DAO de la Policía Nacional denunciado por abuso sexual a una subordinada, que no se ha cortado en mostrar su pensamiento machista en una conferencia para abogados donde afirmó que las mujeres tienen ventajas en los tribunales, van a la caza de la orden de protección, son enemigas de la custodia compartida y lavan el coco a sus hijos para separarles del padre.
¿Cómo es posible que este individuo presida un Tribunal de Violencia de Género? ¿Cómo es posible que el CGPJ no sancione a los jueces que se eternizan en la instrucción de sumarios? La Justicia lenta hasta la náusea por la deliberación sesgada políticamente de un Juez o por su inoperancia, es menos justicia (caso Montoro). Refugiarse en el desconocimiento del proceso judicial por el ciudadano para ocultar sus privilegios y errores judiciales, y la falta de sanciones ejemplares a los jueces que incumplen su función o la devalúan por un interés espurio, es lo que degrada la Justicia a ojos de la ciudadanía, y por lo que debe preocuparse los miembros el CGPJ, en lugar de estar todo el día a la greña para colocar a los jueces de mi cuerda en puestos clave de la administración de Justicia. Entre tanto: ¡al ciudadano que le zurzan!