En el salón de actos del Ministerio de Trabajo, en un acto dirigido por la periodista Pilar Velasco, la escena tenía una fuerte carga simbólica. El presidente del Gobierno acudía a firmar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en la sede laboral. No era solo una rúbrica más: era la octava desde 2018 y consolidaba un incremento acumulado del 66%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Es decir, 17.094 euros anuales.
Velasco fue contundente al afirmar que "el salario mínimo interprofesional, lo decimos siempre desde los medios, es más que una cifra: es una herramienta para combatir la desigualdad, fortalecer la cohesión social y garantizar el crecimiento económico. El acuerdo que hoy se firma es el vigesimosexto alcanzado por la vicepresidenta segunda en el marco del diálogo social; 26 acuerdos que apuestan por ese entendimiento como herramienta de transformación con la prioridad puesta en los trabajadores y trabajadoras".
“El trabajo debe permitir vivir con dignidad”, afirmó el presidente Pedro Sánchez, en un acto que reunió a buena parte del Ejecutivo y a los líderes sindicales. La ausencia de la patronal fue, en sí misma, un mensaje político.
Yolanda Díaz y el cambio de paradigma del salario mínimo
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reivindicó el carácter estructural de la medida. “No firmamos una cifra; firmamos un compromiso renovado con el país que trabaja y no con el país que vive de rentas”, subrayó.
Desde 2018, el SMI ha pasado de 736 a 1.221 euros. El Gobierno estima que 2,47 millones de trabajadores se benefician directamente, dos tercios de ellos mujeres y una proporción significativa jóvenes y empleados del sector servicios y agrícola.
Díaz defendió que España se ha convertido en un “laboratorio práctico” que desmiente los dogmas tradicionales: “Se decía que subir el salario mínimo destruiría empleo. Hoy sabemos que lo que destruye es pobreza”. Recordó que el país supera los 22,5 millones de ocupados, con cifras récord de afiliación.
La ministra fue más allá al cuestionar los consensos neoliberales de décadas anteriores: abaratar el despido, contener salarios y competir en costes bajos. “Esta sí que es libertad, la de verdad, la de la gente que puede vivir un poquito mejor”, afirmó en referencia a los trabajadores con sueldos más bajos.
Los sindicatos, una “historia de éxito”
Para Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, la subida del SMI ha tenido un efecto ideológico tan relevante como económico. “Si hace siete años hubiéramos preguntado a cualquier economista mainstream qué pasaría con una subida del 65%, nos habrían dicho que el desempleo se dispararía. Todos esos relatos se han venido estrepitosamente abajo”.
Sordo destacó que el salario mínimo ha contribuido a reducir la brecha salarial de género hasta en un 20%, aunque advirtió de un estancamiento reciente ligado a la parcialidad y al peso de los cuidados no remunerados.
Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de Unión General de Trabajadores, puso el foco en la comparación europea y en la negociación colectiva. Recordó que el SMI español aún está lejos de referencias como Francia o Alemania y defendió que la aspiración sindical es que cada vez menos personas dependan del salario mínimo porque los convenios mejoren los sueldos intermedios.
“Hay que repartir la riqueza que se está generando en nuestro país”, afirmó, en un mensaje directo a la patronal ausente.
Absorción y compensación: el detalle técnico con impacto real
Más allá de la cifra, uno de los elementos centrales del acuerdo es la clarificación de las reglas de absorción y compensación salarial, tras pronunciamientos del Tribunal Supremo. El objetivo es impedir que las empresas neutralicen la subida del SMI reduciendo complementos como pluses de peligrosidad o antigüedad.
Díaz lo explicó con un ejemplo directo: “No se puede anular un plus de toxicidad porque suba el salario mínimo. Eso se ha acabado”. Los sindicatos consideran este punto clave para que el incremento sea efectivo en la nómina final.
Patronal ausente
La ausencia de la patronal marcó buena parte de las intervenciones. Sánchez lanzó una pregunta retórica: “¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza máximos históricos y los beneficios empresariales baten récord?”.
El presidente defendió que el crecimiento macroeconómico debe traducirse en salarios más altos. “Subir el salario mínimo no es un capricho. Es justicia social y también inteligencia económica”, afirmó.
El mensaje político fue nítido: el Gobierno quiere trasladar la presión a las mesas de negociación colectiva para que los salarios medios y medios-bajos (entre diez y once millones de trabajadores, según los sindicatos) recuperen poder adquisitivo.
El debate trasciende la cifra concreta de 1.221 euros. Lo que se dirime es el modelo productivo, si España debe competir en costes bajos o en productividad y valor añadido.
Desde el Ejecutivo se reivindica que la economía española vive una paradoja inédita: creación intensa de empleo, aumento del salario mínimo y crecimiento económico simultáneos. Un escenario que contradice la ortodoxia que vinculaba aumentos salariales con destrucción de puestos de trabajo.
Sin embargo, los propios sindicatos advierten de tensiones emergentes: mientras suben los salarios más bajos por impulso del SMI y los más altos por dinámica de mercado, los salarios intermedios muestran señales de estancamiento real. Esa “bolsa de descontento” puede convertirse en el próximo campo de batalla social.
La firma de la octava subida del SMI no es solo un hito cuantitativo. Es la consolidación de una estrategia política: utilizar el salario mínimo como palanca de redistribución y como símbolo de un cambio de rumbo respecto a la década posterior a la crisis financiera.
“España avanza cuando sus trabajadores y trabajadoras avanzan, y no vamos a pedir permiso para seguir haciéndolo”, concluyó Sánchez.