Cada nuevo asesinato machista representa un fracaso colectivo. La confirmación por parte del Ministerio de Igualdad del crimen de una mujer de 34 años en la provincia de Barcelona eleva a 32 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026 y deja a dos menores huérfanos. Desde que comenzaron a contabilizarse estos asesinatos en 2003, 1.373 mujeres han perdido la vida como consecuencia de una violencia que continúa atentando contra los derechos fundamentales y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La víctima no había presentado denuncias previas contra el presunto agresor, una circunstancia que vuelve a repetirse con demasiada frecuencia. El propio Comité de Crisis convocado por el Ministerio de Igualdad tras el repunte de asesinatos registrado durante junio y julio constató que solo uno de los nueve feminicidios analizados contaba con una denuncia anterior. Esa realidad obliga a ampliar la mirada. La protección no puede descansar exclusivamente sobre la capacidad de una mujer para denunciar cuando el miedo, la dependencia económica, la existencia de hijos o el control ejercido por el agresor limitan gravemente su libertad de actuación.
La violencia machista no surge de episodios aislados ni de conflictos privados. Responde a una estructura de dominación que busca controlar la vida, las decisiones y la autonomía de las mujeres. Por esa razón, combatirla exige una política pública sostenida en el tiempo, con recursos suficientes para la prevención, la educación en igualdad, la protección policial y judicial, la atención psicológica y el acompañamiento social. Ninguna de esas herramientas resulta prescindible cuando el objetivo consiste en evitar que la violencia desemboque en el asesinato.
Los datos recuerdan que el riesgo permanece incluso cuando las instituciones no tienen conocimiento previo de la situación. Esa circunstancia convierte al entorno familiar, educativo, sanitario y laboral en una pieza esencial para detectar señales de alarma y activar los mecanismos de protección antes de que sea demasiado tarde. La lucha contra la violencia de género no corresponde únicamente a los poderes públicos; constituye una responsabilidad compartida por toda la sociedad.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han reiterado su condena y han insistido en la necesidad de redoblar todos los esfuerzos institucionales para evitar nuevas muertes. Ese llamamiento adquiere especial relevancia en un verano especialmente trágico, marcado por un incremento de los feminicidios que ha llevado al Ministerio a revisar protocolos y reforzar el análisis de los casos más recientes.
Cada mujer asesinada representa una vida truncada, una familia devastada y una democracia interpelada por su capacidad para garantizar la libertad y la seguridad de la mitad de la población. La respuesta no puede limitarse a la condena pública tras cada crimen. Debe traducirse en instituciones más eficaces, recursos suficientes y una implicación social que rompa el silencio que todavía rodea demasiadas situaciones de violencia. Solo así será posible reducir una cifra que continúa recordando, con una crudeza insoportable, que la igualdad legal aún no ha conseguido erradicar una de las formas más graves de violencia contra las mujeres.
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