El empresario Víctor de Aldama, figura clave en la trama de corrupción conocida como ‘caso Koldo’, ha lanzado graves acusaciones de fraude electoral contra el PSOE en una entrevista concedida este sábado al programa ‘Herrera en COPE’, dirigida por Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De Aldama, que se encuentra en libertad provisional desde noviembre de 2024 tras colaborar con la justicia en el caso que investiga el impago de impuestos en la trama conocida como de "hidrocarburos", afirmó que se produjo un “fraude electoral” en las elecciones generales, aunque no especificó en qué convocatoria electoral se habrían dado estas presuntas irregularidades.
“Y quizás alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaños de papeletas o de otra serie de cosas. Como también hablaban ellos de las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora”, declaró el empresario, según recoge la cadena COPE.
Cuando se le preguntó directamente si se refería a fraude electoral, De Aldama confirmó: “Sí, abiertamente. Fraude electoral en unas elecciones en España”, según informan varios medios como OK Diario y La Razón.
El papel real de Indra en las elecciones
Las acusaciones de De Aldama se dirigen específicamente contra la empresa tecnológica Indra, responsable de la transmisión telemática de datos electorales en España.
Sin embargo, estas afirmaciones, que no son la primera vez que se plantean, han obtenido distintas contestaciones, sobre todo señalando que Indra no se encarga del recuento de votos.
Según explica Maldita.es, “el recuento de votos lo realizan manualmente los miembros de las mesas electorales” y “Indra solo transmite los datos provisionales desde las mesas hasta el centro de datos electorales”. La Junta Electoral Central ha confirmado en reiteradas ocasiones que “Indra no recuenta jamás” y que “no hay ninguna posibilidad de que haya fraude”.
El proceso electoral español funciona de manera que el presidente de la mesa extrae uno a uno los sobres de la urna y lee en voz alta la candidatura votada, mostrando la papeleta a vocales, interventores y apoderados. Los resultados definitivos se confirman cinco días después mediante escrutinio general por la Junta Electoral Provincial.
Financiación ilegal y otros señalamientos
Además de las acusaciones de fraude electoral, De Aldama también habló de presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez. El empresario aseguró haber escuchado a José Luis Ábalos y Koldo García decir que 10 millones de euros del rescate de la aerolínea Plus Ultra habrían ido destinados a financiar la Internacional Socialista.
“Yo escuché tanto a Ábalos como a Koldo decir que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. Si ocurrió o no, no lo sé, pero es algo que dijeron ellos dos cuando salieron del Ministerio”, afirmó según La Razón.
Reacciones políticas inmediatas
El PSOE calificó inmediatamente las declaraciones como “mentiras absolutas” y anunció acciones legales contra De Aldama por difamación y calumnias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había referido anteriormente a Aldama como un “personaje” y había declarado que “todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso”, añadiendo que “las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva… me merecen el crédito que tiene: ninguno”.
Indra negó rotundamente cualquier implicación en fraudes electorales, recordando que su rol se limita a la transmisión telemática de datos proporcionados por las mesas electorales, sin acceso al recuento real de votos
Ausencia de pruebas y contexto de desinformación
Las graves acusaciones de De Aldama no han venido acompañadas de pruebas documentales o testimoniales que las sustenten. El empresario se ha limitado a hacer referencia a supuestas conversaciones que habría escuchado entre otros investigados.
Casos de fraude electoral documentados y sentenciados en España
España ha registrado múltiples casos de fraude electoral confirmados por sentencias firmes de los tribunales, especialmente relacionados con el voto por correo y la compra de votos. Los datos oficiales revelan que las sentencias por delitos electorales se triplicaron entre 2011 y 2017, pasando de 68 a 196 condenas anuales.
Casos más destacados con sentencias firmes
- Caso Melilla 2008: Compra de votos por correo
El Tribunal Supremo confirmó en 2021 las condenas de dos años de prisión al presidente de Coalición por Melilla, Mustafá Aberchán, y al exsecretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz Pérez, por delito de falsedad y dos delitos electorales en las elecciones generales al Senado de 2008. El sistema fraudulento funcionaba aprovechando las ventajas del voto por correo: una vez que el votante solicitaba la certificación en Correos, el sobre electoral era entregado a terceras personas que elegían la opción política correspondiente. La sentencia condenó a 17 personas en total, con multas e inhabilitación para otras 16 personas.
La trama prometía contratos en planes de empleo a cambio del voto, dirigiéndose especialmente a ciudadanos en situación desfavorecida. Este caso estableció un precedente importante sobre la manipulación del voto por correo.
Caso Gürtel: Financiación electoral ilegal del PP
El Tribunal Supremo confirmó múltiples condenas relacionadas con la financiación ilegal de campañas electorales del Partido Popular a través de la trama Gürtel:
- Primera época (1999-2005): Confirmó condenas de hasta 51 años de prisión para 29 acusados, incluyendo a Francisco Correa (51 años) y Luis Bárcenas (33 años)
- Financiación ilegal en Valencia: 18 condenados por financiar ilegalmente las campañas de 2007 y 2008, con penas de 4 meses a 6 años y 9 meses
- Boadilla del Monte: El PP condenado a pagar 204.198 euros por beneficiarse de la trama
El PP fue condenado como “partícipe a título lucrativo” en tres sentencias diferentes, confirmando que se benefició económicamente de contratos públicos fraudulentos para financiar sus campañas.
Casos en investigación con indicios sólidos
- Albaida del Aljarafe (Sevilla): 2019: La Guardia Civil ha documentado un patrón sistemático de compra de votos en las elecciones municipales de 2019. Los investigadores identificaron:
- Más de 350 solicitudes de voto por correo en un municipio de 2.300 habitantes (15% del censo, frente al 3% nacional)
- 47 solicitudes con caligrafía idéntica presuntamente de una concejal del PSOE
- 182 solicitudes con rectificaciones en las fechas
- Testimonios de ofertas de empleo a cambio del voto
- La Audiencia de Zamora ha ordenado por segunda vez reabrir la investigación tras considerar que existen “suficientes indicios de la comisión de un posible fraude electoral”.
- Mojácar (Almería): 2023: Siete personas detenidas por una trama que ofrecía entre 100 y 250 euros por cada voto postal. La investigación reveló:
- 17% de voto por correo frente al 3% nacional
- Captación dirigida a ciudadanos extranjeros con escasos recursos
- Dos candidatos del PSOE entre los detenidos
- Promesas de contratos de trabajo, además del pago en efectivo
- Caso MAPAU: Captación de votos en Sudamérica (1999)
El caso MAPAU (también conocido como “caso Formentera”) fue la primera causa de corrupción que salpicó al expresidente de Baleares Jaume Matas en 1999. Se trató de una trama de captación fraudulenta de votos de emigrantes españoles en Argentina para inclinar las elecciones autonómicas de Baleares.
El sistema fraudulento: El gobierno de Matas pagó con fondos públicos a cuatro personas que se dedicaron exclusivamente a captar votos en Sudamérica. La operación funcionaba de la siguiente manera:
• Agentes electorales del PP viajaron a Argentina y Uruguay para preparar el censo y captar votos de emigrantes
• Se prometían beneficios como la construcción de una residencia en Formentera a cambio del voto
• Los agentes declararon por escrito que “el voto a favor del PP está absolutamente garantizado” y hablaban de una “operación de captación de votos” para conseguir “una bolsa de 12.000 votos para el PP”
Impacto específico en Formentera: El fraude se dirigió especialmente a la isla de Formentera, cuyos 5.000 votantes eligen un único diputado que suele ser determinante para la mayoría del Parlamento balear. Se detectaron 74 votos por correo sospechosos enviados desde Argentina, todos dirigidos a la candidatura auspiciada por el PP bajo las siglas AIPF (Agrupación Independiente Popular de Formentera). Los 72 ciudadanos que ejercieron el voto postal desde Santa Fe (Argentina) eran desconocidos y no tenían vínculos reales con la isla.
Sentencias y condenas: El Tribunal Supremo confirmó las condenas impuestas por la Audiencia de Baleares a tres funcionarios del gobierno de Matas:
• Juan Fortuny: 2 años de prisión
• Rosa Grijalba: 1 año y 10 meses de prisión
• Ángel Gallego: 1 año y 8 meses de prisión
• Multa de 10.800 euros para los tres
El delito fue falsedad en documento oficial, por haber articulado la contratación fraudulenta de Maria de la Pau Segura como supuesta traductora cuando en realidad era una agente electoral del PP dedicada a captar votos en Argentina.
Exoneración de los máximos responsables: Jaume Matas no llegó a ser imputado por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. La causa global fue archivada respecto a los máximos responsables políticos, juzgándose únicamente a funcionarios de menor rango. El fiscal Julio Cano lamentó que no se hubiera juzgado a los supuestos protagonistas que idearon el asunto: “Los peces gordos están en el mar”, afirmó, señalando que se juzgó solo a los “peces chicos”.
Documentación probatoria: La operación quedó documentada en informes oficiales. Los papeles incautados incluían:
• Cuatro informes de asesores que detallaban la “operación de captación de votos”
• Un escrito del propio Matas
• La agenda de la secretaria de Matas con reflejos del entramado
• Documentos con el logotipo del gobierno balear detallando las casas baleares en Argentina utilizadas para la operación
Contexto político: El caso se descubrió poco antes de las elecciones autonómicas de 1999. Aunque la trama consiguió los 74 votos fraudulentos, no fue suficiente para ganar Formentera, que perdió el PP por 400 votos de diferencia. El impacto del escándalo contribuyó a que por primera vez la oposición progresista conquistara el gobierno autonómico balear.
Significación jurídica: El caso MAPAU estableció un precedente importante sobre el uso fraudulento de fondos públicos para campañas electorales, la manipulación del voto de emigrantes mediante promesas falsas, la contratación encubierta de agentes electorales con dinero público.
El fiscal calificó el caso como “uno de los casos más graves de corrupción de Baleares”, aunque las condenas finales se limitaron a funcionarios de rango medio por falsedad documental, al no poder probarse la responsabilidad penal de los máximos dirigentes políticos que diseñaron la operación.
Estadísticas oficiales de delitos electorales
Los datos del Ministerio del Interior muestran la evolución de los delitos electorales:
- 2019: 65 infracciones penales contra la legislación electoral en toda España
- Andalucía lideró con 15 delitos, seguida de Canarias (10) y Castilla y León (7)
- Entre 2011 y 2017: Se dictaron 588 sentencias por delitos electorales, casi triplicándose las condenas
- Barcelona concentró el 65% de las sentencias durante este período
Tipología de delitos electorales documentados: La Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) establece las siguientes penas:
- Compra de votos: De 6 meses a 3 años de prisión y multa de 12 a 24 meses
- Falsificación en voto por correo: Hasta 3 años de cárcel
- Manipulación del procedimiento electoral: De 3 a 7 años de prisión
- Violencia o intimidación a votantes: De 6 meses a 3 años de prisión
Patrones comunes identificados: Los casos documentados revelan patrones sistemáticos:
- Utilización de trabajadores públicos vinculados a partidos para captar votantes vulnerables
- Promesas de empleos públicos a cambio del sufragio
- Manipulación de trámites en oficinas de Correos
- Dirigirse a poblaciones en situación de vulnerabilidad económica o social
- Uso de listas censales para identificar objetivos potenciales
Casos históricos con condenas menores
El Tribunal Supremo también ha confirmado sanciones menores por infracciones electorales, como por ejemplo la impuesta al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una multa de 2.200 euros confirmada por infringir el deber de neutralidad en período electoral durante una rueda de prensa en 2023.