UGT Madrid y Más Madrid han mantenido este martes una reunión para abordar una nueva propuesta de reforma fiscal en la Comunidad de Madrid centrada en reforzar los ingresos públicos y avanzar hacia una fiscalidad más justa y progresiva.
La reunión, encabezada por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, junto a diputados y miembros del área económica de Más Madrid y los responsables de Relaciones Institucionales, Políticas Sociales, Salud Laboral e Igualdad del sindicato, se ha abordado la voluntad de revertir el modelo fiscal impulsado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid basado en bonificaciones y rebajas fiscales que benefician principalmente a grandes patrimonios y rentas altas, debilitando la capacidad recaudatoria de la Comunidad de Madrid y aumentando la desigualdad.
Entre las principales medidas planteadas figuran la creación de nuevos tramos del IRPF para rentas superiores a 120.000 y 175.000 euros, la eliminación de determinadas deducciones fiscales y la supresión de la Ley Mbappé. Asimismo, la propuesta contempla recuperar la tributación efectiva en el Impuesto sobre el Patrimonio para grandes fortunas y modificar las bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en función del volumen de las herencias.
El encuentro con UGT Madrid es el primero de una ronda de reuniones que Más Madrid va a desarrollar durante los próximos meses con organizaciones sindicales, entidades del diálogo social y organizaciones especializadas en fiscalidad y justicia social.
El sindicato se hace eco de la denuncia ante la CNMC de la operación que, según las familias afectadas y su abogado, busca sortear sus derechos de compra y perpetuar un negocio especulativo con viviendas públicas
El abogado explicó que el caso se remonta a hace más de una década, cuando varias familias acudieron a su despacho tras conocer que sus viviendas públicas habían sido vendidas a un fondo especulativo. “No les habían notificado” la venta, subrayó.
Desde entonces, relató, se han abierto vías penales, contables y civiles. Benítez de Lugo recordó que en el Tribunal de Cuentas se llegó a condenar en primera instancia a Ana Botella al pago de 25 millones de euros por el precio de la venta, aunque posteriormente fue absuelta.
El abogado también destacó que obtuvo sentencias favorables en audiencias provinciales que reconocían a varias familias el derecho de adquisición preferente. “Estamos hablando de que lo compraron a unos 60.000 o 70.000 euros cada vivienda y luego nos hemos enterado de que las están vendiendo a 300.000 o 400.000 euros”, denunció.