España, medio siglo después de la muerte de Franco, sigue discutiendo si colocar una placa que recuerde las torturas de la dictadura en la antigua Dirección General de Seguridad puede resultar incómodo para la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. Lo denuncian UGT y decenas de colectivos memorialistas tras la suspensión cautelar de la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática.
La escena tiene algo profundamente español, un edificio que fue símbolo del miedo franquista convertido hoy en sede del poder autonómico; víctimas y asociaciones reclamando simplemente memoria; y una parte de las instituciones reaccionando como si recordar el pasado fuese una amenaza.
Porque conviene no olvidar qué fue aquel lugar. En la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, miles de personas fueron detenidas, interrogadas, humilladas y torturadas durante décadas por la policía política franquista. Militantes clandestinos, sindicalistas, estudiantes, opositores, ciudadanos anónimos. Gente que luchaba precisamente por las libertades democráticas que hoy permiten existir a las propias instituciones que ahora rechazan esa memoria.
Por eso el comunicado de los colectivos memorialistas contiene una pregunta devastadora por su sencillez: “¿Qué hay menos adverso para cualquier demócrata que reconocer y valorar la lucha por la democracia en nuestro país?”
La pregunta deja al descubierto la enorme contradicción política y moral que atraviesa este debate.
Porque nadie plantea convertir la Real Casa de Correos en un mausoleo ni alterar su función institucional. Lo que se reclama es algo muchísimo más elemental: una contextualización histórica mínima. Una placa. Una explicación. Un reconocimiento público a quienes sufrieron allí la violencia del Estado franquista. Y, sin embargo, incluso eso sigue generando resistencia.
Los colectivos memorialistas recuerdan además una evidencia para el relato de la Comunidad de Madrid: la fachada del edificio ya alberga otras placas conmemorativas. Hay homenajes a las víctimas del Covid, a las del 11-M y a los héroes del 2 de mayo. Ninguna de ellas, señalan, ha provocado jamás ningún “efecto adverso” sobre la imagen institucional madrileña.
La diferencia aparece únicamente cuando las víctimas pertenecen al franquismo. Ahí empieza el problema político. Y también la batalla cultural sobre la memoria democrática.
Porque una parte de la derecha española sigue observando cualquier intento de señalizar la represión franquista como si fuese una agresión ideológica y no una obligación democrática básica. Como si recordar a las víctimas debilitara a las instituciones, cuando en realidad ocurre exactamente lo contrario: lo que degrada una democracia es la necesidad permanente de ocultar aquello que la avergüenza.
Por eso el texto difundido por UGT y las asociaciones memorialistas no habla solo del pasado. Habla también del presente. Habla de qué tipo de democracia quiere ser España cincuenta años después de Franco. Una democracia suficientemente madura como para asumir su historia y honrar a quienes lucharon contra la dictadura. O una democracia todavía atrapada en esa vieja incomodidad española que convierte la memoria en un conflicto y la verdad en una amenaza.