Sumar ha registrado en el Congreso una reforma de la Ley de Memoria Democrática para que se reconozca como víctimas a las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, también en el periodo comprendido entre 1978 y 1985, cuando la institución seguía operativa pese a la consolidación constitucional. La iniciativa busca cerrar un vacío legal que deja fuera de reparación a quienes sufrieron prácticas coercitivas ya en democracia.
La formación ha presentado una enmienda en el marco de la tramitación de una proposición de ley del PSOE sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Aprovechando esa vía legislativa, plantea introducir una nueva disposición final en la Ley de Memoria Democrática para otorgar el estatus de víctimas a las jóvenes que fueron internadas, privadas de libertad o sometidas a prácticas “vejatorias, coercitivas o represivas” por el Patronato.
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, especifica que el reconocimiento se extendería incluso a los casos producidos tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y hasta la disolución del organismo en 1985, bajo la premisa de que dichas actuaciones constituyeron una continuidad material de dinámicas represivas del franquismo.
La actual Ley de Memoria Democrática delimita el concepto de víctima a las violaciones de derechos cometidas entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución. Aunque el texto incorpora una enumeración abierta de víctimas, mantiene ese marco temporal como referencia central.
Sumar sostiene que la pervivencia del Patronato más allá de 1978 generó situaciones de privación de libertad y control institucional sobre mujeres y menores que, por producirse ya en periodo constitucional, han quedado fuera de los mecanismos de reconocimiento y reparación.
El argumento jurídico se apoya en la propia ley vigente, que reconoce que entre 1978 y 1983 pudieron producirse vulneraciones vinculadas al proceso de consolidación democrática y prevé un estudio específico sobre ese tramo.
La propuesta del grupo plurinacional plantea una extensión acotada y circunscrita a una institución concreta, evitando una ampliación general del concepto de represión franquista. El reconocimiento quedaría condicionado a la acreditación de esa continuidad represiva.
El Patronato de Protección a la Mujer, creado durante la dictadura, mantuvo durante décadas un sistema de control y reclusión de jóvenes consideradas “en riesgo moral”. Su desaparición no llegó hasta 1985, siete años después de la aprobación de la Constitución.
La iniciativa abre ahora un debate jurídico y político sobre los límites temporales de la memoria democrática y sobre la responsabilidad institucional en los primeros años de la transición.