Esperar más de una semana para conseguir cita con el médico de familia se ha convertido en una experiencia habitual para una parte importante de los usuarios de la sanidad pública, pero esa demora sigue sin formar parte del sistema estatal de listas de espera en las mismas condiciones que una operación, una consulta con el especialista o una prueba diagnóstica. Sanidad quiere acabar con esa anomalía y obligar a todas las comunidades autónomas a medir con criterios comunes cuánto tarda realmente un paciente en acceder a Atención Primaria.
El Ministerio prepara un nuevo real decreto que sustituirá al vigente desde 2003 y que introducirá por primera vez en el sistema común de información las esperas para medicina de familia, pediatría y enfermería. La reforma pretende además cerrar algunas de las grietas que durante años han dificultado saber cuánto espera realmente un paciente, entre ellas el retraso en su incorporación al registro o la existencia de bolsas de pacientes pendientes que todavía no tienen una cita asignada.
El Real Decreto 605/2003, todavía vigente, regula la información común sobre las listas de espera de atención especializada, pruebas diagnósticas y terapéuticas e intervenciones quirúrgicas, pero no estableció un sistema equivalente para Atención Primaria. Además, obliga a las comunidades a remitir la información al Ministerio con periodicidad semestral.
Más de dos décadas después, Sanidad considera que aquel modelo necesita una actualización que permita seguir el recorrido del paciente con bastante más precisión.
La espera comienza aunque no haya cita
Uno de los principales cambios afecta a una cuestión aparentemente técnica que puede modificar considerablemente la fotografía de las listas de espera: cuándo empieza a contar el reloj.
El proyecto establece que la demora comenzará en la fecha de la indicación facultativa. El paciente podrá ser incorporado materialmente al registro hasta cinco días naturales después, pero ese retraso administrativo no modificará la fecha desde la que se calcula su espera.
Esto significa que la ausencia de un hueco disponible en la agenda ya no podrá impedir que empiece a contabilizarse la demora. La norma pretende así atacar uno de los problemas más difíciles de detectar cuando se comparan las cifras sanitarias. Un paciente puede estar esperando aunque estadísticamente todavía no aparezca como tal.
El proyecto prohibirá expresamente las listas, bolsas o registros paralelos de personas pendientes de una consulta, prueba o intervención al margen del registro oficial. También obligará a informar del número y porcentaje de pacientes que están esperando una consulta especializada o una prueba pero todavía carecen de una cita asignada.
El objetivo es que la estadística deje de depender de cuándo aparece un hueco en una agenda y se acerque más al tiempo que experimenta el paciente desde que el sistema sanitario determina que necesita una determinada atención.
La cuestión ha cobrado especial relevancia después de las controversias sobre la forma de contabilizar las listas en algunas comunidades. El Ministerio pidió recientemente explicaciones a la Comunidad de Madrid después de que una investigación de El País revelara cambios en la prioridad asignada a pacientes de Traumatología del Hospital Ramón y Cajal sin una nueva valoración médica. La Comunidad sostiene sus propios criterios de gestión, mientras Sanidad defiende reforzar los mecanismos comunes de trazabilidad y control.
La Atención Primaria entra por fin en la fotografía
Pero probablemente el cambio que afectará a un mayor número de ciudadanos será la incorporación de Atención Primaria. El nuevo sistema permitirá conocer cuántos días transcurren hasta conseguir una consulta de medicina de familia, pediatría o enfermería, qué porcentaje de pacientes obtiene cita durante los primeros días y cuántos superan los diez días hábiles.
También registrará cuántas personas intentan pedir cita y no la consiguen porque no existen huecos disponibles, la demora de la atención domiciliaria y la continuidad asistencial con el profesional de referencia. Además, distinguirá las citas solicitadas directamente por el paciente de aquellas programadas por los profesionales sanitarios.
Es una información especialmente relevante porque los datos disponibles muestran que el acceso a Atención Primaria se ha deteriorado durante los últimos años. El Barómetro Sanitario de 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el CIS, sitúa en el 21,8% el porcentaje de usuarios que consiguió ser atendido el mismo día o al siguiente de solicitar la consulta. Un 69,8% tuvo que esperar más porque no había disponibilidad. Entre estos últimos, la demora media fue de 9,15 días.
La comparación histórica ayuda a dimensionar el problema. En 2018, quienes no conseguían atención inmediata esperaban una media de 4,77 días. En 2019 eran 5,80; en 2022 se alcanzaron los 8,80 y en 2025 la cifra se situó en 9,15 días. En apenas siete años, por tanto, la demora prácticamente se ha duplicado, y las diferencias territoriales son considerables.
Según ese mismo Barómetro, la espera media entre quienes no consiguieron cita inmediata osciló en 2025 desde 4,91 días en País Vasco hasta 11,16 en Andalucía. Galicia registró 8,82 días; Madrid, 9,60; Cataluña, 10,59 y la Comunidad Valenciana, 9,34. El propio informe advierte de que las muestras autonómicas son reducidas en algunos territorios, por lo que esas comparaciones deben interpretarse con prudencia.
Precisamente ahí aparece una de las principales utilidades del futuro real decreto: pasar de encuestas sobre la experiencia de los pacientes a registros administrativos comparables de todo el Sistema Nacional de Salud.
Saber cuánto se espera de verdad
La reforma tampoco se limitará a ofrecer una media. Sanidad quiere introducir percentiles para conocer mejor cómo se distribuyen las demoras y evitar que una cifra promedio esconda a los pacientes que llevan mucho más tiempo esperando. También se ampliará de 15 a 25 el número de procedimientos y procesos quirúrgicos sometidos a seguimiento específico y se compararán los tiempos correspondientes a 15 pruebas diagnósticas y terapéuticas.
El paciente tendrá además acceso a información individualizada sobre su propia situación: cuántos días lleva esperando, cuál es la demora estimada para su proceso en ese centro y qué modificaciones se producen durante la espera.
También se pretende evitar que una derivación a la sanidad concertada haga desaparecer al paciente de las estadísticas antes de tiempo. Quien sea enviado a un centro concertado continuará figurando en el registro hasta que conste que efectivamente ha recibido la asistencia. Si rechaza una alternativa propuesta, conservará la antigüedad correspondiente a la indicación inicial, aunque esa decisión pueda afectar a las garantías de tiempo máximo.
El Ministerio pretende ir todavía un paso más allá y comenzar a medir no solamente consultas aisladas, sino el recorrido completo hasta alcanzar un diagnóstico. La intención es conocer cuánto transcurre desde que se indica la primera consulta hasta que finalmente se determina qué le ocurre al paciente.
Es una diferencia importante. Una persona puede esperar para acceder al médico, volver a esperar para el especialista y enfrentarse posteriormente a otra demora para una prueba diagnóstica. Contabilizar cada episodio aisladamente ofrece información útil, pero no necesariamente refleja cuánto tiempo ha necesitado el sistema para resolver el problema que llevó inicialmente al paciente a pedir ayuda.
Datos trimestrales en lugar de cada seis meses
También aumentará la frecuencia con la que se conocerá la situación. El modelo de 2003 establece que el Ministerio publique la información común cada seis meses, con datos correspondientes al 30 de junio y al 31 de diciembre. El proyecto reducirá esa distancia, la información común se publicará trimestralmente y contará con datos mensuales accesibles en formatos abiertos y anonimizados, con posibilidad de desagregarlos por sexo, edad, prioridad clínica y situación respecto a las garantías de tiempos máximos.
También se reforzarán los controles sobre los datos remitidos por las comunidades para detectar incorporaciones tardías al registro, duplicidades, expedientes incompletos o pacientes que desaparecen de una lista sin que conste que hayan recibido la asistencia correspondiente.
La reforma no reducirá por sí misma las listas de espera ni solucionará la falta de profesionales que afecta a numerosos centros de salud. Medir mejor no equivale a esperar menos. Pero disponer de un sistema homogéneo permitirá conocer algo que resulta imprescindible para abordar el problema. Cuánto espera realmente cada paciente, desde cuándo y en qué punto del sistema sanitario se está produciendo el atasco.
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