En Bruselas, las cumbres europeas suelen girar en torno a la guerra, la energía o la competitividad. Hoy, Pedro Sánchez pretende introducir un asunto más doméstico, aunque no menos estructural: la crisis en el acceso a la vivienda. España ha logrado incluir en la agenda del Consejo Europeo una discusión que, aunque en apariencia local, refleja un desafío sistémico para la Unión: el coste de vivir en Europa.
El movimiento es tanto político como simbólico. En un continente donde la inflación ha devorado los salarios reales, los tipos de interés estrangulan las hipotecas y el turismo digital ha convertido los cascos urbanos en parques temáticos de corto plazo, la vivienda se ha transformado en un nuevo marcador de desigualdad. Sánchez insiste en que esta debe ser “la legislatura de la vivienda” en España, pero el gesto de llevar el debate a Bruselas busca algo más: una europeización del problema y, por extensión, de su solución.
Vivienda, una cuestión europea
Hasta ahora, la política de vivienda había permanecido en los márgenes de la agenda comunitaria, en parte porque el Tratado de Lisboa reserva a los Estados miembros la competencia principal en materia social. Sin embargo, la crisis del alquiler en ciudades como Lisboa, Berlín o Barcelona ha dejado claro que las dinámicas son transnacionales. La combinación de fondos especulativos, plataformas de alquiler turístico y flujos de inversión global ha convertido la vivienda en un activo financiero de escala continental.
España, que ha intentado limitar la subida de los alquileres y restringir el uso turístico de las viviendas, pretende ahora que Bruselas respalde esas políticas con un marco financiero y normativo común. Entre las propuestas que Sánchez lleva al Consejo figuran la creación de instrumentos de inversión europeos para vivienda asequible y la regulación comunitaria del alquiler turístico, un mercado que, según datos de Eurostat, ya absorbe más del 20% del parque inmobiliario en algunos distritos urbanos.
La tesis española es que, sin una implicación europea, cualquier esfuerzo nacional será insuficiente. La libre circulación de capitales (una de las piedras angulares del mercado único) ha permitido que fondos internacionales concentren propiedades en zonas de alta demanda, elevando precios y reduciendo la oferta para residentes locales. Ha llegado el momento en que Europa demuestre que se ocupa de los problemas reales de los ciudadanos.
Transición verde y cohesión social
Sánchez no llega a Bruselas con una sola bandera. Además de la vivienda, defenderá el principio de que competitividad y transición verde deben avanzar “de la mano”, una idea que busca contrarrestar el discurso emergente (especialmente en países del norte) de que la descarbonización está lastrando la economía. A pocas semanas de la cumbre climática COP-30 en Belém, el mensaje de Madrid apunta a consolidar la identidad de Europa como potencia industrial sostenible, pero también como espacio socialmente justo.
En este sentido, el vínculo entre vivienda y transición ecológica no es casual. El sector inmobiliario es responsable de cerca del 36% de las emisiones de CO₂ en la UE. Renovar el parque de viviendas, mejorar su eficiencia energética y facilitar el acceso a hogares asequibles no sólo son medidas sociales: también son instrumentos de política climática. España plantea que los fondos verdes europeos financien proyectos que combinen ambos objetivos, sostenibilidad y asequibilidad, integrando la vivienda en la arquitectura del Green Deal.
En busca de equilibrio
La preocupación por el acceso a la vivienda no es exclusiva del sur. En Alemania, el alquiler medio en las principales ciudades ha aumentado más de un 25% en cinco años; en Irlanda, los precios de compra duplican los ingresos medios de los hogares jóvenes; y en los Países Bajos, la escasez de suelo urbanizable ha disparado el coste del metro cuadrado hasta niveles récord.
La fragmentación del mercado, sin embargo, impide respuestas coordinadas. Mientras algunos Estados miembros promueven la liberalización y la construcción masiva, otros optan por controles de precios y políticas de vivienda pública. La iniciativa de Sánchez podría ser el primer paso hacia una política europea de vivienda, un terreno aún inexplorado en la integración comunitaria.
Pero la propuesta se enfrenta a resistencias. Para los países más ortodoxos en materia fiscal, la idea de financiar vivienda pública a escala europea evoca un riesgo moral: que Bruselas acabe subvencionando los déficits estructurales del sur. Para otros, como Hungría o Polonia, el acceso a la vivienda es un asunto puramente nacional. En un contexto donde el presupuesto comunitario ya soporta tensiones por la guerra en Ucrania y la transición energética, la propuesta española necesitará más que empatía: requerirá un diseño técnico y financiero convincente.
Europa, especulación y promesa
La vivienda no suele figurar entre los temas geoestratégicos. Y, sin embargo, su falta está minando las bases mismas de la cohesión interna que Europa dice defender.
Convertir la vivienda en una prioridad europea es una apuesta política de largo alcance. Si prospera, podría sentar las bases de una nueva dimensión social de la Unión; si fracasa, dejará al descubierto los límites de su ambición integradora. En un continente envejecido y con una generación entera expulsada del mercado inmobiliario, el debate que Sánchez abre no es marginal: es existencial.
Europa lleva décadas construyendo infraestructuras, mercados y alianzas. Tal vez haya llegado el momento de construir, también, hogares.