Este mes de octubre, los juzgados y secciones de violencia contra la mujer han asumido nuevas competencias. Se ocupan de todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea del sexo femenino no sólo los cometidos por la pareja o expareja como hasta ahora. Las nuevas atribuciones están contempladas en la ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y da cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la UE en 2023, que busca prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y aboga por la especialización de los órganos judiciales en este tipo de violencia. El problema reside en que, a pesar del largo periodo transitorio de siete meses para ponerlas en marcha, las nuevas instancias no han logrado dotarse de suficientes recursos humanos. No hay jueces para cubrir las plazas previstas. El ministerio de Justicia asegura que, antes de final de año, se incrementarán esas plazas en un 42%, cantidad que puede llegar al 47% si se aprueba el proyecto de ley para la ampliación y fortalecimiento de las carreras fiscal y judicial.
De momento sólo el Consejo General del Poder Judicial ha tomado decisiones para mitigar el impacto del nuevo sistema. Su comisión permanente ha reforzado 23 juzgados con competencias en materia de violencia contra la mujer a solicitud de los presidentes o las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de siete comunidades autónomas. Eso no supone la creación de nuevas plazas, sino que los refuerzos se establecen con las llamadas “comisiones sin relevación de funciones” que no es otra cosa que los jueces seguirán ejerciendo en sus respectivos juzgados y en su “tiempo libre” colaborarán con las secciones “viogen”. Eso sí, cobrando los correspondientes complementos para los cuales el ministerio de Justicia ha establecido una dotación extraordinaria hasta finales de año. Para entonces se calcula que la cobertura de plazas prometida se habrá podido ejecutar, aunque en muchos decanatos se duda de ello.
Esta ampliación de competencias ha levantado las protestas de los jueces especializados en violencia de género ante el incremento de su carga de trabajo que el CGPJ estima en un 12%. El Gobierno ha respondido a sus reivindicaciones con la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales para reforzar los nuevos órganos judiciales de violencia sobre la mujer. Mientras tanto, el órgano de gobierno de jueces y magistrados ha acordado los refuerzos mencionados en 23 juzgados. Este auxilio durará, en principio, hasta el próximo 31 de diciembre, cuando está previsto que ya entren en funcionamiento las 50 nuevas plazas de jueces. Aún así, el malestar es evidente. Se señalan que estas medidas son provisionales y no cubren la totalidad de las necesidades que requieren las diligencias judiciales de los nuevos delitos. De ahí que en estas instancias se tema el colapso.
La asunción de las nuevas competencias de los delitos sexuales por parte de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, que dejará a lo largo de este año de ser unipersonales para pasar a ser tribunales de instancia, es una de las materias recogidas en su día en la ley del ‘solo sí es sí’ que estaban todavía pendientes de ejecución. La normativa otorga a los órganos judiciales de violencia sobre la mujer no solo las causas por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera de la pareja, sino también la mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual cuando la ofendida sea mujer. La ley incorpora otra medida de la ley del ‘solo sí es sí', como es que las víctimas de delitos sexuales tengan derecho al asesoramiento previo y a asistencia jurídica gratuita en los procesos. Además, se reconoce este derecho a las afectadas por mutilación genital, matrimonio forzado o acoso con connotación sexual.
135 jueces han suscrito un informe en el que dicen que la letra de la nueva norma es positiva pero que otra cosa será su aplicación y advierten del riesgo de que se produzca un colapso total. Van más lejos del incremento señalado por el CGPJ del 12% en su carga de trabajo que aumentan hasta el 20% a la vez que denuncian que están trabajando con “medios precarios”. Al documento se ha sumado un centenar de letrados mientras que los colegios que los representan también han advertido de las consecuencias de la aplicación de la nueva fórmula. Los decanos de los juzgados de las capitales de justicia y principales partidos judiciales también se han adherido señalando del peligro de que, de aquí a finales de año, si no se han encontrado soluciones, los nuevos tribunales de violencia sobre la mujer se encuentren colapsados.
En enero de 2026 se calcula que Andalucía recibirá 10 plazas, seguida de Madrid con seis y la Comunidad Valenciana con cinco. Catalunya, Galicia y Canarias tendrán cuatro cada una, mientras que Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura dispondrán de tres, Murcia y Castilla y León tendrán dos y, finalmente, Aragón, Asturias, Cantabria y Euskadi recibirán una. Según el secretario de Estado de Justicia, el número dos del ministerio, Manuel Olmedo, la incorporación "será paulatina, como también será el aumento de la carga de trabajo". El incremento de jueces especializados, precisa, será de un 50% y la intención es de ir ampliando la plantilla. Olmedo ha lanzado mensajes tranquilizadores al sector y cree que las necesidades se irán cubriendo en los plazos previstos.
Demasiado optimismo el del secretario de Estado de Justicia quien lo fía todo a la aprobación de la ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras fiscal y judicial, un proyecto cuya tramitación parlamentaria depende de lo que, al final, decidan los diputados de Junts y que cuenta con la frontal oposición de las asociaciones conservadoras porque consideran que se contempla una cobertura de plazas para los jueces y fiscales sustitutos, “por la puerta de atrás”. Esta cobertura implicaría poner en los tribunales mil plazas adicionales a las actuales, una importante inyección de recursos humanos para la justicia española. Pero las nuevas secciones de violencia contra la mujer requieren una especialización que todavía no se está produciendo.