El palacete de la calle Fortuny, sede de la Fiscalía General del Estado, ha sido históricamente un santuario de la legalidad, un espacio blindado a las turbulencias de la refriega partidista. Sin embargo, los muros de esta fortaleza del Ministerio Público albergan hoy secretos que amenazan con resquebrajar de forma definitiva la credibilidad de la cúpula judicial de la última década. Lo que durante meses se presentó como una serie de contactos informales o meras coincidencias de pasillo ha adquirido, bajo el microscopio del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la categoría de un sistema de comunicación preferente y opaco entre el poder político y los garantes de la legalidad penal en España.
La comparecencia como testigo del fiscal del Tribunal Supremo y ex número dos del Ministerio Público, Diego Villafañe, ha hecho saltar por los aires el cordón sanitario con el que el entorno del sanchismo pretendía aislar las andanzas de la exmilitante Leire Díez. En un testimonio demoledor ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, Villafañe ha reconocido formalmente que el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no solo estuvo al tanto de las reuniones mantenidas con la presunta dirigente de las cloacas de Ferraz, sino que monitorizó activamente sus movimientos y dio instrucciones directas a sus subordinados sobre cómo gestionar las delicadas ramificaciones de aquellos contactos clandestinos.
Un registro fantasma
La gravedad del escenario procesal que dibuja la declaración de Villafañe radica en la sistemática elusión de los controles de seguridad del Estado. Según fuentes presenciales del interrogatorio, la mano derecha de García Ortiz admitió haber mantenido dos encuentros en la propia sede de la Fiscalía General del Estado con la imputada Leire Díez y el abogado imputado Jacobo Teijelo. En estas citas, celebradas bajo un absoluto secreto el 6 de marzo de 2025 y entre los meses de abril y mayo del mismo año, participó también la fiscal Beatriz López Pesquera.
La anomalía más flagrante del caso es que la presunta cabecilla de esta red de fontanería institucional no figura en los registros oficiales de entrada del edificio de la calle Fortuny. Este borrado deliberado del rastro burocrático de las visitas apunta a la existencia de un protocolo de acceso privilegiado, un pasadizo invisible diseñado para evitar el escrutinio público y que encaja a la perfección con los mensajes interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En una de aquellas conversaciones telefónicas intervenidas, la propia Leire Díez aseguraba triunfante a su letrado que tenían «vía libre para ir a ver al FGE» (Fiscal General del Estado). Las declaraciones en sede judicial confirman ahora que aquella jactancia no era un farol de intermediaria, sino una descripción milimétrica de la realidad.
El relato de Villafañe sobre cómo se enteró García Ortiz de la primera cita desvela la extrema sensibilidad con la que se manejaba este expediente en la cúspide del Ministerio Público. Según el testigo, tras cruzarse casualmente en las dependencias de Fortuny justo después del primer encuentro, informó al fiscal general de que se habían reunido con «un abogado». Lejos de despachar el asunto como una visita rutinaria de cortesía profesional, el máximo responsable de la Fiscalía General del Estado condujo de inmediato a su número dos y a López Pesquera a su despacho presidencial para que le trasladasen, de forma pormenorizada y confidencial, cada detalle del contenido de la conversación.
Las reuniones «marcianas»
Al ser interrogados sobre el contenido concreto de aquellas conversaciones secretas en el corazón de la Fiscalía, tanto Villafañe como López Pesquera recurrieron ante el juez Pedraz a un adjetivo de indiscutible carga irónica y desconcierto: calificaron las citas de auténticamente «marcianas». Según la versión ofrecida por los fiscales comparecientes, las reuniones versaban sobre temas genéricos de aparente trascendencia penal relacionados con tramas del sector de los hidrocarburos. El abogado Jacobo Teijelo, quien se acogió a su derecho al secreto profesional ante el magistrado para no revelar los detalles del encuentro, deslizó en esas citas una serie de hechos cometidos por terceros que, bajo su criterio, merecían la apertura de diligencias informativas, anunciando en el segundo encuentro su intención de formalizar varias denuncias.
Sin embargo, el comportamiento posterior de los máximos responsables fiscales contradice la supuesta intrascendencia o el carácter estrafalario de las propuestas de las cloacas. Tras escuchar el informe de sus subordinados en el despacho oficial, la reacción de Álvaro García Ortiz y del propio Diego Villafañe fue unánime y tajante. Ambos se dirigieron a la fiscal López Pesquera para ordenarle de manera imperativa: «olvídate» y «no te preocupes». Esta instrucción de carpetazo preventivo, lejos de enfriar las relaciones con la red de intermediación, no impidió que la cúpula de la Fiscalía General del Estado accediera a recibir a Leire Díez y a su abogado en una segunda ocasión apenas unas semanas después, justo antes de que el escándalo estallara de forma definitiva en los medios de comunicación y en los tribunales.
Esta dualidad en la respuesta de la cúpula fiscal encierra la clave del caso. Por un lado, se tilda de «marciana» la información aportada por la trama para restar valor al encuentro ante el juez instructor; por otro, se despacha el asunto con un manto de silencio operativo hacia los escalafones inferiores mientras se mantiene expedito el canal de comunicación con los emisarios del entorno del PSOE. Esta ambigüedad procesal refuerza la tesis de la acusación, que contempla estos encuentros no como un trámite administrativo ordinario sobre denuncias sectoriales, sino como una mesa de negociación reservada para calibrar el alcance de las investigaciones judiciales que amenazaban la estabilidad del Ejecutivo central.
Acoso judicial a Álvaro García Ortiz
La confirmación de que la mano derecha del fiscal general actuó bajo el conocimiento y la supervisión directa de su superior jerárquico coloca al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una posición de extrema vulnerabilidad jurídica. La Fiscalía española es una institución fuertemente jerarquizada y de unidad de actuación, donde sus miembros están sometidos constitucionalmente a las instrucciones y órdenes de sus superiores. El juez Santiago Pedraz busca desentrañar si Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera acudieron a las citas clandestinas de la calle Fortuny por iniciativa propia o siguiendo directrices expresas de la jefatura de la institución.
De confirmarse esta última hipótesis, el horizonte penal de García Ortiz se complicaría de manera drástica, sumándose a la condena de inhabilitación y al pago de 39.000 euros en costas procesales que ya arrastra tras su polémico paso por el Tribunal Supremo. Para el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, la implicación del ex fiscal general en la trama de Leire Díez elevaría la causa a una dimensión de delito contra las instituciones del Estado, toda vez que la estructura del Ministerio Público habría sido instrumentalizada de forma sistemática para favorecer los intereses de un partido político en apuros judiciales, desvirtuando el principio constitucional de imparcialidad que debe regir la acción de la justicia en España.
La defensa del ex fiscal general y los portavoces del entorno de Ferraz insisten en que los encuentros carecieron de efectos prácticos y que la Fiscalía General se limitó a escuchar a ciudadanos que pretendían denunciar supuestas irregularidades en el sector energético. Sin embargo, la coincidencia temporal de estas citas con el despliegue de las maniobras de las cloacas para desestabilizar sumarios policiales, sumada a la misteriosa desaparición de Leire Díez de los registros oficiales de entrada al palacete de Fortuny, debilita notablemente la coartada de la normalidad institucional y apunta a una estrategia de encubrimiento y auxilio extrajudicial desde las más altas instancias del Estado.
La cúpula de la Guardia Civil en el punto de mira
El terremoto judicial que sacude los cimientos de la Fiscalía General del Estado no es un hecho aislado, sino la primera estación de un calvario procesal que se extiende de manera simultánea hacia los despachos de la seguridad del Estado. La intensa ronda de interrogatorios programada por el juez Santiago Pedraz para esclarecer el alcance del caso Leire concluye con las declaraciones en calidad de imputados de dos de los cargos más relevantes de la seguridad interior de España: la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y su Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas.
Las citaciones de la cúpula de la Benemérita buscan determinar si la red de fontanería liderada por la exmilitante socialista logró penetrar también los canales de información interna de la Guardia Civil para anticiparse a las detenciones, conocer el estado de las investigaciones de la UCO sobre corrupción política y neutralizar las pesquisas judiciales antes de que llegaran a los despachos de los juzgados de instrucción. La confluencia de altos mandos policiales e históricos fiscales del Tribunal Supremo en la lista de imputados y testigos del caso confirma que la investigación sobre las cloacas del PSOE ha dejado de ser una causa menor para convertirse en una de las mayores auditorías judiciales a las cloacas del Estado de la historia democrática reciente.
El desenlace de esta ronda de interrogatorios determinará si Pedraz da el paso definitivo de citar como investigado a Álvaro García Ortiz, un movimiento que certificaría el colapso reputacional de la Fiscalía General de su era y que abriría una crisis institucional de consecuencias imprevisibles para el Gobierno de coalición. En un sistema democrático donde la frontera entre la persecución del delito y la protección del poder político debe permanecer nítida e infranqueable, las reuniones «marcianas» de la calle Fortuny demuestran que, en los sótanos del poder, la ley escrita suele valer bastante menos que una lisonja, una visita sin registrar y una orden de silencio susurrada a tiempo en el despacho del jefe.
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