El próximo lunes, la ministra de Igualdad comparecerá ante la Comisión de Igualdad del Congreso para informar sobre dos ejes centrales de la agenda legislativa del Gobierno: la reforma constitucional para incluir el derecho al aborto y el nuevo marco legal que tipifica la violencia vicaria como delito autónomo. La sesión se anuncia como un punto de evaluación sobre cómo se traducen en norma dos realidades distintas, pero conectadas por un mismo principio: la obligación del Estado de garantizar protección y autonomía.
Una reforma que busca consolidar derechos
El Consejo de Ministros aprobó a mediados de octubre el inicio de los trámites para modificar el artículo 43 de la Constitución e incorporar de forma expresa el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El nuevo apartado reconocerá que ese derecho deberá ser garantizado por los poderes públicos y ejercido en condiciones de igualdad efectiva.
La ministra de Igualdad ha insistido en que el objetivo no es abrir un nuevo debate moral, sino asegurar jurídicamente lo que ya forma parte del marco legal desde hace más de una década. La reforma busca prevenir retrocesos en un contexto internacional donde los derechos sexuales y reproductivos vuelven a ser objeto de disputa política.
El procedimiento no será sencillo: requiere el apoyo de tres quintas partes del Congreso y del Senado, un consenso amplio que pondrá a prueba la disposición de los grupos a mantener la estabilidad de un derecho consolidado. Desde el Ministerio se subraya que la iniciativa no altera el contenido de la actual ley, sino que le da rango constitucional y refuerza el compromiso del Estado con la salud y la autonomía de las mujeres.
Violencia vicaria: del reconocimiento político a la tipificación penal
La comparecencia abordará también el desarrollo del anteproyecto de Ley Orgánica que convierte la violencia vicaria en un delito autónomo, con agravante de género y penas de hasta tres años de prisión. La norma define por primera vez este tipo de violencia como aquella ejercida sobre hijas e hijos con el propósito de causar daño a la madre y establece medidas de prevención, atención y reparación específicas.
El texto, que da cumplimiento a compromisos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incluye además una modificación del Código Civil para asegurar que los menores sean escuchados antes de decidir el régimen de custodia en casos de violencia. Se trata de un cambio técnico que busca corregir una práctica judicial aún demasiado desigual.
Los datos siguen siendo contundentes: desde 2013, 65 menores han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres, nueve de ellos el año pasado y tres en lo que va de 2025. El reconocimiento de esta forma de violencia no es solo simbólico; implica que la respuesta institucional deje de ser subsidiaria y asuma la centralidad de la infancia como víctima directa.
Entre la norma y la práctica
La doble agenda de Igualdad —garantizar derechos y proteger frente a la violencia— plantea un desafío político y administrativo. Las reformas avanzan en un contexto de presión mediática y resistencias culturales, donde cada paso técnico debe sostenerse en políticas públicas duraderas.
El blindaje constitucional del aborto y la tipificación de la violencia vicaria no se agotan en la redacción legal. Exigen recursos, formación judicial, protocolos coordinados y voluntad política estable. Si la comparecencia del lunes busca rendir cuentas, su trasfondo es otro: demostrar que el derecho no basta si no se convierte en práctica, y que la protección debe medirse por su eficacia, no solo por su formulación.