En San Fernando de Henares, un municipio del este madrileño, la reapertura de la línea 7B de Metro (prevista para el 22 de noviembre) llega como un episodio más en una saga que recuerda, por su persistencia, a aquellas infraestructuras públicas que terminan definiéndose no por lo que conectan, sino por lo que destruyen. Tras más de tres años de cierre, y después de nueve interrupciones desde su inauguración en 2007, la línea ha dejado una geografía de daños difícil de ignorar: viviendas agrietadas, centros públicos demolidos y un vecindario exhausto que, a fuerza de reclamaciones, ha aprendido el arte de la resistencia burocrática.
El alcalde, Javier Corpa, resume la situación con una frase que podría servir de epitafio para cualquier proyecto mal concebido: “Lo prioritario son los vecinos”. Pero en San Fernando, la prioridad ha sido más teórica que real. Decenas de familias han perdido sus casas o viven entre grietas, esperando indemnizaciones que llegan tarde o no alcanzan. Las que optan por la vía judicial descubren que la justicia, a diferencia del metro, no circula bajo tierra, pero sí avanza con una lentitud comparable.
Administración subterránea
La línea 7B fue diseñada para aliviar la movilidad del corredor del Henares. Lo que produjo, sin embargo, fue una serie de fallos estructurales que obligaron a cierres sucesivos y a inversiones millonarias que no han logrado resolver una patología crónica. La Comunidad de Madrid, única administradora de la infraestructura, ha tratado el problema como un expediente técnico más, con visitas al túnel, comunicados correctos y una narrativa de “trabajos complejos” que con los años ha empezado a sonar rutinaria.
Lo que no logra maquillar es el impacto urbano. La Casa de la Mujer, el Centro Joven “El Laboratorio” y una sala de exposiciones que era referente cultural han sido demolidos. La Escuela Oficial de Idiomas, la de Personas Adultas y la escuela infantil “El Tambor” fueron trasladadas. La ciudad funciona hoy como un rompecabezas reorganizado a la fuerza: servicios reagrupados en edificios municipales saturados, equipamientos ausentes y un vecindario que ha visto evaporarse la arquitectura de su vida cotidiana.
El Ayuntamiento afirma haber ofrecido terrenos para reconstruir las dotaciones (como los del antiguo complejo Goñalons), pero la pasividad autonómica ha convertido la reposición en una promesa sin fecha. El debate sobre prioridades resulta, así, revelador: mientras la Comunidad anuncia parques, el municipio insiste en que antes debe resolverse lo básico, es decir, el regreso de los servicios públicos que el propio metro condenó.
Coste inhumano
La reapertura de este sábado no es exactamente un motivo de celebración. Después de casi dos décadas de parches, San Fernando ha desarrollado una relación de escepticismo con su metro local. Cada nuevo anuncio recuerda los anteriores, y cada cierre refuerza la sensación de que el problema estructural de la línea (una ejecución deficiente desde origen) persiste bajo los parches.
El coste no es solo económico, aunque las cifras acumuladas se mueven en órdenes de magnitud que habrían permitido construir infraestructura nueva, sino social. En las horas punta, el cierre obligó a miles de vecinos a desplazarse por carretera, con el consiguiente aumento de atascos y emisiones. Para una región que presume de movilidad eficiente, el episodio es un recordatorio incómodo de que la planificación apresurada tiene efectos duraderos.
Drama humano bajo los túneles
La reapertura de la línea 7B de Metro no solo representa una obra de ingeniería reactivada: para muchos vecinos de San Fernando de Henares, es la cicatriz visible de un drama humano prolongado. Detrás de los números y las inversiones, hay familias enteras desplazadas, infancias marcadas por el estruendo de grietas, y una sensación persistente de abandono institucional.
Diario Sabemos fue testigo de cómo el desplome emocional comenzó con fisuras en viviendas. Las filtraciones subterráneas y el hundimiento del terreno condujeron, por ejemplo, al desalojo de 52 personas de un edificio, cuando crujidos y grietas hicieron insostenible su permanencia. Los bomberos tuvieron que intervenir para permitir que los vecinos recogieran lo más esencial antes de abandonar sus hogares.
Para muchos de esos desalojados, el éxodo no fue temporal. Según los testimonios recogidos por Diario Sabemos, algunos terminaron durmiendo durante meses en apartahoteles, sin certeza de cuándo o si regresarían a su hogar, cosa que no sucedió.
El daño no fue solo físico. Familias han perdido no solo sus casas, sino también los recuerdos que guardaban entre sus paredes. Relatos recogidos por Diario Sabemos relatan cómo, con apenas media hora para evacuar, los vecinos tuvieron que elegir entre su álbum de fotos, documentos esenciales o algo de ropa.
El deterioro estructural ha sido persistente. Puertas que no cierran, ventanas desencajadas, suelos inestables, grietas crecientes: para muchos vecinos, la propia idea de volver a casa se convirtió en fuente de ansiedad permanente. Diario Sabemos visitó varias casas afectadas y daba pánico comprobar una situación que sólo se ve en los telediarios cuando se produce una catástrofe natural o una guerra.
Una parte del vecindario ha presentado demandas judiciales pidiendo indemnizaciones más altas, argumentando que las cifras ofrecidas por la Comunidad de Madrid no solo infravaloran el valor real de sus propiedades, sino que además no compensan el daño moral sufrido. En uno de los casos, un juez ha reconocido explícitamente la necesidad de compensar lo tanto lo material como lo emocional.
Ciudad vaciada, comunidad herida
El éxodo de familias ha dejado una San Fernando diferente. Algunos vecinos han tenido que marcharse del municipio ante la imposibilidad de encontrar un realojo adecuado. Además, más de 600 viviendas siguen reportando daños, y al menos un centenar han sido demolidas.
La Plataforma de Afectados por la Línea 7B denuncia no solo la demolición física, sino también la pérdida de tejido comunitario: espacios culturales, comerciales y sociales han sido desmantelados. Según ellos, la administración autonómica les obliga a recurrir a los tribunales para recibir una indemnización justa, mientras siguen siendo propietarios de solares demoleros, lo que implica cargas fiscales añadidas.
El drama de la 7B ha generado también consecuencias psicológicas profundas. Para muchos, las indemnizaciones no son simplemente una compensación económica: representan el reconocimiento de años de miedo, desarraigo y estrés. Javier Corpa, alcalde de San Fernando, ha denunciado más de una vez la “grave vulneración de derechos” que han vivido estos ciudadanos.
La justicia empieza a dar pasos, pero de forma lenta. Una sentencia reciente obligó a la Comunidad de Madrid a subir la indemnización de un vecino, incluyendo garaje y daño moral, tras aceptar la valoración que él había hecho de su propiedad. Para la plataforma vecinal, este fallo abre una puerta para que otros afectados también vean reconocidos sus derechos de forma más justa.
Transparencia perforada
Uno de los aspectos más llamativos es la falta de acceso del Ayuntamiento a las obras. Aunque la Comunidad de Madrid ha realizado visitas con prensa, el gobierno local asegura que aún no ha podido inspeccionar el túnel con sus propios técnicos de Urbanismo. En una infraestructura que ha demostrado una tendencia casi artística a la inestabilidad, la negativa resulta difícil de justificar y alimenta la sospecha de que la información fluye mejor hacia los periodistas que hacia los responsables de garantizar la seguridad en la ciudad afectada.
Para los madrileños, la línea 7B es una anomalía. Para los observadores internacionales, es un caso más en una tendencia conocida: grandes proyectos de infraestructura construidos con ambición política, ejecutados con excesiva prisa y gestionados después como problemas heredados que nadie parece capaz, o dispuesto, a resolver del todo.
En otras ciudades europeas, episodios semejantes han conducido a auditorías independientes, revisiones integrales y, en ocasiones, reconstrucciones completas. En Madrid, en cambio, se ha optado por la estrategia incremental: intervenir solo cuando el daño se hace visible. Es un enfoque que reduce la presión fiscal inmediata, pero multiplica las tensiones políticas a largo plazo.
Cuando los trenes vuelvan a circular este sábado, lo harán sobre una línea física reparada pero administrativamente fracturada. La reapertura no cierra el capítulo: simplemente permite pasar página sin haber terminado de leer la anterior. En San Fernando, los vecinos seguirán reclamando indemnizaciones, estabilidad en sus viviendas y la reconstrucción de los servicios públicos perdidos.
En este caso, el metro no solo perforó el subsuelo. También perforó la confianza. Y esa, a diferencia de una bóveda de túnel, es una estructura mucho más difícil de apuntalar.