El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que amenaza con reconfigurar el eje de la legislatura. El escrito no se limita a constatar la existencia de anomalías financieras. Formaliza una acusación de extrema gravedad. Sostiene que el abono de los honorarios de la defensa de Koldo García por parte de la empresa editora de OkDiario, Dos Mil Palabras S. L., ocultaba en realidad un intento de soborno y coacción. El objetivo era inducir al exasesor de José Luis Ábalos a fabricar falsedades incriminatorias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno personal y político.
La arquitectura de la denuncia socialista otorga plena credibilidad a las grabaciones y audios emitidos desde la cárcel por el propio Koldo García. En ellos detalla una supuesta operación orquestada para forzar su colaboración a cambio de prebendas procesales. Según los hechos expuestos en el texto judicial, la maniobra habría sido diseñada mediante reuniones celebradas a mediados de 2025. Una de ellas situada por los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) en las inmediaciones de la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova. Con la participación activa del letrado de la formación conservadora Alberto Durán y del director del digital, Eduardo Inda. El mecanismo descrito en la denuncia detalla que el pacto incluía una sustancial rebaja de condena, el blindaje judicial para familiares directos de Koldo y la entrega de un millón de euros. Parte del cual se habría camuflado mediante un contrato mercantil instrumental para sufragar la minuta de la abogada Leticia de la Hoz.
El "ropaje de legalidad" y los pagos cruzados bajo la lupa de la UCO
El núcleo probatorio de la denuncia presentada por el PSOE descansa sobre la evidencia documental de los pagos y la supuesta simulación contractual. De acuerdo con los datos aportados, la sociedad editora de OkDiario abonó un total de 242.000 euros (IVA incluido) en dos facturas emitidas directamente por el despacho IDBO Consultants —donde ejercía la abogada defensora de Koldo—. Con fecha de noviembre de 2025 y enero de 2026.
Los servicios jurídicos socialistas subrayan la anomalía de que una empresa editora de prensa asuma la minuta penal de un tercero ajeno a su objeto social. Argumentan que el contrato de colaboración mercantil firmado el 26 de noviembre de 2025 (justo un día antes de que se publicara una exclusiva entrevista con el exasesor y se cursara el primer pago) no respondía a una transacción comercial real de derechos editoriales. Era un artificio ideado para dotar de un falso «ropaje de legalidad» a una contraprestación de naturaleza ilícita.
Para desmontar la versión de la defensa periodística, el PSOE solicita a la Fiscalía el impulso de diligencias de investigación contundentes. Incluyen el volcado de los teléfonos móviles de todos los implicados. La citación en calidad de querellados de Alberto Durán y Eduardo Inda. Y la emisión de un informe específico por parte de la Agencia Tributaria sobre la deducibilidad de dichos gastos. Asimismo, el escrito reclama que la UCO de la Guardia Civil analice de forma pormenorizada las comunicaciones cruzadas entre los denunciados desde abril de 2025 hasta septiembre de 2026.
A este entramado se suman las recientes revelaciones difundidas por el programa La última hora de La Séptima. Koldo García aseguraba haber recibido advertencias directas de que el contenido de sus declaraciones iniciales no satisfacía los estándares exigidos. Vinculaba las presiones a la figura del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, bajo la advertencia de que una falta de explicitud acarrearía un ingreso inmediato en prisión.
La financiación publicitaria institucional y la onda expansiva en Génova
La dimensión económica del escándalo salpica también a la gestión de los fondos públicos autonómicos y locales. En su denuncia, el PSOE recopila datos oficiales extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público y de diversos portales de transparencia. Cifran en más de 1,6 millones de euros en contratos y más de 3,5 millones en publicidad institucional los ingresos percibidos por la editora de OkDiario procedentes de administraciones gobernadas por el Partido Popular entre 2017 y 2026.
Los socialistas incorporan a su argumentario las declaraciones atribuidas a Koldo García. En ellas afirmaba que Eduardo Inda le habría garantizado que los fondos adelantados para su cobertura legal serían posteriormente compensados mediante campañas de publicidad institucional concedidas por ejecutivos autonómicos del PP. Establecía así un presunto circuito de retorno financiero y político.
Frente a la gravedad de las imputaciones, la reacción de la cúpula del Partido Popular no se ha hecho esperar. Aunque ha estado jalonada por matices y contradicciones en la gestión de la crisis. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha negado de plano cualquier ofrecimiento económico irregular por parte de su formación. Afirma que ningún miembro cuenta con autorización para destinar fondos del partido a tales fines. Y rebaja el perfil institucional de Alberto Durán.
Aunque Feijóo reconoció que son habituales los contactos entre los servicios jurídicos de las partes en los tribunales, admitió que la secretaria general Cuca Gamarra estaba al corriente de interlocuciones con los letrados de encausados como Koldo García o Víctor de Aldama. Insistió en minimizar la vinculación orgánica de Durán con las causas penales de la Audiencia Nacional y el Supremo. Pese a que el propio abogado ha representado al partido en procedimientos tan sensibles como el caso mascarillas o las pesquisas en torno al entorno familiar del presidente del Gobierno.
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