La propuesta de Teresa Peramato como fiscal general del Estado ha sido recibida por el Partido Popular con un mensaje que, más que prudencia, transmite la voluntad de sembrar desconfianza antes incluso de que se conozcan los criterios de su mandato. Miguel Tellado ha vuelto a situar a la Fiscalía en el tablero partidista, insinuando una dependencia política que no se deriva ni de la ley ni del perfil de la candidata. No es una crítica técnica: es la continuidad de una estrategia que busca debilitar preventivamente una institución que el PP solo considera legítima si coincide con sus intereses.
El planteamiento del PP ante la propuesta de Peramato no es nuevo, pero sí especialmente transparente. La dirección de Génova evita referirse al currículo de la candidata —sólido, acreditado, con décadas de servicio público y una trayectoria en violencia de género avalada de manera transversal— para enmarcarla de inmediato en una narrativa de sospecha. Una desconfianza programada que no se dirige a la jurista, sino a quien la propone.
Esa fórmula, recurrente en su discurso institucional, implica que el nombramiento es cuestionado antes de que exista ejercicio alguno del cargo. El PP logra así desplazar el foco: no analiza capacidades, no valora méritos, no expone objeciones técnicas. Prefiere levantar un muro de reserva política, un anticipo de conflicto cuya utilidad no reside en la fiscal general, sino en el desgaste del Ejecutivo.
Lo problemático no es que un partido de la oposición adopte una posición crítica: eso forma parte de la normalidad democrática. Lo relevante es la intención de prejuzgar a la institución. Un gesto de este tipo no solo reduce el debate público a una confrontación interesada, sino que da por hecho que la Fiscalía funciona como un apéndice del Gobierno, ignorando que su arquitectura legal se basa precisamente en la autonomía operativa del Ministerio Público.
Tellado ha insistido en la necesidad de “vigilar” si el Ejecutivo renuncia a usar la Fiscalía “como instrumento político”. El mensaje, repetido, es eficaz desde el punto de vista retórico: convierte una afirmación sin pruebas en punto de partida para discutir cualquier decisión futura. Pero, más allá del efecto político, supone cuestionar el funcionamiento de una institución sin aportar una sola evidencia de manipulación.
Es una técnica conocida en los dirigentes del Partido Popular, se siembra duda antes de que haya materia sobre la que dudar. Cualquier actuación de la futura fiscal general podrá así ser examinada bajo la sombra de una sospecha previamente fabricada. La crítica deja de ser un análisis y pasa a ser un marco, uno en el que el PP se reserva la posibilidad de considerar ilegítimo todo aquello que no le beneficie.
Destaca, además, la insistencia del PP en referirse al nombramiento como si fuera un acto discrecional sin control. No lo es. La ley establece un procedimiento, exige mérito jurídico y reconocimiento profesional, y prevé la escucha del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de un sistema con filtros suficientes para garantizar que el perfil designado cumple con los estándares mínimos para dirigir una institución clave del Estado.
Nada de eso aparece en las palabras de Tellado. Y ese vacío no es casual. El PP no quiere entrar en una discusión técnica, porque el perfil de Peramato —fiscal de carrera, especializada en un ámbito donde su trabajo es públicamente reconocido— deja poco margen para construir una objeción fundada. Por eso recurre a una crítica difusa, capaz de abrazarlo todo sin concretar nada.
Al fondo late una cuestión más delicada: el PP parece no aceptar un modelo de Fiscalía que no esté alineado con sus posiciones. Se trata de una tendencia que se ha hecho especialmente visible en los últimos meses, en los que la formación ha mostrado incomodidad ante cualquier decisión institucional que no coincida con su relato político. No es una pugna jurídica, sino una disputa por el marco de legitimidad.
La propuesta de Peramato constituye un momento importante para la Fiscalía: una profesional respetada, con experiencia y solvencia, que puede reforzar una institución sometida a tensiones políticas y mediáticas. El país necesita una fiscal general capaz de devolver estabilidad al Ministerio Público, no un debate artificial que lo sitúe permanentemente en la órbita partidista.
Que el PP decida convertir este nombramiento en una nueva oportunidad para debilitar el prestigio institucional no sorprende. Pero conviene señalarlo, esa estrategia no solo desgasta al Gobierno. También erosiona la confianza en un pilar esencial de la Justicia, justo cuando más necesaria es su fortaleza.