Tras tres décadas ininterrumpidas de consenso institucional mantenido bajo ejecutivos de todos los signos políticos desde principios de los años noventa, las cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio de 2027 han cruzado una frontera de profundas implicaciones éticas y sociológicas. A exigencia de Vox y con la venia del Partido Popular, el Gobierno autonómico presidido por Jorge Azcón ha eliminado por completo la partida destinada a la cooperación internacional. Ha reducido a cero el fondo de solidaridad en el proyecto presupuestario más cuantioso de la historia de la región.
El drástico tijeretazo se produce dentro de una Ley de Presupuestos que alcanza la cifra récord de 9.594,7 millones de euros. Supone un incremento del doce por ciento respecto a las últimas cuentas aprobadas. Sin embargo..., en un ejercicio presupuestario calificado de forma triunfal por el propio Ejecutivo como el más expansivo y social de la trayectoria autonómica, la caja de la ayuda internacional ha quedado desierta. La paradoja resulta aplastante. La decisión de borrar la solidaridad no responde a un escenario de escasez de recursos o de austeridad fiscal obligada. Responde a la imposición de una enmienda puramente ideológica que consagra el repliegue identitario como norma de gobierno.
La doctrina de la "prioridad nacional"
El mecanismo que ha consumado esta borradura histórica se articula desde la Consejería de Desregulación, Familia y Bienestar Social. Está encabezada por el vicepresidente autonómico y líder regional de Vox, Alejandro Nolasco. Al presentar el diseño presupuestario, el dirigente de la extrema derecha no dudó en añadir a la retórica del gasto social la coletilla ideológica de la prioridad nacional. La calificó de condición irrenunciable para su formación bajo la premisa de que los recursos públicos deben reservarse en exclusiva para los de casa.
Esta maniobra evidencia hasta qué punto la agenda de la ultraderecha ha logrado impregnar la gestión del Partido Popular en Aragón. Transforma un compromiso histórico en moneda de cambio para garantizar la estabilidad parlamentaria. Las organizaciones articuladas en torno a la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) han denunciado de inmediato que el recorte no encuentra justificación técnica alguna. Representa una vulneración frontal del espíritu del Estatuto de Autonomía de Aragón y del marco normativo fijado por la propia Ley de Cooperación. La eliminación de este fondo no es un simple ajuste de partidas. Constituye un intento deliberado de desmantelar la cultura cívica del compromiso internacional. Erosiona la percepción de la solidaridad como un deber democrático universal.
Medio millón de vidas en la cuerda floja
La desaparición del fondo de cooperación, dotado en el último presupuesto con 1,45 millones de euros, va más allá de las disputas parlamentarias en la Aljafería. Se materializa en una tragedia asistencial sobre el terreno. Las más de sesenta organizaciones no gubernamentales agrupadas en la federación autonómica desarrollan actualmente proyectos de ayuda humanitaria y desarrollo en cuarenta y seis países del Sur Global. Entre ellas figuran entidades como Medicus Mundi, Cáritas, Aldeas Infantiles, Ingeniería Sin Fronteras o Um Draiga.
Según las estimaciones formuladas por los responsables de la coordinación social, la supresión de estos fondos públicos aragoneses afectará de manera directa a casi medio millón de personas vulnerables. La retirada de la financiación autonómica amenaza con interrumpir el acceso al agua potable. Suspender la atención médica primaria a mujeres en el momento del parto. Clausurar proyectos de escolarización infantil. Y dejar desprotegidos a defensores de derechos humanos en comunidades perseguidas. La decisión del Ejecutivo aragonés traslada así la factura de la crispación política doméstica a las poblaciones más golpeadas por la pobreza y la exclusión en el planeta.
Destrucción de la dignidad institucional
El giro impreso por el Gobierno de Jorge Azcón al supeditar la política de cooperación al chantaje programático de sus socios de gobierno sienta un precedente alarmante para la gobernanza autonómica en España. Al validar la tesis de que los derechos y la ayuda humanitaria deben supeditarse al origen nacional o a la frontera administrativa, las instituciones públicas asumen una lógica de exclusión. Una lógica que resquebraja el pacto cívico sobre el que se edificó el Estado del bienestar.
El borrado de la partida de cooperación no fortalece los servicios públicos locales ni resuelve las carencias del tejido social aragonés. Simplemente empobrece la calidad moral del sistema político. Cuando una sociedad próspera decide volver la espalda a las crisis humanitarias exteriores en nombre del egoísmo identitario, la democracia pierde una parte sustancial de su legitimidad internacional. El veredicto de estos presupuestos confirma que la trinchera ideológica ha logrado imponerse sobre el sentido de la responsabilidad global. Deja al descubierto la fragilidad de las conquistas sociales cuando el poder se somete a los dogmas del extremismo.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.