La sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid se ha convertido esta mañana en el epicentro de una severa intervención judicial. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han irrumpido a primera hora para exigir la entrega de documentación clave vinculada a las actividades de la exmilitante socialista Leire Díez. Esta actuación, dictada por el titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, no se limita a las dependencias del partido, sino que se extiende a registros domiciliarios de figuras de peso dentro del panorama político, como los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías y Santos Cerdán, además del empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos formalmente imputados en el procedimiento judicial, según ha publicado El País citando a fuentes de la investigación..
La gravedad del caso adquiere una nueva dimensión institucional al trascender que las pesquisas del instituto armado no solo persiguen el rastro de posibles retribuciones económicas del partido a la principal investigada. Fuentes próximas a la investigación confirman que la causa penal sigue la pista de supuestos encargos de "fontanería" orientados a la desestabilización y el sabotaje de jueces y fiscales. Ante este escenario, la dirección del partido ha optado por una estrategia de control de daños basada en el contraste político. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha lanzado un mensaje de calma institucional asegurando de forma tajante que la formación colaborará plenamente y que, a diferencia de los antecedentes de otras formaciones políticas, en Ferraz no existirá ningún tipo de destrucción de pruebas.
El núcleo duro de esta causa judicial se remonta a los arrestos practicados a finales del año pasado, cuando las fuerzas de seguridad detuvieron a la propia Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández Guerrero, y al empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la firma Servinabar y vinculado por una estrecha amistad al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán. Los investigadores sostienen que este triángulo delictivo utilizaba un chat privado de mensajería bajo el pseudónimo en euskera de Hiruro para coordinar el cobro de comisiones ilegales en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023, valiéndose de la connivencia de diversas autoridades y cargos públicos.
La lupa de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional analiza con lupa un paquete de cinco operaciones financieras que alcanzan un volumen total de 132,9 millones de euros en concepto de subvenciones públicas y adjudicaciones directas. Por estos hechos, los principales implicados afrontan cargos de extrema gravedad que van desde la prevaricación y la malversación de caudales públicos hasta el tráfico de influencias y la pertenencia a organización criminal.
El entramado societario bajo sospecha abarca tanto a destacadas corporaciones del sector público estatal como a potentes firmas del ámbito privado. Entre las entidades salpicadas por la gestión de la red se encuentran empresas estatales como Mercasa, Enusa, Sepides y el Parque Empresarial Principado de Asturias, además de la mercantil Servinabar. No obstante, el grueso del capital bajo sospecha se concentra en el millonario expediente de auxilio financiero otorgado a la siderúrgica Tubos Reunidos, corporación para la que la SEPI validó un rescate público de 112,8 millones de euros que llegó a contar con la aprobación definitiva del Consejo de Ministros, y en los contratos vinculados al grupo de energías renovables Forestalia.
Los especialistas en delincuencia económica de la Guardia Civil sitúan el volumen provisional del desvío de fondos y el cobro de mordidas por encima de los 750.000 euros. De acuerdo con el avance de las indagaciones judiciales, la red criminal diseñó una operativa financiera específica para el blanqueo y la distribución de los beneficios ilícitos, utilizando como pantalla de canalización a la sociedad mercantil Mediaciones Martínez S.L. Las próximas horas resultarán determinantes para el devenir de la legislatura, a medida que avancen las declaraciones testificales previstas por los agentes de la UCO y se analice el material informático incautado en los domicilios de la cúpula implicada.