Pocas figuras resultan tan complejas como el retracto en el umbral del juicio oral. El caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha entrado en una nueva dimensión tras la presentación de su escrito de defensa. Lo que comenzó como un intento de conformidad y asunción de culpas se ha transformado hoy en un ensayo de fondo sobre la vulneración de derechos, donde el acusado pasa de "defraudador confeso" a "víctima de un proceso injusto" sin precedentes en la democracia española.
Defraudar sin delinquir
Según ha publicado la Cadena SER, el núcleo de la nueva línea de defensa de González Amador radica en una reinterpretación técnica de sus propias finanzas ante la Agencia Tributaria. Si bien en el pasado el empresario admitió mediante un escrito de conformidad la comisión de dos delitos fiscales, su defensa actual sostiene ahora que no existe delito alguno. El argumento es puramente matemático y busca situarse bajo el umbral que marca el Código Penal.
Admite que hubo irregularidades, pero cuantifica el fraude en 105.898 euros en 2020 y 99.497 euros en 2021. Al no alcanzar en ninguno de los ejercicios la barrera de los 120.000 euros, la defensa pretende transformar una posible pena de cárcel en una mera infracción administrativa. Esta pirueta contable choca frontalmente con la petición de la Fiscalía, que reclama 3 años y 9 meses de prisión por fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
Politización del proceso
El escrito de defensa no se limita a los números; es un ataque directo a la línea de flotación del sistema judicial español. González Amador denuncia de forma reiterada la vulneración de derechos fundamentales, apoyándose en la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Para la defensa, el uso de su información fiscal por parte de figuras del Ejecutivo (citando explícitamente a los ministros Bolaños y Óscar López, así como al presidente Pedro Sánchez) ha "pervertido" los mecanismos de legalidad. El argumento de que el proceso ha sido "sustituido por el delito" para convertir al acusado en un objetivo político busca anular la validez de las pruebas obtenidas, sosteniendo que el juicio ya ha sido sentenciado en la arena pública antes de llegar a la sala.
Socios bajo sospecha
Otro punto de fricción es la naturaleza de la red empresarial. La defensa niega ahora la existencia de facturas falsas, afirmando que toda la facturación con los empresarios andaluces David Herrera y los hermanos Carrillo Saborido es real. Sin embargo, este pilar de la defensa se enfrenta a un obstáculo de credibilidad externo: uno de los coacusados, David Herrera, acaba de ser condenado por la Audiencia Nacional por estafar fondos de la Unión Europea en Somalia.
La narrativa de la defensa intenta desvincular a González Amador de cualquier grupo criminal, alegando que las operaciones mercantiles tenían una base imponible real y no eran meras simulaciones para eludir el pago a Hacienda. El reto para la justicia será dirimir si este cambio radical de postura es un ejercicio legítimo de defensa o una huida hacia adelante frente a una acusación que lo sitúa en el centro de una trama de ingeniería fiscal.