El moño de Ángeles Férriz es el de todo el feminismo español

Un inesperado e implacable nuevo ‘Me Too’ ha resurgido con una fuerza inusitada entre la clase política española, que ha visto estos días cómo caen en cascada uno tras otro varios dirigentes socialistas y del Partido Popular acusados de acoso sexual y abusos por compañeras o trabajadoras de partido. Los protocolos internos de las formaciones, obligatorios después de la ley del ‘sólo sí es sí’ de 2022, han evidenciado su ineficacia absoluta para atajar un mal estructural, el del machismo, y en este caso concreto el que se produce dentro de los partidos políticos, que va incluso más allá con las denuncias de presuntos abusos y acoso sexual, interpuestas por varias trabajadoras y militantes en el seno de las dos principales formaciones políticas de este país.

El “moño” de Ángeles Férriz, portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento andaluz, está harto de “puteros y abusadores” y es la viva imagen del malestar que ha recorrido el feminismo en general en todo el país y especialmente el profundo enfado especialmente de las mujeres del PSOE, un feminismo que supuestamente lleva insertado el partido en su ADN fundacional a hierro y fuego.

Con la dimisión del senador socialista Javier Izquierdo culmina una semana horribilis en Ferraz, que ha quedado en evidencia después de conocerse el caso de Francisco Salazar, el hombre fuerte de Moncloa que estaba llamado a sustituir a Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización del partido hasta que se destapó el escándalo del supuesto acoso denunciado por varias trabajadoras de la dirección del partido.

El hecho de que estas denuncias contra Salazar hayan quedado ‘olvidadas’ en un cajón de Ferraz durante cinco meses sin que la dirección del partido haya movido un dedo ha sido la gota que ha colmado el vaso entre muchas mujeres dirigentes socialistas, principalmente, y también entre otros compañeros. Además de los casos de Salazar y de Izquierdo, que este mismo jueves presentó la dimisión de todos sus cargos políticos sin que hayan trascendido aún las denuncias contra él, esta semana también se han conocido otros tres casos de altos dirigentes socialistas y populares acusados de presunto acoso sexual a mujeres.

Un nuevo ‘Me Too’ resurge como un vendaval entre la cúpula política, incapaz de actuar como se merecen las víctimas contra un mal estructural anclado aún en el seno de los principales partidos

Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, también ha sido denunciado por una concejala socialista, que desde junio viene intentando que se hagan efectivos los mecanismos internos de los canales del partido para frenar los casos de acoso sexual. Ante la inacción de la dirección socialista, la concejala decidió el pasado noviembre acudir a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer. Los documentos aportados por la denunciante detallan innumerables comentarios soeces y machistas por parte del líder del partido en la ciudad malagueña, un presunto acoso que lleva produciéndose desde septiembre de 2021. "No me esquives, que te quiero meter ficha", "yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza", "lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá", "es que estás muy buena" o "¿este escote lo has tenido siempre?”. Navarro argumentó que todo se trataba de “una denuncia falsa” debido a supuestas aspiraciones políticas y rencillas personales de la denunciante.

También el ya ex presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, ha rectificado su intención inicial de continuar en sus cargos tras conocerse las denuncias contra él y ha presentado finalmente la dimisión como máximo dirigente de la corporación provincial lucense y líder provincial del PSOE. Pese a ello, se mantiene como alcalde del municipio de Monforte de Lemos. Todo ello después de argumentar al principio que “lo que salió publicado es totalmente falso y mentira” y de interpelar después a los periodistas con esta pregunta: “¿Usted nunca manda ningún Whatsapp o una broma a un compañero?”.

En las filas populares, el caso del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se suma al del ex conselleiro del Mar en Galicia, Alfonso Villares, acusado por un presunto caso de agresión sexual. Ambos asuntos también ponen ante el espejo al PP con el feminismo. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha alardeado sin complejos en el Congreso de los Diputados aseverando, lapsus incluido, que “el feminismo no se predica, se practica”. Precisamente la bancada popular no viene predicando con el ejemplo con la tramitación interna de estos dos casos, ya que tanto el ex dirigente del ejecutivo gallego de Alfonso Rueda como el regidor andaluz de Algeciras se han sentido en todo momento respaldados por la cúpula popular tanto a nivel nacional como en sus direcciones territoriales.

Así, mientras al PSOE se le puede achacar con toda la razón la dilación injustificada en la resolución de los casos y el ocultamiento prolongado sin motivo alguno para ello, sí es verdad que los socialistas han intentado poner el foco en las víctimas, a las que desde el primer momento han creído y mostrado su respaldo absoluto, sin cuestionar la veracidad de sus graves acusaciones.

Cosa bien distinta a lo que viene sucediendo en el Partido Popular, que por no tener no tiene siquiera un protocolo interno claro de actuación ante estos casos de acoso sexual en el seno de su partido. Solo cuenta con un ambiguo Código Ético y de Conducta, que no entra a fondo en estas cuestiones y sólo plantea soluciones genéricas. De este modo, los dos altos cargos populares acusados de acoso y agresión sexual han sido respaldados desde un primer momento hasta hoy mismo por los máximos dirigentes del partido.

Ahí están las palmadas en la espalda y abrazos del presidente gallego, Alfonso Rueda, y todo su equipo de gobierno en pleno al ex conselleiro acusado de agresión sexual durante su despedida del cargo o los aplausos de la bancada popular al alcalde de Algeciras en el Senado. El PP nunca pone el foco en las víctimas ni tampoco muestra  un apoyo inquebrantable a sus testimonios, sólo enarbola la presunción de inocencia de los suyos, aunque los testimonios de las denunciantes sean demoledores y hayan llegado a la vía judicial.