Moncloa negocia al límite el decreto de vivienda ante la presión de la calle y el fantasma del fracaso parlamentario

Teléfonos echando humo, tazas de café acumuladas en las mesas y borradores llenos de tachones. En los despachos de La Moncloa no se duerme. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apura las últimas horas de una negociación a vida o muerte para llevar al Consejo de Ministros un real decreto que no se le caiga a la primera de cambio. Y es que los precedentes escuecen: las propuestas de primavera y julio naufragaron estrepitosamente antes de pisar el Congreso.

Pero esta vez la música que suena en la calle es distinta. El brutal desahucio de Maricarmen y las tiendas de campaña plantadas en la Puerta del Sol han encendido una mecha peligrosa. Esa "ventana de oportunidad" de la que habla Pedro Sánchez no es más que un intento a la desesperada por apagar el incendio social antes de que se lleve por delante a toda una generación sin acceso a un techo. Sin embargo, puerta con puerta, los socios de coalición se miran de reojo.

En Sumar han salido a rebajar la euforia oficial. Lo dicen sin rodeos: las posturas están lejísimos en lo que de verdad importa. Hablamos de frenar los lanzamientos judiciales de golpe, de prorrogar contratos sin trampas, de ponerle coto a la picaresca de los pisos turísticos y de meter en cintura los alquileres de temporada o por habitaciones. El socio minoritario avisa de que no traga. No piensa descafeinar el texto para regalarle los oídos a Junts o al PNV. En un post publicado en la red social BlueSky el partido minoritario de la coalición de gobierno lo deja muy claro: "Estamos muy lejos de cerrar un acuerdo de decreto. Las medidas propuestas hasta ahora no recogen la mayor parte de las reivindicaciones del movimiento de vivienda. Por ahí no es". 

El verdadero quebradero de cabeza en las reuniones nocturnas es cómo pararles los pies a los grandes fondos de inversión.

La idea de prohibir la compra de pisos a todas las empresas se descartó por irreal: se traía abajo a la mitad del tejido comercial. Así que ahora los juristas buscan una fórmula de cirujano. La meta es frenar a los gigantes de la especulación sin asfixiar a la pequeña inmobiliaria del barrio. Una línea tan fina que, si te pasas frenando, la ley no sirve para nada; y si te quedas corto, los fondos se te ríen en la cara.

A eso hay que sumarle el lío de los impuestos. Para convencer a la derecha catalana, el Gobierno se verá obligado pasar por el aro y aceptar rebajas fiscales para los caseros que congelen o rebajen las rentas. A la vez, proponen ayudas directas y cheques para que los jóvenes puedan comprar. Un parche que a los economistas les pone los pelos de punta, porque ya sabemos, por otras experiencias en otros países, cómo acaba eso: subiendo aún más los precios. Para compensar el golpe por la izquierda, prometen desgravaciones para los inquilinos y un compromiso sagrado: que la vivienda pública protegida jamás vuelva a venderse a manos privadas.

Sin embargo, el margen de maniobra se agota. En Moncloa se apuran el intercambio de papeles para evitar que el decreto nazca muerto en el boletín oficial. Salvar la legislatura a base de cesiones a los partidos conservadores amenaza con dejar la ley en papel mojado, justo lo que la izquierda de la Cámara no está dispuesta a perdonar.

Veremos en qué queda este último pulso que promete que se alargará hasta altas horas de la madrugada. Si La Moncloa no logra encajar las exigencias de sus socios de investidura con el clamor de la calle, este decreto terminará siendo otro espejismo político más. Y mientras tanto, al otro lado de la moqueta, miles de familias seguirán haciendo cuentas imposibles para no quedarse en la calle.