Durante años, la expresión “bebés robados” ha condensado uno de los relatos más dolorosos, confusos y explosivos de la memoria reciente española. Bajo esas dos palabras se han mezclado el sufrimiento de familias que nunca pudieron cerrar un duelo, la sospecha de delitos atroces cometidos en maternidades, las adopciones irregulares bajo el franquismo y la desprotección absoluta de miles de mujeres pobres, jóvenes o solteras. Ahora, un nuevo estudio científico del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses obliga a revisar, con datos en la mano, qué parte de ese relato resiste la prueba forense y qué parte pertenece más al terreno de la sospecha, la simplificación o la amplificación mediática.
No hacía falta una trama novelesca para destrozar vidas. Bastaban el poder de la Iglesia, la autoridad médica incontestada, el desprecio hacia las madres solteras, el miedo, la pobreza y un sistema dispuesto a decidir por ellas.
El trabajo, publicado en Forensic Science International: Genetics bajo el título Stolen babies in Spain: The long and winding search for an illegally adopted daughter, toma como hilo conductor el conocido caso de Inés Madrigal, pero va mucho más allá. Los autores abordan la enorme distancia entre la cifra de 300.000 supuestos bebés robados, repetida durante años en medios y debates públicos, y lo que realmente han arrojado las investigaciones oficiales, las exhumaciones y los análisis genéticos practicados en España. Su conclusión central es incómoda para muchos relatos asentados: las pruebas científicas disponibles no respaldan la existencia de una trama hospitalaria sistemática y generalizada de sustracción de recién nacidos como la que se popularizó durante más de una década.
La clave está en los datos forenses. Según el resumen del estudio y la información adelantada este martes, los especialistas analizaron exhumaciones y otras muestras biológicas asociadas a denuncias de presuntas sustracciones de recién nacidos. En la inmensa mayoría de los casos investigados, los restos o biopsias permitieron confirmar que aquellos bebés habían fallecido realmente. Es decir, el patrón que se convirtió casi en símbolo del escándalo —la madre a la que le dicen que su hijo ha muerto, el ataúd vacío y el bebé entregado en secreto a otra familia— no aparece avalado como fenómeno masivo por la evidencia científica revisada por el INTCF.
Patronato de Protección de la Mujer
Eso no significa, sin embargo, que todo fuera una invención o una histeria colectiva. Y ahí está una de las grandes aportaciones del estudio: separar realidades distintas que durante años se fundieron en una sola etiqueta. Por un lado, están las denuncias sobre supuestos robos organizados en hospitales entre 1950 y 1990. Por otro, los hijos de madres internadas en centros del Patronato de Protección de la Mujer y otras instituciones donde muchas jóvenes fueron empujadas, persuadidas o directamente coaccionadas para entregar a sus bebés. Y, además, existe el drama histórico de menores tutelados tras la Guerra Civil y la posguerra, en un país atravesado por la represión, la pobreza y la descomposición familiar. Mezclarlo todo ha generado un relato poderoso, pero también profundamente confuso.
Precisamente ahí es donde el estudio lanza una advertencia de gran calado moral y político. Cuestionar la existencia de una gran trama hospitalaria no equivale a negar las adopciones irregulares ni las violaciones de derechos sufridas por miles de mujeres en el franquismo y aún después. El propio artículo científico distingue esos contextos y reconoce que hubo madres, muchas veces pobres, adolescentes, aisladas o bajo presión religiosa y familiar, que no pudieron ejercer un consentimiento libre y real sobre el destino de sus hijos. Esa parte de la historia no desaparece porque la ciencia forense no confirme una red masiva de ataúdes vacíos. Al contrario: obliga a mirar con más precisión dónde estuvo el abuso y cómo operó realmente.
El Patronato de Protección de la Mujer, creado en 1941, se ha convertido en uno de los símbolos de esa violencia institucional. En sus centros fueron internadas jóvenes consideradas “desviadas” por la moral de la época: chicas fugadas, prostitutas, embarazadas solteras, adolescentes sin apoyo o mujeres simplemente apartadas por sus familias. Hace apenas unos días, el Gobierno reconoció a 53 víctimas del Patronato y anunció una comisión para investigar las vulneraciones de derechos humanos denunciadas por estas mujeres, entre ellas trabajos forzados, maltrato y casos vinculados al robo o la pérdida forzada de hijos. Ese reconocimiento no encaja con el relato cómodo de que no pasó nada: encaja con una realidad mucho más turbia, menos cinematográfica quizá, pero igualmente cruel.
La desinformación
La revisión forense también deja otra lección amarga: el daño causado por la desinformación. La cifra de 300.000 bebés robados se convirtió durante años en una consigna repetida sin un respaldo sólido. El propio estudio señala la discrepancia entre esa afirmación y los resultados de las pesquisas oficiales. Según los datos, los fiscales han investigado 2.203 denuncias, de las que 537 se judicializaron, y en la mayor parte de las exhumaciones se hallaron restos humanos o indicios compatibles con un enterramiento real. Los autores sostienen que la expansión de cifras sin base y de pruebas privadas defectuosas agravó el dolor de muchas familias, empujando a algunos padres y madres a reinterpretar una muerte neonatal real como una sustracción nunca probada.
Pero tampoco conviene usar este estudio para cerrar en falso un debate que sigue siendo humano antes que estadístico. El propio Servicio de Información a Afectados por la Posible Sustracción de Recién Nacidos, dependiente del Ministerio de Justicia, continúa funcionando para centralizar documentación y perfiles genéticos de personas que buscan aclarar su origen o el destino de sus hijos. Eso revela una verdad incómoda: aunque la ciencia no respalde una trama masiva, sigue habiendo historias abiertas, archivos incompletos, identidades rotas y personas que aún no saben qué ocurrió exactamente en su caso.
La cuestión de fondo, por tanto, no es solo cuántos bebés fueron robados ni si existió una organización estatal o sanitaria dedicada a ello. La cuestión es también qué hizo el Estado, qué permitieron las instituciones religiosas y civiles, y cómo una moral basada en el castigo a las mujeres pobres y solteras pudo desembocar en adopciones opacas, inscripciones falsas o separaciones irreparables entre madres e hijos. El estudio del INTCF no borra esa historia. La depura. La obliga a salir del terreno del mito para entrar en uno más incómodo: el de las responsabilidades concretas, los abusos documentables y las víctimas reales.
En ese sentido, el hallazgo más duro no es que quizá no hubiera una gigantesca conspiración hospitalaria como se contó durante años. Lo verdaderamente devastador es que no hacía falta una trama novelesca para destrozar vidas. Bastaban el poder de la Iglesia, la autoridad médica incontestada, el desprecio hacia las madres solteras, el miedo, la pobreza y un sistema dispuesto a decidir por ellas. Ahí es donde sigue latiendo, intacta, la verdad más amarga de este país.