Algunas cifras deberían provocar un debate nacional permanente. No porque resulten extraordinarias, sino precisamente porque han terminado integrándose en el paisaje cotidiano hasta el punto de dejar de sorprender. Que España tenga 106.992 casos activos de violencia de género registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debería ser una de ellas.
No se trata de una estadística administrativa ni de un dato burocrático destinado a alimentar informes institucionales. Son 106.992 mujeres que en estos momentos permanecen dentro del sistema de seguimiento VioGén porque existe algún nivel de riesgo asociado a la violencia ejercida por sus agresores. Entre ellas, 20 se encuentran en riesgo extremo y otras 1.026 en riesgo alto. Más de un millar de mujeres viven bajo una amenaza que las autoridades consideran especialmente grave.
La magnitud de la cifra obliga a una reflexión que trasciende el análisis coyuntural. España ha avanzado de forma notable en recursos, protección policial, asistencia jurídica y mecanismos de detección, pero la persistencia de estos números pone de manifiesto una realidad difícil de eludir. La violencia machista continúa siendo uno de los principales problemas de derechos humanos y de seguridad pública del país.
Una violencia que atraviesa generaciones
Existe una imagen profundamente equivocada sobre quiénes son las víctimas de la violencia de género. Con frecuencia se presenta como un fenómeno asociado a determinados contextos sociales o a grupos de edad concretos. Los datos muestran exactamente lo contrario.
El grueso de los casos activos se concentra entre mujeres de 31 a 45 años, con 49.268 víctimas registradas. Sin embargo, la distribución atraviesa prácticamente todas las generaciones. Más de 26.000 mujeres tienen entre 18 y 30 años, mientras que más de 27.000 superan los 46 años. Incluso el sistema registra 1.355 víctimas menores de edad y más de 2.500 mujeres de 65 años o más.
La conclusión resulta evidente. La violencia de género no responde a una circunstancia excepcional ni a una realidad marginal. Está presente en todas las edades, en todos los niveles de renta y en todos los territorios. Forma parte de un problema estructural que hunde sus raíces en relaciones de dominación, control y desigualdad que continúan reproduciéndose en pleno siglo XXI. Por ese motivo, quienes intentan reducir este fenómeno a una discusión ideológica o partidista terminan ignorando la dimensión real del problema. No se trata de una batalla cultural. Se trata de miles de mujeres que viven bajo vigilancia policial porque el Estado considera que existe un riesgo cierto para su integridad física.
Los menores también están en el punto de mira
Uno de los aspectos más inquietantes de los datos publicados por el Ministerio del Interior aparece al analizar la situación de los hijos e hijas de las víctimas. De los más de 55.000 casos con menores a cargo, existen 1.749 en los que los servicios especializados consideran que esos menores podrían convertirse también en objetivo de la violencia ejercida por el agresor.
Detrás de esa cifra se encuentra una de las transformaciones más importantes que ha experimentado el abordaje institucional de la violencia machista durante los últimos años. La consideración de los menores no solo como testigos de la violencia, sino también como víctimas directas de la misma. Las investigaciones académicas y judiciales han evidenciado que muchos agresores utilizan a los hijos como una herramienta más de control, castigo o venganza contra las mujeres. Los asesinatos vicarios cometidos durante los últimos años han convertido esa realidad en una de las expresiones más crueles de la violencia machista.
Los datos de VioGén reflejan además que existen más de 14.000 casos considerados de especial relevancia, una categoría que identifica situaciones en las que la combinación de indicadores incrementa de manera significativa la probabilidad de que la víctima pueda sufrir una agresión muy grave o incluso letal. Más allá de los debates políticos, las cifras describen miles de situaciones en las que el Estado considera necesaria una vigilancia reforzada porque existe un riesgo real para la vida o la integridad de las víctimas.
La geografía de una emergencia persistente
La distribución territorial también ofrece algunas claves relevantes. Andalucía encabeza el número de casos activos con 28.279, seguida por la Comunidad Valenciana con 17.587 y la Comunidad de Madrid con 12.827. A continuación aparecen Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia y Castilla y León.
Sería un error interpretar estas cifras únicamente como un indicador de incidencia. También reflejan factores demográficos, poblacionales y la propia capacidad de detección institucional. Sin embargo, sí permiten extraer una conclusión clara. Ninguna comunidad autónoma se encuentra al margen de esta realidad. La violencia machista no entiende de fronteras autonómicas ni de diferencias territoriales. Tampoco distingue entre grandes ciudades y pequeños municipios.
Esa universalidad constituye precisamente una de las razones por las que el fenómeno exige respuestas igualmente estructurales. Las campañas de sensibilización, la educación en igualdad, la protección institucional y la coordinación entre administraciones no pueden depender de los ciclos electorales ni de las prioridades coyunturales de cada gobierno.
Una cuestión democrática
La existencia de más de 106.000 casos activos de violencia de género obliga a plantear una pregunta ¿Qué habría ocurrido en cualquier otro ámbito si más de cien mil personas necesitaran protección específica frente a una misma amenaza?. Probablemente nadie discutiría la necesidad de reforzar recursos, incrementar inversiones o mejorar los mecanismos de prevención. Sin embargo, la violencia machista sigue enfrentándose periódicamente a intentos de banalización, relativización o cuestionamiento político que contribuyen a distorsionar el debate público. Las cifras conocidas esta semana actúan como un recordatorio de la realidad.
La violencia contra las mujeres no constituye un fenómeno residual ni una cuestión secundaria dentro de la agenda pública. Es una emergencia social persistente que condiciona la vida de decenas de miles de personas y que afecta también a miles de menores. España ha construido durante años uno de los sistemas de protección más avanzados de Europa. Los datos de VioGén demuestran al mismo tiempo que la existencia de instrumentos eficaces no elimina por sí sola el problema.
La tarea pendiente continúa siendo mucho más ambiciosa. No consiste únicamente en proteger a las víctimas. Consiste en reducir el número de mujeres que algún día necesiten entrar en ese sistema.
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