Son más de cien mil casos activos. Detrás de cada uno hay una mujer identificada, valorada y en seguimiento. El dato no sorprende a quienes trabajan en ello. Lo que hace es ponerlo por escrito. El registro del Ministerio del Interior sitúa en 102.112 los casos activos de violencia de género. No es una estimación. Es el número de mujeres que, a cierre de marzo, están dentro del sistema VioGén. Casos abiertos, evaluados y bajo algún tipo de protección policial.
La mayoría se encuentra en niveles considerados bajos, pero el término engaña. Bajo no significa inexistente. Significa que el riesgo es menor dentro de una escala que incluye situaciones extremas. En esa misma fotografía hay más de mil casos en nivel alto y una veintena en riesgo extremo. Escenarios donde la amenaza es inmediata.
La violencia que no desaparece
La distribución por edades rompe un tópico persistente. No hay un perfil único. Mujeres jóvenes, adultas, mayores. La mayor concentración se sitúa entre los 31 y los 45 años, pero el problema atraviesa generaciones. También alcanza a menores. Más de mil víctimas no han cumplido los 18.
El dato más delicado aparece en otro apartado. Más de la mitad de los casos incluyen menores a cargo. En algunos de ellos, el riesgo no se limita a la mujer. Se extiende a los hijos. La violencia no se detiene en la víctima directa. El sistema detecta esos escenarios y activa alertas específicas. Informes, recomendaciones, evaluaciones adicionales. No es solo un registro. Es una herramienta de intervención que ha ido ganando precisión con el tiempo.
La expansión de VioGén también tiene una lectura institucional. Más de 800 ayuntamientos integrados, policías locales coordinadas, protocolos actualizados. Una red que no elimina el problema, pero reduce el margen de desprotección.
El mapa territorial confirma la lógica demográfica. Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid. Donde hay más población, hay más casos. No introduce excepciones. Refuerza una idea. La violencia de género no es un fenómeno localizado. Es estructural. El dato de los 102.000 no indica un empeoramiento automático. Indica capacidad de detección. Más casos identificados, más seguimiento, más intervención. El sistema registra lo que antes podía quedar fuera.
Pero esa mejora convive con una realidad constante. La violencia no desaparece. Se mantiene. Cambia de intensidad, de contexto, de forma, pero persiste.
El esfuerzo institucional se ha centrado en anticipar y proteger. Evaluar el riesgo, asignar recursos, coordinar administraciones. Responder antes de que el daño sea irreversible. La cifra, por sí sola, no explica todo. Pero fija un punto de partida. Uno que obliga a mirar más allá del dato y a entender que detrás de cada número hay una situación abierta.