La concentración silenciosa de un centenar de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas en la Plaza del Callao no fue una protesta más en el calendario sindical de Madrid. Fue una imagen cuidadosamente elegida y políticamente elocuente. Silencio en el corazón comercial de la capital para denunciar el ruido estructural de un sistema que se descompone. Bajo el lema “Quemad@s”, el sindicato SATSE Madrid puso nombre a una realidad que la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva años normalizando: el agotamiento sistemático de los profesionales como mecanismo de gestión.
Lo que está en cuestión no es una crisis coyuntural ni un problema de planificación puntual. Es el resultado acumulado de un modelo sanitario orientado a la externalización, al parche permanente y a la desresponsabilización política, donde la sanidad pública deja de concebirse como infraestructura estratégica y pasa a ser tratada como un coste a contener.
Colapso como rutina
“No es normal lo que se ha convertido en normal”. La frase, repetida por SATSE Madrid, resume la lógica que impera hoy en el Servicio Madrileño de Salud. Plantillas estructuralmente por debajo de las necesidades asistenciales. Bajas que no se cubren o se cubren tarde y de forma parcial. Permisos suspendidos bajo el eufemismo administrativo de “necesidades del servicio”. Profesionales incapaces de conciliar y obligados a asumir cargas de trabajo que erosionan su salud física y mental.
Esta precarización no es accidental. Es funcional. Un sistema con plantillas tensadas al máximo es un sistema dócil a la externalización y permeable a la privatización encubierta. Cuando la sanidad pública falla, la alternativa privada aparece como solución inevitable. El deterioro crea mercado.
Privatizar sin decirlo
La Comunidad de Madrid ha convertido la ausencia de un proyecto sanitario de largo plazo en política pública. No hay una visión estratégica para reforzar la sanidad pública. Hay una sucesión de planes parciales diseñados sin los profesionales y presentados como respuestas técnicas a problemas estructurales. El llamado Plan de Invierno, incapaz de reforzar las plantillas incluso durante la epidemia de gripe, es un ejemplo revelador. Los escasos refuerzos contratados se utilizaron para cubrir bajas ordinarias que nunca debieron existir.
Este enfoque no resuelve problemas. Los administra hasta que se vuelven crónicos. Y cuando la cronicidad se instala, la externalización de servicios y la colaboración público privada se presentan como únicas salidas viables. Es una privatización por agotamiento, no por decreto.
Fuga de profesionales
Los datos son contundentes. 650 enfermeras abandonaron Madrid en el primer semestre de 2025. No se marcharon por falta de vocación ni por ausencia de demanda laboral. Se fueron expulsadas por unas condiciones económicas, laborales y de conciliación que la Consejería de Sanidad se niega a mejorar. El discurso oficial insiste en que “no hay enfermeras disponibles”. La realidad es más incómoda. No hay un proyecto sanitario que merezca ser sostenido por quienes lo hacen funcionar.
La negativa sistemática a fidelizar talento sanitario contrasta con la facilidad para justificar contratos externos, conciertos y derivaciones. El resultado es un sistema público debilitado que depende cada vez más de soluciones privadas para sobrevivir.
Gestión sin negociación
A esta precarización se suma la negativa de la Consejería a negociar mejoras estructurales con los profesionales sanitarios. Cada avance, incluso el más modesto, requiere años de presión. No por falta de recursos ni de diagnóstico, sino por una voluntad política que concibe la negociación como una cesión y no como una herramienta de gobernanza.
La consecuencia es un deterioro profundo del clima laboral y una pérdida progresiva de calidad asistencial. El agotamiento y el estrés ya no son episodios individuales, sino condiciones sistémicas que afectan a la relación entre profesionales y pacientes. Aumentan las listas de espera. Disminuye el tiempo de atención. Se degrada la experiencia sanitaria de los ciudadanos.
Coste político del modelo
La sanidad pública madrileña fue durante décadas un referente. Hoy es un campo de batalla ideológico donde el Gobierno regional defiende un modelo que prioriza la eficiencia contable sobre la resiliencia social. La estrategia es clara. Minimizar el conflicto. Dilatar las soluciones. Externalizar los fallos.
Pero la protesta silenciosa de Callao indica que el margen de normalización se agota. Cuando quienes sostienen el sistema dejan de gritar y optan por el silencio, no es resignación. Es advertencia.
La política sanitaria de Isabel Díaz Ayuso no está generando ahorro ni modernización. Está produciendo desgaste, fuga de profesionales y una sanidad pública cada vez más frágil. Y en sanidad, como en economía, la fragilidad no se corrige con mercado, sino con Estado. Lo contrario no es eficiencia. Es abandono con discurso.