La gestión de la crisis sanitaria de 2020 en la Comunidad de Madrid ha dejado de ser únicamente un campo de batalla retórico en la Asamblea regional para adentrarse en la frialdad de los autos judiciales. La reciente decisión de un juzgado de Getafe de imputar por prevaricación a dos antiguos altos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso marca un punto de inflexión en la fiscalización de lo que la acusación ha denominado los protocolos de la infamia. Este giro jurídico no solo pone bajo el foco a los arquitectos técnicos de la estrategia sociosanitaria, sino que abre un debate profundo sobre los límites de la discrecionalidad administrativa en situaciones de emergencia extrema.
El epicentro de esta sacudida judicial se encuentra en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe, donde se investigan las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Petra Gadea, una mujer de 88 años que murió en abril de 2020 sin ser derivada a un hospital ni recibir, según la denuncia, los cuidados paliativos adecuados. Lo que comenzó como una investigación por denegación discriminatoria de la prestación sanitaria ha mutado, a instancias de la acusación popular ejercida por el PSOE, en una causa que ahora incluye el delito de prevaricación. Esta figura delictiva es especialmente sensible, pues implica la adopción de resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia, lo que eleva el caso de una posible negligencia operativa a una presunta responsabilidad política y legal de diseño estructural.
Los nombres de Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitaria, y su sucesor, Francisco Javier Martínez Peromingo, se sitúan ahora en el centro de la diana procesal. Mur fue el firmante de los documentos que presuntamente impidieron la hospitalización de miles de ancianos basados en criterios de fragilidad, mientras que Martínez Peromingo es señalado como el ideólogo de tales directrices. Al admitir la ampliación de la denuncia, el juez busca determinar si estas órdenes, que afectaron directamente a la residencia Los Ángeles y su relación con el Hospital de Getafe, se ajustaron al derecho o si constituyeron una quiebra deliberada del marco normativo para gestionar el colapso hospitalario a costa de los sectores más vulnerables de la población.
El movimiento del ministro Óscar López, quien ha calificado el avance judicial como el destape de un escándalo de dimensiones históricas, subraya la intención del Gobierno central de mantener viva la memoria de la gestión madrileña. Sin embargo, la defensa de la gestión regional siempre ha esgrimido que se trataba de criterios clínicos en un contexto de guerra sanitaria, pero la justicia parece ahora dispuesta a escrutar si hubo una decisión política consciente de priorizar unos recursos sobre otros de forma arbitraria.
El papel de Pablo Busca, responsable del Summa 112, también permanece bajo observación, completando un triunvirato de cargos técnicos que ejecutaron la logística de los traslados y la medicalización de las residencias. La tesis de las familias, agrupadas en denuncias colectivas que superan el centenar de casos, sostiene que existió una denegación sistemática de auxilio que no respondió a criterios médicos individuales, sino a una consigna administrativa generalizada. El auto judicial actual, al aceptar parcialmente la petición del PSOE, valida que existen indicios suficientes para investigar si el mandato de no derivar a hospitales fue una orden administrativa dictada con plena consciencia de su impacto letal.
Para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, esta imputación supone un desafío a su narrativa de éxito frente a la pandemia. Si los tribunales determinan que los protocolos no fueron meras recomendaciones técnicas, sino actos administrativos, el blindaje político de la Puerta del Sol podría verse seriamente agrietado. La justicia camina lenta, pero el caso de Getafe demuestra que el escrutinio sobre la gestión de las residencias no ha prescrito en la conciencia social ni en los archivos judiciales. El proceso que ahora comienza evaluará si, en la hora más oscura de la crisis, el Estado de derecho fue sustituido por una gestión de triaje burocrático que olvidó la protección de la vida como fin último de la administración pública.