La investigación sobre la gestión de la dana que dejó 229 muertos en la Comunitat Valenciana da un paso clave. La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha ordenado a la televisión pública valenciana À Punt y a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) que entreguen en un plazo de tres días las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024.
🔴 RTVE ha tenido acceso a parte de las conversaciones en el Cecopi el día de la DANA durante el receso de mas de una hora.
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 10, 2025
La grabación revela que Pradas dio indicaciones reflejadas luego en el mensaje de Es-Alert.
Eran las 7 de la tarde, momento crítico de la riada... y aún… pic.twitter.com/U5KmMzxfYU
La magistrada señala que en un procedimiento de esta gravedad, con tantas víctimas mortales, el interés público debe prevalecer sobre las reservas alegadas por el medio. En dos autos notificados este viernes, Ruiz Tobarra subraya que la negativa de À Punt a entregar el material invocando el secreto profesional no se sostiene, puesto que se trata de un medio público y de pruebas esenciales para esclarecer posibles responsabilidades penales.
“En la ponderación entre mantener oculto el audio y la cooperación en la investigación, debe prevalecer la entrega de las grabaciones”, sostiene la jueza en su resolución.
Mazón en el punto de mira
La instrucción avanza en un contexto de críticas crecientes a la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y de su Consell. Durante diez meses, el Gobierno autonómico negó la existencia de material audiovisual de la reunión del Cecopi. Incluso el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, aseguró en diciembre que no disponían de grabaciones.
Sin embargo, la propia jueza ha recordado que la reunión no fue a puerta cerrada y que participaron representantes de 29 instituciones, además de periodistas y técnicos que entraban y salían de la sala. Esta circunstancia elimina cualquier alegato de confidencialidad absoluta. Para la instructora, el ocultamiento de las grabaciones ha podido obstaculizar la investigación y retrasar el esclarecimiento de responsabilidades.
El auto es contundente: las imágenes son clave para demostrar si, como indican las pruebas ya difundidas por RTVE, la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas —imputada en la causa— dio instrucciones para el envío del ES-Alert, contradiciendo su versión en sede judicial. La jueza apunta que si la alerta se hubiera enviado antes, podrían haberse salvado vidas.
Transparencia y responsabilidad pública
La magistrada critica la actitud de À Punt, que alegó que solo entregaría el material si se le exigía judicialmente para evitar responsabilidades penales de sus trabajadores. Ruiz Tobarra replica que las grabaciones pertenecen a una sociedad de carácter público y deben ponerse a disposición del juzgado sin reservas.
La jueza recuerda que ya se han emitido fragmentos por RTVE, lo que demuestra que no existe un carácter reservado del encuentro y que el derecho a la información está plenamente legitimado en este caso. Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avala la difusión de material de relevancia comunitaria incluso sin requerimiento previo, dada su importancia para el interés general.
Petición a Emergencias y productora externa
En un segundo auto, Ruiz Tobarra requiere a Emergencias de la Generalitat y a la productora contratada que remitan todo el material audiovisual de la reunión del Cecopi. Este paso se produce después de que el conseller Juan Carlos Valderrama ofreciera entregarlo voluntariamente al conocerse que el Consell había negado su existencia durante meses.
La magistrada busca despejar cualquier duda sobre quién decidió retrasar el envío de la alerta masiva a los móviles. El mensaje llegó a las 20:11 horas, cuando ya se habían producido la mayoría de víctimas mortales y muchas personas permanecían atrapadas en garajes y plantas bajas.
Una investigación con implicaciones políticas
Este caso no es un simple análisis técnico de protocolos de emergencia: se investiga si la tardanza en activar el sistema de alerta supuso una negligencia grave y si hubo responsables políticos que intentaron ocultar su papel en la toma de decisiones.
La jueza subraya que la presencia de personas ajenas al Cecopi en la reunión obliga a extremar la transparencia. Para Ruiz Tobarra, las grabaciones no solo ayudarán a esclarecer los hechos, sino que también desmentirán las versiones oficiales que han intentado minimizar la responsabilidad del Consell.
Las familias de las víctimas reclaman desde hace meses verdad y justicia. Cada avance judicial que demuestra opacidad o contradicciones en las declaraciones de altos cargos aumenta la presión sobre el presidente Mazón, que ha defendido a su consellera y a su equipo de Emergencias incluso frente a las pruebas audiovisuales difundidas por RTVE.
Contexto cronológico de la tragedia
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29 de octubre de 2024, 15:00 h — Se reúne el Cecopi para coordinar la emergencia.
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17:00 h — Se registran las primeras muertes por la riada.
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20:11 h — Llega el ES-Alert a los móviles, cuando la catástrofe ya estaba desatada.
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Noviembre 2024 — Se abre la causa en el Juzgado de Catarroja.
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Abril 2025 — Declara como investigada Salomé Pradas, que niega haber dado la orden del aviso.
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Septiembre 2025 — RTVE emite imágenes que muestran a Pradas dando instrucciones.
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19 de septiembre de 2025 — La jueza requiere formalmente las grabaciones completas a À Punt y Emergencias.
Próximos pasos
Las resoluciones notificadas este viernes pueden ser recurridas en un plazo de tres días (reforma) o de cinco días (apelación). No obstante, la jueza advierte que la entrega de las grabaciones es imprescindible para el avance de la investigación.
Con esta decisión, la instrucción avanza en la dirección de esclarecer responsabilidades políticas y técnicas en una tragedia que conmocionó a toda la Comunitat Valenciana. La sociedad espera respuestas y que se depuren responsabilidades en todos los niveles, incluidos los más altos del Consell de Mazón.