El PSOE ha dado un paso clave en la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre sus finanzas internas al entregar toda la documentación relativa a los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024, tal y como había reclamado el juez Ismael Moreno. Se trata de un volumen de información especialmente sensible que el partido ha solicitado que sea analizado en una pieza separada bajo secreto de sumario, con el objetivo de impedir que esos datos acaben en manos de las acusaciones populares.
La decisión judicial no es menor. El magistrado investiga posibles irregularidades en los abonos en efectivo realizados por el partido durante siete años, en un contexto marcado por los descuadres detectados en los pagos vinculados a José Luis Ábalos y Koldo García, figuras centrales en una causa que amenaza con abrir un frente político y judicial de gran alcance.
Desde la óptica del PSOE, la entrega de la documentación busca cumplir estrictamente con el requerimiento judicial, pero también proteger información interna que afecta no solo a dirigentes investigados, sino a cargos públicos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios que han recibido compensaciones por gastos ordinarios como comidas, hoteles, gasolina o kilometraje. De ahí la insistencia del partido en que el análisis se realice bajo estrictas garantías de confidencialidad.
El juez Moreno había solicitado inicialmente todas las liquidaciones de gastos en metálico abonadas por el partido desde 2017, así como los documentos justificativos que respaldan cada pago: facturas, tickets o recibos. Ante lo que el PSOE consideró una petición “genérica”, la formación preguntó formalmente si debía limitarse a los gastos relacionados con Ábalos y Santos Cerdán, ambos investigados, o si debía extenderse al conjunto de su estructura. La respuesta del instructor fue tajante: todos los pagos, sin excepción, debían ser remitidos a la Audiencia Nacional.
Ese alcance total revela la dimensión del análisis que pretende el juzgado. No se trata únicamente de seguir el rastro del dinero en torno a figuras concretas, sino de examinar el funcionamiento interno del partido en materia de pagos en efectivo, un terreno especialmente delicado en cualquier organización política por su potencial opacidad y por los riesgos legales asociados.
En paralelo, el magistrado ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la elaboración de un informe exhaustivo sobre los documentos, mensajes escritos y audios incorporados a la causa que puedan guardar relación con esos pagos. Para ello, el juez ha solicitado autorización al Tribunal Supremo —donde se instruye la causa contra Ábalos y Cerdán— con el fin de que los agentes puedan acceder a las evidencias digitales intervenidas, incluidos los mensajes y grabaciones atribuidos a Koldo García.
El impulso de estas diligencias responde a la petición expresa del fiscal Anticorrupción, Luis Pastor Motta, quien considera que la documentación aportada inicialmente por el PSOE no resulta suficientemente esclarecedora. En su criterio, es necesario profundizar en el análisis para “despejar las incógnitas existentes” sobre el modo, el motivo y la trazabilidad de los pagos en metálico realizados por la formación.
La hipótesis que planea sobre la investigación es grave. El fiscal apunta a que los descuadres detectados podrían responder a escenarios de blanqueo de capitales, a un posible desfalco interno contra el propio partido o a otras eventuales irregularidades aún por determinar. Ninguna de estas posibilidades implica automáticamente una culpabilidad, pero todas colocan al PSOE bajo una presión judicial y política significativa.
En términos políticos, el caso llega en un momento especialmente sensible para el partido, que se ve obligado a defender su gestión financiera mientras insiste en que colabora plenamente con la Justicia. La solicitud de secreto de sumario busca evitar una exposición pública descontrolada de datos internos que podrían alimentar un juicio mediático paralelo, pero también refleja la conciencia de que lo que se investiga no es un episodio aislado, sino un patrón de funcionamiento durante siete años.
Más allá del desenlace judicial, la investigación plantea una cuestión de fondo que trasciende al propio PSOE: el uso del efectivo en los partidos políticos, sus controles internos y su encaje en un contexto de creciente exigencia de transparencia. La Audiencia Nacional no solo examina números; examina prácticas, y el resultado de ese escrutinio podría sentar un precedente relevante para el conjunto del sistema político español.