Hay victorias que se ganan en las urnas y victorias que se ganan contra todo pronóstico. La de Pedro Sánchez en mayo de 2017 pertenece a esa segunda categoría. Pocos lo anticipaban. Él mismo había abandonado la Secretaría General del PSOE, se había enfrentado a buena parte de la dirección de su partido y, sin embargo..., volvió. Regresó al liderazgo socialista derrotando a Susana Díaz y a Patxi López en unas primarias que reconstruyeron su poder desde abajo, desde las bases. Casi una década después, el dinero que financió aquella campaña está bajo el escrutinio de la justicia.
Y aquí conviene detenerse un momento. Porque una cosa es investigar y otra muy distinta es condenar. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dirige una investigación que examina la presunta financiación irregular del PSOE. En ese marco, ha incorporado documentación relacionada con las aportaciones recibidas por las candidaturas de las primarias de 2017. Según las informaciones publicadas por El Confidencial, el magistrado solicitó al Tribunal de Cuentas los registros correspondientes. El organismo fiscalizador remitió información sobre los movimientos económicos de aquella campaña y otros aspectos de la contabilidad socialista.
La cuestión, sin embargo, tiene una dimensión política que va más allá de una simple contabilidad electoral. Piénsese un momento. Si una candidatura obtiene financiación por canales que no permiten identificar adecuadamente el origen del dinero, la transparencia de un proceso interno queda comprometida. Y cuando ese proceso decide quién dirige un partido que después llega al Gobierno..., las dudas adquieren una trascendencia institucional evidente. No es lo mismo una caja opaca en un club de barrio que en la sala donde se decide quién preside España.
El origen del dinero
Según la información publicada sobre la pieza separada, el juez Moreno quiere comprobar si las personas que figuran como donantes de la candidatura de Sánchez entregaron realmente las cantidades que aparecen registradas y si los fondos procedían de fuentes lícitas. La investigación trata de determinar si hubo aportaciones cuya identidad o procedencia no se correspondiera con lo declarado.
La documentación remitida por el Tribunal de Cuentas incluiría movimientos vinculados a las primarias, aportaciones de militantes y cargos públicos, donaciones en especie y registros de cuentas bancarias utilizadas por el PSOE entre 2017 y 2024. La relevancia de esos papeles dependerá, claro está, de su contenido y de las comprobaciones que realicen los investigadores.
El foco está también en Bancal de Rosas, la plataforma de micromecenazgo que Sánchez utilizó para recaudar fondos durante su regreso a la dirección socialista. Según las informaciones difundidas sobre aquella campaña, la iniciativa reunió alrededor de 128.000 euros en pocas semanas. Aportaciones individuales que rondaban, de media, los 50 euros. El crowdfunding ofrecía una imagen de movilización ciudadana: miles de pequeñas contribuciones para sostener una candidatura enfrentada a las estructuras tradicionales del partido. Una imagen potente, sin duda. Pero la legitimidad política de esa fórmula depende de que el dinero se gestione conforme a las reglas aplicables y de que sus aportaciones puedan ser fiscalizadas. Si no, la belleza del relato se queda en eso, en relato.
El Tribunal de Cuentas había considerado que las primarias formaban parte de la actividad ordinaria de las formaciones políticas. Por tanto, debían respetar la normativa correspondiente. El problema que ahora se examina no es la existencia de una plataforma de donaciones. Eso es legal. Lo que se mira es si las aportaciones registradas reflejan de manera fiel las operaciones que realmente tuvieron lugar.
Si las cantidades, las identidades y la procedencia de los fondos coinciden con los registros, esa comprobación permitirá despejar dudas. Si aparecen discrepancias, será necesario determinar su naturaleza, su importancia y quién pudo ser responsable de ellas. La diferencia entre un error contable, una infracción administrativa y un posible delito no puede establecerse mediante insinuaciones políticas. Requiere pruebas. Y una valoración jurídica. Ni más, ni menos.
El precedente de 2014 aumenta la presión política
La investigación sobre la financiación de 2017 se produce en un contexto marcado por las revelaciones sobre las primarias socialistas de 2014. En junio de 2025, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil señaló en un informe conversaciones entre Santos Cerdán y Koldo García relacionadas con la posible introducción irregular de papeletas durante aquel proceso. En uno de los mensajes Cerdán habría indicado a García que introdujera dos papeletas sin que nadie lo viera. La UCO consideró que la conversación podía apuntar a una manipulación de votos. Aunque el episodio descrito afectaba a dos papeletas y no demuestra por sí solo que el resultado general de aquellas primarias quedara alterado. Sánchez defendió entonces la limpieza del proceso y recordó que su victoria frente a Eduardo Madina se produjo por una diferencia de miles de votos.
La conexión política es inevitable: Cerdán y Koldo formaron parte del entorno que acompañó a Sánchez en su trayectoria dentro del PSOE. También participaron en su campaña de 2017. Pero esa proximidad no constituye prueba de que el líder socialista conociera una eventual irregularidad financiera. Para establecer responsabilidades individuales, los investigadores deben acreditar conductas concretas y el grado de conocimiento o participación de cada persona. La sombra de la sospecha no es lo mismo que la luz de la prueba.
La relevancia del antecedente reside en que vuelve a colocar bajo examen las condiciones en las que se construyó el poder interno del actual presidente. Si la investigación sobre las donaciones de 2017 encuentra irregularidades, el impacto no dependerá únicamente de las cantidades afectadas. Dependerá de si hubo mecanismos para ocultar a los verdaderos aportantes o el origen del dinero. Ahí está la clave.
La transparencia de Ferraz
La investigación se inscribe en una revisión más amplia de las finanzas socialistas. La pieza separada abierta por Moreno se centró inicialmente en pagos en efectivo realizados por el PSOE, incluidos abonos de dietas y gastos a dirigentes. Ls investigadores examinan si determinados movimientos se ajustaron a la normativa y si existen indicios de financiación irregular u otros delitos. En ese contexto, la documentación sobre las primarias puede ayudar a reconstruir cómo se administraron los recursos del partido y qué controles existían sobre las aportaciones. No obstante, cada línea de investigación debe analizarse por separado. Las posibles irregularidades en pagos internos no prueban automáticamente que las donaciones de una campaña fueran ilícitas. Del mismo modo que una discrepancia contable no demuestra por sí sola la existencia de una trama organizada.
El PSOE se ha enfrentado también a preguntas sobre la identidad de los mecenas de Bancal de Rosas y la información facilitada a las instituciones parlamentarias. La transparencia en este terreno no es un detalle burocrático. Los partidos desempeñan funciones esenciales en la democracia y administran recursos que deben estar sujetos a reglas claras, controles efectivos y mecanismos de rendición de cuentas.
La obligación de esclarecer los hechos no corresponde únicamente al partido investigado. También exige que los responsables públicos eviten presentar sospechas como condenas y que las instituciones actúen sin presiones partidistas. La presunción de inocencia protege a las personas investigadas. Pero no elimina el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se financian las organizaciones que aspiran a gobernarlos. Ambas cosas pueden y deben coexistir.
Crisis de confianza que depende de las pruebas
Para Sánchez, el desafío es doble. En el terreno judicial, la investigación debe determinar si existieron irregularidades y, en su caso, quiénes participaron en ellas. En el político, el presidente y su partido necesitan ofrecer explicaciones suficientes para evitar que la incertidumbre sobre las cuentas se convierta en una crisis prolongada de confianza. El desenlace dependerá de la documentación bancaria, los registros de aportaciones, las declaraciones de los implicados y el informe que elabore la Guardia Civil. Solo después de analizar esas pruebas podrá establecerse si las sospechas tienen fundamento y qué responsabilidades, si las hubiera, serían exigibles.
Las primarias de 2017 fueron un momento decisivo en la trayectoria de Sánchez y en la evolución del PSOE. Investigar su financiación no equivale a invalidar aquella victoria ni permite anticipar una conclusión judicial. Sí plantea una exigencia democrática ineludible: que los partidos puedan demostrar de dónde procede el dinero con el que sostienen sus campañas y que sus cuentas resistan una fiscalización rigurosa.
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