La investigación judicial sobre la dana que arrasó la comarca de l’Horta (Valencia) el pasado 29 de octubre ha dado un giro clave tras la declaración de Inmaculada Piles, jefa de servicio del 112 de la Generalitat Valenciana. Ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, Piles ha confirmado que el Gobierno central pidió el envío de la alerta masiva a móviles (Es Alert) a las 18:35, más de hora y media antes de que se difundiera finalmente, a las 20:11, cuando la catástrofe ya había causado la mayoría de las víctimas mortales.
Según ha relatado la funcionaria, la solicitud partió de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que a esa hora instó a emitir el mensaje de emergencia para advertir a la población del peligro extremo por el desbordamiento del barranco del Poyo. Sin embargo, la Generalitat retrasó su envío hasta que fue demasiado tarde.
Un aviso que llegó con la riada desatada
La comparecencia de Piles, licenciada en Físicas y máxima responsable técnica del 112, ha puesto en evidencia el descontrol de las horas cruciales de la catástrofe. Cuando recibió la orden de preparar el Es Alert, el barranco del Poyo ya se había desbordado, inundando municipios como Torrent y provocando una ola que sepultó amplias zonas de Paiporta y Catarroja. Solo en estas dos localidades se contabilizan 81 fallecidos: 56 en Paiporta y 25 en Catarroja, según los datos oficiales.
“Hay un correo que manda Juan Ramón Cuevas, de Emergencias, con propuestas de redacción del mensaje. Es a las 18:35. Luego, Patricia García, responsable de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, me dice: ‘Inma, esto es necesario, el Es Alert’”, declaró Piles ante la jueza, según fuentes presentes en el interrogatorio.
La funcionaria explicó que trasladó inmediatamente esta petición al subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, también citado a declarar como testigo. Tanto él como Piles están obligados a decir la verdad ante el tribunal, ya que comparecen en calidad de testigos y no de investigados, a diferencia de los dos altos cargos del Consell imputados en el caso: Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, quien fuera su número dos.
Presidencia pidió una “ruta segura” en plena emergencia
Otro de los detalles revelados por Piles ante la jueza muestra que el gabinete del president Carlos Mazón era plenamente consciente de la gravedad de la situación desde primeras horas de la mañana. A las 12:05 del 29 de octubre, la jefa del 112 recibió un mensaje de WhatsApp del entonces secretario autonómico de Interior, Emilio Argüeso, en el que le pedía información sobre la mejor ruta para viajar desde Xàtiva a Valencia “para Presidencia”, una zona atravesada precisamente por el barranco del Poyo, origen de la riada.
“Me pregunta cómo ir desde las zonas afectadas a Valencia, que no esté cortado. Es para Presidencia”, recordó Piles. Este intercambio demuestra que la cúpula de la Generalitat conocía ya a media mañana la magnitud del desastre, pero mantuvo su agenda oficial sin alteraciones.
Mazón mantuvo su agenda pese a la alerta roja
Según fuentes del propio Consell, Carlos Mazón fue informado a las 9:00 de la activación de la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), decretada a las 7:36, y encargó un informe sobre el riesgo a su equipo. Aun así, decidió mantener todas sus actividades públicas.
A las 12:30, el president asistió a la presentación de la Estrategia Autonómica de Salud Digital; a las 13:45, participó en una reunión con agentes sociales para hablar de los presupuestos autonómicos, y a las 15:00 puso rumbo al céntrico restaurante El Ventorro, donde almorzó con la periodista Maribel Vilaplana. La comida se prolongó hasta las 18:45, casi al mismo tiempo que el Gobierno central reclamaba el envío urgente del Es Alert.
Mientras tanto, las lluvias torrenciales seguían cayendo sobre las comarcas de l’Horta y la Ribera, los cauces menores se desbordaban y las carreteras principales quedaban intransitables. El retraso en el envío de la alerta impidió que muchas personas recibieran a tiempo el aviso para refugiarse en zonas seguras.
La gestión, bajo la lupa judicial
La jueza Ruiz Tobarra investiga si la respuesta tardía de la Generalitat Valenciana ante la dana pudo agravar las consecuencias de la catástrofe. La instrucción se centra en determinar por qué se tardó tanto en activar el Es Alert y si existió negligencia por parte de los altos cargos encargados de coordinar la emergencia.
Piles, que fue la responsable técnica que activó las alertas hidrológicas del río Magro y del barranco del Poyo, ha defendido que siguió los protocolos, pero reconoció ante la magistrada que hubo “mucha presión y confusión” en las comunicaciones entre los diferentes niveles de la administración.
El testimonio de la jefa del 112 es clave porque, hasta ahora, la Generalitat había sostenido que la decisión de emitir el aviso se tomó en función de los datos disponibles en ese momento, sin presión externa. Sin embargo, la declaración de Piles contradice esa versión y sitúa la responsabilidad de la demora en la cadena de mando política.
Las víctimas exigen respuestas
Las familias de los fallecidos y desaparecidos, que ejercen como acusación particular, reclaman que se determinen las responsabilidades políticas y técnicas por la gestión tardía y descoordinada de la emergencia. Fuentes de las acusaciones apuntan a que las declaraciones de Piles y de otros testigos “confirman que hubo margen para actuar antes y evitar parte de la tragedia”.
Por su parte, desde el entorno de Mazón se insiste en que el president “siguió los protocolos establecidos” y que la alerta se envió “en cuanto se validó su contenido”. Sin embargo, la documentación incorporada a la causa —correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y registros horarios— muestra contradicciones notables entre las versiones oficiales y lo que realmente ocurrió.
A medida que avanzan las declaraciones, la instrucción judicial va desgranando una cadena de decisiones políticas y técnicas que no se tomaron a tiempo, mientras el agua seguía arrasando viviendas, carreteras y vidas humanas. Lo que debía ser un aviso preventivo se convirtió, según los familiares de las víctimas, en un mensaje tardío que solo sirvió para confirmar el desastre.
La investigación continúa, pero el testimonio de la jefa del 112 ha abierto un antes y un después: ha puesto nombre, hora y responsabilidad a uno de los errores más graves en la gestión de emergencias que recuerda la Comunidad Valenciana.