La crisis de la vivienda ha reunido este lunes a las principales fuerzas de la izquierda parlamentaria a las puertas del Hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada la semana pasada después de vivir durante más de siete décadas en su domicilio. La comparecencia conjunta de representantes de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG ha servido para trasladar al Gobierno una exigencia compartida: el real decreto que pretende aprobar este martes el Consejo de Ministros debe incluir medidas estructurales para proteger a los inquilinos y no limitarse a una respuesta de mínimos.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha ejercido de portavoz durante la comparecencia y ha advertido de que las negociaciones con el PSOE todavía están lejos de satisfacer las demandas planteadas por las organizaciones sociales. La dirigente de Más Madrid ha elevado la presión sobre su socio de Gobierno con una advertencia expresa ante la reunión del Consejo de Ministros: «Mañana nos vamos a plantar nuevamente si ese decreto no lleva todas las medidas».
La convocatoria se produce mientras continúa la acampada de protesta en la Puerta del Sol y el Ejecutivo negocia contrarreloj una norma cuya posterior convalidación parlamentaria requiere reunir apoyos entre formaciones que mantienen posiciones diferentes sobre la regulación del mercado del alquiler.
Mónica García advierte al PSOE: «Ya no valen ni medias tintas ni parches»
La ministra de Sanidad ha sido especialmente crítica con el ritmo de las negociaciones y ha acusado al PSOE de retrasar durante demasiado tiempo la adopción de medidas que considera necesarias para afrontar la crisis residencial.
«Llevamos mucho tiempo empujando al Partido Socialista, que ha ido arrastrando los pies para poner medidas eficaces», ha afirmado García, para quien el desahucio de Maricarmen representa un punto de inflexión que obliga a abandonar las soluciones parciales.
La ministra ha defendido que el decreto debe garantizar la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, regular los alquileres de temporada y por habitaciones, limitar los incrementos de los precios y establecer mecanismos que permitan prolongar los contratos de arrendamiento sin que los inquilinos tengan que enfrentarse periódicamente a la posibilidad de perder su vivienda.
García también ha cuestionado que las políticas públicas se concentren exclusivamente en aumentar la construcción o establecer incentivos fiscales, dos instrumentos que considera insuficientes si no van acompañados de medidas sobre los precios y la estabilidad contractual.
En sus críticas ha incluido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de favorecer los intereses de los fondos de inversión inmobiliaria. Asimismo, ha responsabilizado a PP y Vox de obstaculizar iniciativas legislativas que, según su interpretación, podrían haber proporcionado mayor protección a personas en situaciones semejantes a la de Maricarmen.
Congelación de alquileres y renovación automática: las exigencias de Sumar
La negociación del decreto sigue abierta y las diferencias se concentran en el alcance de las medidas de protección residencial. Desde Sumar insisten en que el texto debe incorporar tres elementos que consideran centrales: congelar los precios y establecer una prórroga reforzada de dos años para los contratos que finalicen antes de 2028, regular los arrendamientos por habitaciones y garantizar la renovación automática de los contratos.
La formación también reclama una protección completa frente a los desahucios, combatir el fraude relacionado con los pisos turísticos y cerrar las vías utilizadas para eludir las limitaciones aplicables al alquiler residencial ordinario.
Estas propuestas coinciden con varias de las reivindicaciones que el Sindicato de Inquilinas ha trasladado al Ejecutivo mediante el denominado Decreto Maricarmen, una iniciativa que pretende aprovechar la tramitación de la nueva norma para introducir mecanismos de protección que vayan más allá de las medidas de emergencia.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha respaldado públicamente esta posición y ha advertido de que Sumar no aceptará un decreto que considere insuficiente ante la situación actual del mercado residencial.
«No vamos a dar por bueno un decreto que no esté a la altura de la emergencia que vivimos», ha señalado Díaz, que reclama incorporar la prórroga de los contratos, la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones y medidas contra el fraude turístico.
Compromís y ERC reclaman contratos estables y medidas que respondan a las movilizaciones
Durante la comparecencia, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha defendido que la nueva regulación debe avanzar hacia contratos de alquiler de mayor duración y abordar las modalidades de temporada y por habitaciones, que considera dos de los principales aspectos pendientes de la legislación actual.
Ibáñez ha advertido de que, a menos de veinticuatro horas del Consejo de Ministros, todavía no se dan las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo satisfactorio. También ha reclamado que el decreto envíe un mensaje a las comunidades autónomas que se niegan a aplicar los mecanismos de la Ley de Vivienda, poniendo como ejemplo la Comunidad Valenciana y las dificultades para declarar municipios tensionados.
Por parte de ERC, la diputada Etna Estrems ha pedido al Gobierno que escuche las reivindicaciones expresadas en las movilizaciones y que incorpore al texto las propuestas elaboradas por el Sindicato de Inquilinas.
La representante republicana ha defendido que existen instrumentos legales para intervenir en el mercado residencial y ha señalado como referencia algunas de las medidas adoptadas en Cataluña para regular los pisos turísticos y los alquileres de temporada y habitaciones.
Su intervención también ha incluido un llamamiento a trabajar por una mayoría parlamentaria que permita convalidar el decreto una vez aprobado por el Consejo de Ministros.
La negociación con Junts complica el acuerdo dentro del propio Gobierno
La comparecencia conjunta llega en un momento especialmente delicado para las negociaciones parlamentarias. El PSOE mantiene conversaciones con Junts para explorar un acuerdo sobre el decreto, mientras Sumar insiste en que las medidas planteadas hasta ahora no responden suficientemente a sus reivindicaciones.
La formación independentista catalana ha puesto sobre la mesa propuestas centradas en los incentivos fiscales, la protección de los pequeños propietarios y la limitación de determinadas operaciones de fondos de inversión inmobiliaria.
Su portavoz nacional, Josep Rius, ha confirmado que continúan las conversaciones y ha pedido que el futuro decreto no incorpore materias ajenas a la vivienda, al tiempo que reclama buscar puntos de encuentro entre las distintas formaciones.
Las diferencias entre los grupos afectan tanto al contenido de la norma como a las posibilidades de reunir los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso. El Gobierno debe decidir qué medidas incorpora al Consejo de Ministros del martes mientras sus socios reclaman un texto que contemple sus principales exigencias.
Maricarmen convierte la emergencia habitacional en una exigencia política
La elección del Hospital Gregorio Marañón como escenario de la rueda de prensa sitúa el caso de Maricarmen en el centro de las negociaciones. Su desahucio ha impulsado las movilizaciones que continúan en Madrid y ha convertido la protección de las personas mayores y vulnerables en una de las cuestiones presentes en el debate sobre el futuro decreto.
Entre los asistentes a la comparecencia se encontraban la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el dirigente de Izquierda Unida Enrique Santiago y representantes de las distintas formaciones convocantes, que han mostrado conjuntamente su respaldo a las reivindicaciones de las organizaciones de inquilinos.
La convocatoria también ha permitido visualizar una posición compartida entre partidos que mantienen diferencias en otros asuntos: reclamar que las medidas de protección residencial formen parte del decreto y que su contenido no se reduzca durante las negociaciones.
A menos de veinticuatro horas de la reunión del Consejo de Ministros, todavía no existe un acuerdo cerrado sobre el alcance de la norma. El Gobierno afronta así una negociación que deberá resolver tanto las discrepancias entre PSOE y Sumar como las exigencias de los grupos parlamentarios de cuya posición dependerá su posterior convalidación.
La advertencia expresada este lunes por Mónica García introduce, además, la posibilidad de un nuevo desencuentro dentro de la coalición gubernamental si el texto que llega al Consejo de Ministros no incorpora las medidas que reclama su espacio político.
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