Isabel Díaz Ayuso y la contabilidad de la infamia

Los políticos, de cualquier signo político, tienen la querencia, como los toros mansos, de reducir las vidas humanas a simples decimales estadísticos. Esta semana, la escena pública madrileña asistió a un ejercicio desolador de deshumanización burocrática. Cuando la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, decidió valorar la ejecución judicial que dejó en la acera a Maricarmen, una mujer de ochenta y siete años, enferma y en silla de ruedas.

Lejos de mostrar una brizna de empatía o de cuestionar la impunidad con la que los fondos buitre devoran el tejido social de la capital, la respuesta de Ayuso consistió en diluir la tragedia en un mar de cifras comparativas. Despachando el drama como uno más de los miles de lanzamientos que se ejecutan cada año en el país.

Sin embargo, reducir el calvario de Maricarmen a un frío dato estadístico no es solo un error de análisis, sino la certificación de un crimen moral perpetrado bajo la cobertura de la legalidad.

No estamos ante un inevitable ajuste de cuentas entre particulares. Ni ante un incidente menor en las hojas de balance de la administración de la vivienda. Que una mujer en el crepúsculo de su vida, tras décadas pagando religiosamente su techo y arrastrando un severo deterioro físico, sea expulsada a la fuerza para que una sociedad de especulación maximice su margen de rentabilidad representa una quiebra absoluta del pacto democrático.

Convertir esa violencia inmobiliaria en una barra libre de reproches cruzados entre administraciones demuestra hasta qué punto la política española ha decidido dar la espalda a los más vulnerables. Pues bien. Ahí está el verdadero problema.

En su intervención en un foro del Círculo de Empresarios, Ayuso echó mano del clásico recurso de la dispersión de culpas para neutralizar el impacto del desahucio. Al recordar que la Policía Nacional ejecuta por orden judicial miles de lanzamientos al año en toda la geografía nacional, Díaz Ayuso intentó trasladar toda la responsabilidad hacia el Palacio de la Moncloa. Acusando al Ejecutivo central de promover una "barra libre de demagogia" con recursos públicos.

Bajo este prisma, la dramática expulsión de una octogenaria desamparada pasa a ser catalogada como un simple trámite judicial rutinario. Un engranaje inevitable de un sistema legal que, según la propia lideresa, los socios del Gobierno han sido incapaces de modificar.

La maniobra de distracción se completó con la habitual contabilidad autonómica cruzada. Al esgrimir que comunidades como Cataluña o la Comunidad Valenciana encabezan las listas absolutas de lanzamientos judiciales por encima de Madrid, el discurso de Ayuso pretende anestesiar la conciencia colectiva. Decir que por cada desalojo en Madrid se producen varios en el territorio catalán es un consuelo macabro que no devuelve el techo a quien lo ha perdido todo.

Utilizar la estadística como un arrojadizo partidista para señalar la especulación de los fondos inmobiliarios en otras latitudes no sirve para tapar la realidad sangrienta que se vive a las puertas de las viviendas madrileñas.

Detrás del escudo estadístico subyace una defensa cerrada de un modelo económico que sitúa el rendimiento del capital por encima de la dignidad humana. En el relato de Ayuso, Madrid destaca como la autonomía donde más vivienda protegida y libre se edifica de todo el Estado. Un logro atribuido directamente a políticas de desregulación basadas en la protección de la propiedad y la atracción de grandes inversores. No obstante, para los colectivos sociales y los ciudadanos asfixiados por la escalada infame de las rentas, esa pretendida prosperidad liberal es la misma que pavimenta el camino para que fondos especulativos sin rostro humano liquiden el derecho a la vivienda.

La gran contradicción del modelo Ayuso reside en presumir de equilibrio económico mientras las familias de renta media y baja son expulsadas de sus barrios históricos. Cuando el mercado inmobiliario se transforma en un tablero de Monopoly donde los activos se compran y venden a miles de kilómetros de distancia, la emergencia habitacional en la Comunidad de Madrid deja de ser una anomalía para convertirse en una consecuencia directa del sistema.

Celebrar la llegada de capitales internacionales mientras las fuerzas de seguridad custodian el desahucio de una anciana en silla de ruedas no es un triunfo de la libertad. Es la consagración de la codicia como norma rectora de la convivencia.

El caso de Maricarmen deja al descubierto la realidad que demuestra que la protección social se evapora exactamente en el momento en que un fondo buitre exige su tajada. La falta de un parque de vivienda pública genuino y la negativa a aplicar mecanismos efectivos que frenen la inflación desmedida de las rentas convierten los textos constitucionales en papel mojado.

Ninguna apelación al respeto de las leyes ni ningún reproche sobre la gestión tributaria de otras comunidades pueden tapar el vacío ético de una administración que asiste impasible a la expulsión de sus ancianos. La legalidad formal no puede ser el disfraz con el que las instituciones públicas se lavan las manos ante la barbarie.

Si una ley permite que una persona de ochenta y siete años sea arrojada a la calle sin una alternativa habitacional digna y permanente, esa ley no es un instrumento de justicia. Es, más bien, una herramienta al servicio del despojo.

El verdadero peligro que afronta Madrid no radica en la crispación de los debates parlamentarios. Ni en las acusaciones cruzadas de populismo entre partidos. El peligro real es la insensibilidad. La costumbre de ver cómo los abuelos de nuestros barrios son despojados de sus recuerdos y de su dignidad mientras los responsables políticos se intercambian reproches y cuadros comparativos en la televisión.

Maricarmen no es un número en una tabla de Excel. Ni un porcentaje que sirva para presumir de gestión frente a Cataluña o Andalucía. Su nombre representa la dignidad pisoteada de miles de vecinos que ven cómo el derecho a un hogar ha sido entregado sin condiciones al mejor postor.

Hasta que las instituciones no entiendan que defender a la ciudadanía exige frenar los pies a la codicia especulativa, el discurso de la prosperidad seguirá sonando a sarcasmo para todos aquellos que, cada mañana, miran con pánico la puerta de su casa. Porque hay dramas que no se pueden reducir a cifras. Y este es uno de ellos.