La problemática del abuso de temporalidad en el sector público ha regresado con fuerza al centro de la agenda política e institucional tras la contundente interpelación del diputado Josep Pagès i Massó al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En un discurso cargado de reproches hacia la actuación del Estado y de denuncia sobre el incumplimiento de los estándares europeos, el parlamentario puso voz a una problemática que afecta desde hace años a cientos de miles de trabajadores públicos en España y que sigue sin encontrar una solución estable.
Desde el inicio de su intervención, Pagès quiso dejar claro que no se trataba únicamente de una cuestión técnica vinculada a oposiciones o retrasos administrativos, sino de un problema estructural enquistado en el funcionamiento de las administraciones públicas. “Me gustaría hablar del abuso de temporalidad estructural que sufren los funcionarios interinos, los servidores públicos”, afirmó ante el Defensor del Pueblo, marcando el tono político de una intervención especialmente crítica con las políticas impulsadas hasta ahora por el Estado.
Uno de los aspectos más relevantes del discurso de Josep Pagès fue la amplitud del colectivo al que hizo referencia. El diputado insistió en que el problema no afecta solo a sectores concretos, sino a prácticamente toda la estructura pública española.
“Este grave problema lo sufren centenares de miles de personas, en los cuerpos de administración general del Estado, autonómicos o locales, lo sufren los funcionarios de justicia, también los letrados de administración de justicia y también por cierto las juezas y fiscales”, señaló. A continuación, amplió todavía más el alcance de la denuncia al incluir “la sanidad, la educación, los servicios sociales, con la consiguiente afectación en la calidad de los servicios públicos”.
Con estas palabras, Pagès vinculó directamente la precariedad laboral de los trabajadores interinos con el deterioro del funcionamiento institucional. La temporalidad deja así de presentarse como un conflicto exclusivamente laboral para convertirse también en un problema de calidad democrática y de eficacia administrativa.
La Ley 20/2021, señalada como un fracaso político y jurídico
El momento más duro de la interpelación llegó cuando el diputado cuestionó abiertamente la eficacia de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno en esta materia.
“La ley 20/2021 ha sido un fracaso”, sentenció de manera tajante. Pero no se limitó a cuestionar sus resultados, sino que denunció una desviación del objetivo inicial de los procesos de estabilización.
“No solo no ha resuelto la temporalidad, sino que en muchos casos se ha producido una perversión por la que los procesos que debían servir para estabilizar a los trabajadores públicos temporales objeto de abuso han acabado siendo una promoción interna encubierta para los que ya eran funcionarios o para facilitar la entrada a personas de fuera de la administración”, afirmó.
La acusación tiene una enorme carga política porque pone en cuestión la narrativa oficial del Ejecutivo sobre la reducción de la temporalidad. Para Pagès, las medidas aprobadas no habrían protegido realmente a quienes llevaban años encadenando contratos temporales en fraude de ley, sino que habrían beneficiado a otros perfiles ajenos al colectivo afectado.
Además, el diputado quiso poner el foco sobre Cataluña y, particularmente, sobre la administración de justicia catalana. “Esto es especialmente grave en Cataluña, y en la administración de justicia catalana”, denunció.
Europa
Otro de los ejes centrales de la intervención fue el conflicto abierto entre España y las instituciones comunitarias respecto al cumplimiento de la normativa europea sobre temporalidad.
Pagès recordó que “el Estado español está incumpliendo los mandatos de la Unión Europea” y vinculó directamente esa situación con el bloqueo de fondos europeos. “La Comisión Europea no entregará a España 626 millones de euros del Plan de Recuperación por no cumplir el objetivo sobre la temporalidad en el servicio público”, advirtió.
La afirmación sitúa el problema en una dimensión mucho más amplia. Ya no se trata únicamente de una reivindicación de las asociaciones de interinos, sino de una cuestión que afecta a la imagen internacional del Estado y a su capacidad para cumplir los compromisos adquiridos ante Bruselas.
El diputado también recordó el peso de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente críticas con la falta de medidas efectivas para sancionar el abuso de temporalidad en España.
“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado recientemente dos sentencias que dejan en evidencia la negativa del Estado español a transponer la directiva 1999/70, ¡de hace 26 años!”, denunció. Y añadió una frase especialmente significativa desde el punto de vista político: “El fracaso de las soluciones legislativas del Estado para acabar con la precariedad de los trabajadores públicos”.
Crisis política
La intervención de Josep Pagès refleja cómo el conflicto de los interinos ha evolucionado hacia una cuestión de enorme desgaste institucional. Durante años, las administraciones públicas abordaron el problema desde una lógica puramente técnica y burocrática. Sin embargo, la acumulación de sentencias europeas y el malestar creciente de los afectados han terminado transformándolo en un problema político de primer orden.
Esto resulta especialmente incómodo para el gobierno: las propias administraciones encargadas de garantizar los derechos laborales aparecen ahora acusadas de mantener durante décadas una estructura de precariedad incompatible con los estándares comunitarios. En ese contexto, la apelación final de Pagès al Defensor del Pueblo adquirió un tono claramente político y simbólico. “No basta con gestionar la temporalidad: hace falta voluntad política, hace falta que el Estado mueva ficha”, reclamó.
Pero el diputado fue todavía más lejos al exigir medidas concretas alineadas con la jurisprudencia europea. “Hace falta que se establezcan medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas al abuso de temporalidad que cumplan los estándares europeos”, concluyó.
Las palabras de Josep Pagès evidencian hasta qué punto el conflicto de la temporalidad en el sector público ha entrado en una fase decisiva. El Gobierno se enfrenta simultáneamente a la presión de Bruselas, a las sentencias del TJUE y al descontento creciente de cientos de miles de trabajadores temporales que consideran insuficientes las reformas adoptadas hasta ahora.
La cuestión ya no es únicamente cómo reducir las cifras de interinidad, sino cómo reparar décadas de abuso estructural sin provocar nuevas desigualdades dentro de la función pública. Y ahí reside precisamente el núcleo político del debate.
Porque cada sentencia europea, cada proceso de estabilización cuestionado y cada interino excluido refuerzan una percepción cada vez más extendida: que el Estado español no solo ha sido incapaz de resolver la precariedad pública, sino que durante años la convirtió en parte habitual de su propio funcionamiento administrativo.