La violencia machista obliga con frecuencia a revisar las herramientas con las que el Estado trata de proteger a las mujeres. Esa reflexión ha vuelto a abrirse tras la reunión del Comité de Crisis convocado por el Ministerio de Igualdad para analizar los nueve asesinatos machistas registrados durante los meses de junio y julio. La principal conclusión resulta tan sencilla como trascendente. Una mujer que pide retirar una denuncia o una orden de protección no siempre lo hace en condiciones de plena libertad, porque la violencia de género altera precisamente la capacidad de decidir sin miedo, sin dependencia y sin coacciones.
La propuesta trasladada por el Ministerio de Igualdad plantea que el sistema judicial y policial otorgue un mayor peso a la protección efectiva de la víctima incluso cuando esta manifieste su voluntad de desistir del procedimiento. El objetivo no consiste en limitar su autonomía, sino en reconocer una realidad ampliamente acreditada por la experiencia de los juzgados, los servicios sociales y los equipos especializados. La violencia machista no es un conflicto entre iguales, sino una relación de dominación que condiciona las decisiones de quien la sufre.
Los datos analizados por el Comité de Crisis explican la necesidad de ese cambio de enfoque. De los nueve asesinatos estudiados, únicamente uno contaba con una denuncia previa. En siete de los casos, víctima y agresor convivían, y en cuatro la relación atravesaba un proceso de ruptura, uno de los momentos de mayor riesgo para las mujeres. Ocho menores han quedado huérfanos como consecuencia de estos crímenes. Las cifras vuelven a demostrar que la violencia de género continúa desarrollándose, en demasiadas ocasiones, lejos de la mirada de las instituciones y sin que las víctimas encuentren las condiciones necesarias para romper definitivamente el vínculo con su agresor.
Quienes reducen este debate a la simple retirada de una denuncia ignoran la naturaleza de la violencia machista. La dependencia económica, el miedo a nuevas agresiones, la existencia de hijos e hijas comunes, el aislamiento social o el desgaste psicológico son factores que pueden llevar a una mujer a desistir de un procedimiento judicial aun cuando el riesgo para su integridad permanezca intacto. Interpretar esa decisión como una manifestación completamente libre supone desconocer el funcionamiento de la violencia de control que describen desde hace años la psicología, la criminología y el propio sistema de protección.
Por ese motivo, el Comité también propone revisar las conformidades penales y los acuerdos en procedimientos de familia cuando existe violencia de género, estudiar un acompañamiento específico para los menores huérfanos y evitar el archivo automático de las causas cuando el agresor se suicida, con el fin de facilitar el acceso de las familias a las ayudas y recursos previstos por la legislación. Se trata de medidas que responden a una misma lógica. Colocar a las víctimas y a sus hijos e hijas en el centro de la respuesta institucional.
La experiencia acumulada desde la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género demuestra que la legislación ha salvado vidas y ha transformado la forma en que el Estado afronta esta violencia estructural. Sin embargo, cada asesinato recuerda que la protección nunca puede darse por concluida. Los sistemas públicos deben evolucionar al ritmo que exige una realidad compleja y cambiante, incorporando las lecciones que dejan los casos más dramáticos.
Proteger a una mujer incluso cuando el miedo la empuja a retirar una denuncia no supone sustituir su voluntad, sino comprender el contexto en el que esa voluntad se expresa. Esa diferencia resulta esencial. El Estado democrático tiene la obligación de garantizar la libertad de las víctimas, pero también de reconocer que la libertad deja de ser plenamente libre cuando está condicionada por años de amenazas, dependencia y violencia. Reforzar esa protección no debilita los derechos de las mujeres. Constituye, precisamente, una forma de hacerlos efectivos allí donde más difícil resulta ejercerlos.
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