Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid viven estos días una imagen insólita: pasillos desiertos, bibliotecas cerradas y aparcamientos medio vacíos en pleno curso. No es una jornada festiva ni un puente encubierto, sino la respuesta de estudiantes, profesorado y personal de administración a una huelga de dos días que pretende poner un foco muy claro sobre algo que suele sonar lejano y técnico: la infrafinanciación de la universidad pública madrileña y el riesgo de que se recorten sueldos, derechos laborales y calidad de los estudios.
“Lo que está pasando no es una exageración sindical, es un aviso muy serio: si no se reactiva la inversión, habrá menos profesorado, peores condiciones laborales y peor enseñanza”, resume Javier Becerra, secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid. “No es una huelga contra el alumnado, es una huelga para que la universidad pública siga existiendo como tal dentro de diez años”.
Aulas vacías y presupuestos en números rojos
La estampa de la Complutense, la Autónoma o la Rey Juan Carlos estos días es el mejor termómetro del malestar. Facultades enteras sin clase, paros académicos aprobados por los propios órganos universitarios y bibliotecas cerradas porque no hay personal. El llamado “paro académico” —una figura recogida en la nueva ley estatal de universidades— significa algo muy concreto: no se pueden hacer exámenes, no se puede pasar lista ni penalizar al estudiantado por no asistir. Es una manera de proteger el derecho a la huelga del alumnado sin que pierda el curso por ello.
Detrás de estas imágenes hay cifras muy claras. Madrid destina a sus universidades públicas menos del 0,5% de su propio producto interior bruto (PIB), muy lejos del objetivo del 1% marcado a nivel estatal para 2030 y aún más lejos de lo que invierten los países europeos con mejores sistemas universitarios. Según los estudios comparativos, las universidades madrileñas son de las peor financiadas de España en dinero público por estudiante, pese a estar en una de las regiones más ricas.
La consecuencia es que los campus arrastran más de quince años de recortes. Las transferencias de la Comunidad se desplomaron con la crisis de 2012 y, aunque luego han ido subiendo poco a poco, la suma sigue siendo negativa si se tiene en cuenta la inflación acumulada. Los cálculos apuntan a que harían falta unos 310 millones de euros adicionales solo para volver al nivel de 2009 en términos reales.
“Estamos en una situación límite. Algunas universidades han tenido que pedir créditos para pagar las nóminas. Eso significa que, o se tapa el agujero con más deuda, o se recorta en sueldos, en derechos laborales y en plantillas. Y eso al final se nota en las aulas: más grupos masificados, menos tutorías, menos investigación”, explican desde la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid. “Con unos datos económicos de España y de Madrid que son buenos, no hay ninguna razón seria para seguir asfixiando a la universidad pública”, añade.
Tasas altas, contratos precarios y fuga de talento
Mientras la financiación pública se queda corta, el esfuerzo que se pide a las familias no es pequeño. Madrid es la comunidad donde más cara sale la matrícula universitaria: unos 450 euros más de media que en el resto del país. Y, a diferencia de otras regiones, aquí no se ha generalizado la medida de no cobrar tasas a quienes aprueban todas las asignaturas.
“Pagas más, pero recibes menos”, resume Becerra. “Bibliotecas que dejan de suscribirse a bases de datos científicas porque no hay dinero, laboratorios que se quedan obsoletos, edificios con problemas de mantenimiento, grupos masificados… Esto no es una opinión, es el día a día de quienes trabajan y estudian en las universidades madrileñas”.
En el terreno laboral, la fotografía tampoco es halagüeña. La figura del profesor ayudante doctor, que debería ser un peldaño estable en la carrera académica, se paga en muchos casos en torno a 1.400 euros mensuales. Con el coste de la vida disparado en Madrid, cada vez más docentes jóvenes optan por marcharse a otras comunidades donde los sueldos y el alquiler les permitan vivir con algo más de margen. Los sindicatos y los propios decanatos hablan ya de “fuga de talento”.
“Cuando se precariza al profesorado, no solo se hace daño a esas personas; se debilita la calidad de la docencia y de la investigación. Un profesor encadenando contratos o haciendo horas extras no pagadas tiene menos tiempo para preparar clases, atender al alumnado o investigar”, denuncian los sindicatos. “Estamos viendo cómo se consolida un modelo low cost que es incompatible con una universidad de calidad”.
Una ley autonómica que abre la puerta a más privatización
A esta situación se suma ahora la tramitación de la nueva ley madrileña de educación superior, la conocida Lesuc. Se trata de una norma autonómica que regulará el sistema universitario y científico en la región y que, según las plataformas convocantes y los rectores, consolida un modelo en el que lo privado gana terreno frente a lo público.
En la práctica, esto se traduce en más facilidades para la expansión de las universidades privadas y más margen para que intereses privados condicionen la investigación y la gestión de los campus públicos. También se introducen sanciones muy elevadas para determinadas formas de protesta estudiantil, como colgar una pancarta sin autorización o participar en un escrache, con multas que pueden llegar a los 100.000 euros.
“Es una ley hecha de espaldas a la comunidad universitaria, que refuerza la lógica mercantil y disciplinaria. Se debilita la autonomía universitaria y se manda un mensaje: menos crítica, más obediencia”, sostienen los sindicatos convocantes. “Nos preocupa tanto la falta de dinero como el modelo ideológico que hay detrás. No queremos una universidad pública al servicio del capital privado, queremos una universidad que garantice igualdad de oportunidades y pensamiento libre”.
Una huelga que interpela a toda la sociedad madrileña
Por todo ello, UGT Servicios Públicos de Madrid, junto con la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, otros sindicatos, plataformas de estudiantes y colectivos universitarios, ha llamado a secundar la huelga del hoy y de mañana 27 de noviembre y a participar en las actividades y movilizaciones previstas, que culminarán en una gran manifestación en el centro de la capital.
“No es una pelea corporativa de profesores ni una protesta puntual de estudiantes”, insisten. “Está en juego si la hija de un trabajador o de una trabajadora va a poder estudiar en una universidad pública de calidad en Madrid dentro de unos años, o si solo quienes puedan pagar una privada tendrán acceso a determinados estudios y recursos”.
El mensaje que resumirá estas dos jornadas, explica, es muy sencillo, lejos de tecnicismos: “Defendemos nuestros sueldos y nuestros derechos laborales porque sin ellos no hay universidad que aguante, y defendemos la universidad pública porque es la herramienta más potente que tiene esta sociedad para reducir desigualdades. Si dejamos que se deteriore, todos perdemos”.
Los convocantes concluyen con una idea que quiere que cale más allá de los campus: “Este 26 y 27 de noviembre, cada clase que no se da, cada aula vacía, es un grito para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid rectifique, ponga el dinero que hace falta y retire una ley que empuja hacia la privatización. No vamos a resignarnos a ver cómo se desmantela, poco a poco y en silencio, la universidad pública madrileña”.