La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha dado un paso de gigante al solicitar formalmente el acceso al corazón financiero de las principales organizaciones socialistas del país: PSOE y PSC. La petición, formulada a las puertas del verano, busca desentrañar un complejo entramado de transferencias, facturas cruzadas y campañas publicitarias que, según los indicios recabados, podrían haber servido para sufragar actividades ilícitas en el entorno de la denominada "fontanería de Ferraz".
A través de un requerimiento de máxima urgencia elevado al magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, los investigadores de la benemérita han pedido rastrear las cuentas del PSOE y del PSC correspondientes a los ejercicios de 2024 y 2025. La ofensiva de la UCO no se limita a un mero control formal de las finanzas de los partidos, sino que exige el auxilio de la Agencia Tributaria y de las principales entidades bancarias para radiografiar los movimientos de fondos, declaraciones fiscales y patrimonio de casi una quincena de personas físicas y jurídicas estrechamente vinculadas a la causa.
El análisis judicial de este nuevo escenario pone de manifiesto que la presunta red de interferencias no operaba en el vacío, sino que se valía de figuras históricas de la formación y de técnicos del derecho para canalizar los flujos económicos. En el centro de la diana policial se sitúa ahora el exdirigente socialista Gaspar Zarrías, una de las figuras más influyentes del socialismo andaluz durante décadas. La Guardia Civil ha pedido al juez Pedraz que ponga bajo la lupa a Zaño Sociedad, una mercantil propiedad del propio Zarrías, sospechosa de haber actuado de puente en la circulación del capital bajo sospecha.
De forma simultánea, el oficio de la UCO reclama un exhaustivo volcado de datos fiscales y bancarios sobre los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, ambos formalmente investigados en el marco del caso Leire Díez. La Policía Judicial busca determinar con precisión matemática desde la titularidad de cuentas corrientes corrientes y la posesión de bienes muebles e inmuebles, hasta posibles relaciones societarias ocultas, tenencia de activos en el extranjero o donaciones no declaradas. Este cerco integral sobre los letrados responde a la tesis de que los despachos profesionales pudieron haber funcionado como pantallas de opacidad para encubrir el verdadero origen y destino de los fondos del partido.
El núcleo del presunto delito que intenta esclarecer la Audiencia Nacional se localiza en una sofisticada operativa de desvío de dinero público presupuestado originalmente para la contienda política en las urnas. Los investigadores centran sus esfuerzos en verificar un supuesto pago autorizado por Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, destinado al medio de comunicación digital Crónica Libre. La cantidad, que los informes sitúan en el entorno de los 20.000 euros, se habría enmascarado mediante contratos publicitarios ficticios aprovechando la infraestructura de los comicios autonómicos de 2024.
Para desarmar esta estructura, la UCO considera indispensable registrar las relaciones comerciales del Grupo IKI, una importante agencia de medios. El requerimiento judicial exige que las entidades de este grupo aporten de forma inmediata todos los contratos, facturas emitidas y justificantes bancarios de pago que mantuvieron con el PSOE y el PSC durante los dos últimos años. La sospecha policial apunta a que la campaña publicitaria de las elecciones al Parlament de Cataluña de 2024 fue utilizada como la coartada perfecta para abonar sumas de dinero a plataformas de información afines, camuflando bajo conceptos de propaganda electoral lo que indiciariamente se perfila como la financiación encubierta de una red de fontanería política orientada a desestabilizar causas judiciales en curso.