La difusión en La Séptima de una serie de grabaciones protagonizadas por Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha sacudido los cimientos del debate político y judicial. En estos audios, García sostiene haber sido objeto de una presunta operación destinada a fabricar o moldear testimonios incriminatorios contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Señala directamente al director de OkDiario, Eduardo Inda, como supuesto emisario de una maniobra en la que involucra al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Siempre según el relato de Koldo García, el periodista habría organizado un encuentro prolongado con el objetivo de articular un discurso que posteriormente pudiera trasladarse a sede judicial. Según la versión del exasesor, ambos permanecieron durante horas intentando ajustar el contenido de sus declaraciones a un guion predeterminado hasta el punto de exigir una segunda grabación tras considerar insuficiente la primera toma. En ese contexto, García atribuye a Inda una advertencia explícita sobre las consecuencias procesales de no endurecer su testimonio: «Esto a Luzón no le vale. Si no sois más explícitos, vais a prisión».
Asimismo, el exasesor afirma que el director del medio digital le exhibió el registro de llamadas de su teléfono móvil para acreditar contactos directos tanto con el presidente del Partido Popular como con el máximo responsable del Ministerio Público en materia anticorrupción y proyectaba una sensación de respaldo institucional e impunidad. No obstante, esa sensación responde exclusivamente a la narración unilateral de García sin que existan pruebas independientes que acrediten la participación de los aludidos.
Pagos mercantiles y naturaleza de los contratos
Más allá del relato verbal contenido en los audios, la polémica se adentra en el terreno de las transacciones económicas entre el entorno de Koldo García y la sociedad editora de OkDiario, Dos Mil Palabras S. L. Ambas partes mantienen versiones frontalmente contrapuestas sobre el origen, la cuantía y la finalidad de los fondos abonados.
Por un lado, la dirección del periódico digital ha reconocido públicamente el pago de 242.000 euros amparados en un contrato de colaboración mercantil que estaba destinado a la cesión de derechos de imagen y explotación periodística de los materiales del exasesor. Incluía entrevistas, productos audiovisuales y la elaboración de un libro y desvinculaba por completo dichos abonos de cualquier estrategia de defensa judicial o pacto político.
Por otro lado, las informaciones difundidas por la Cadena SER a partir del testimonio de García y otras fuentes consultadas elevan la cifra global de la presunta operación hasta el millón de euros: un primer pago de 300.000 euros por una entrevista y otros 700.000 euros vinculados a derechos editoriales y documentales. Sostienen que el propósito último era preconstituir un relato utilizable ante los tribunales. Ante estas imputaciones, Eduardo Inda ha rechazado de plano cualquier papel de intermediación irregular, defiende la estricta legalidad periodística de los contratos suscritos y anuncia el ejercicio de acciones legales contra quienes le atribuyan participación en una trama para perjudicar al gobierno de Pedro Sánchez.
El impacto en Anticorrupción
La dimensión más delicada de este episodio reside en la mención directa a Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, como presunto receptor o valedor de las gestiones descritas en los audios. Aunque el Ministerio Público no ha emitido respuesta oficial tras las consultas realizadas por el programa televisivo, la sola asociación del órgano encargado de perseguir la corrupción política con supuestas negociaciones extraprocesales introduce un elemento de debilitamiento reputacional en un momento de extrema sensibilidad.
En el plano estrictamente electoral, la irrupción de estas grabaciones reconfigura las líneas de defensa y ataque a escasos días del 29N. Para el Partido Socialista y sus socios de coalición, los audios de Koldo García, sumados a otros testimonios recientes sobre supuestas ofertas económicas para incriminar a la cúpula gubernamental, refuerzan el argumento de que existe una conspiración coordinada entre sectores mediáticos y la oposición para alterar el ciclo político mediante causas judicializadas. Por el contrario, desde el bloque de la derecha se interpreta la difusión de este material como una maniobra de distracción destinada a cuestionar la credibilidad de los investigadores y desviar la atención sobre los sumarios abiertos en la Audiencia Nacional que deja al electorado ante un cruce de relatos incompatibles cuya resolución puede marcar el pulso final de la campaña.
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