El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado que el Gobierno vasco pretende cerrar el acceso de las asociaciones de víctimas a la información sobre las resoluciones penitenciarias que afectan a los presos de ETA. La organización considera que la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos constituye un intento de dificultar la fiscalización de la política penitenciaria del Ejecutivo autonómico y de obstaculizar las denuncias públicas sobre la concesión de terceros grados y la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
La asociación, presidida por Consuelo Ordóñez, sostiene que la decisión supone “un ataque frontal a nuestro derecho de conocer y denunciar decisiones que afectan directamente al derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo”. Por ello, reclama al Gobierno vasco que rectifique, mantenga un canal estable de comunicación con las entidades que representan a las víctimas y retire públicamente las acusaciones con las que, a su juicio, pretende justificar el cierre de esa vía de información.
Cuestionamiento de la decision
Uno de los principales argumentos de COVITE es que la obligación de informar directamente a las víctimas sobre las resoluciones que les afectan no justifica excluir a las asociaciones a las que estas han elegido libremente para recibir asesoramiento, conocer sus derechos y defender sus intereses.
El colectivo alude a la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y considera que ambos canales de información pueden coexistir. “Que informen directamente a las víctimas afectadas por sus resoluciones es lo que deben hacer. Esa obligación no exige cerrar el canal de información con las asociaciones que ellas han elegido libremente para que las representen, les informen y defiendan sus derechos. Ambos canales son compatibles y complementarios”, ha afirmado Ordóñez.
La organización considera especialmente grave que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco justifique su decisión alegando que algunas asociaciones no habrían trasladado adecuadamente la información a las víctimas o habrían filtrado aspectos protegidos de los expedientes penitenciarios. Según COVITE, la comunicación pública del Ejecutivo no identifica los hechos concretos ni las entidades a las que se refieren esas acusaciones.
En julio, el juez de vigilancia penitenciaria revocó el tercer grado de Juan Antonio Olarra Guridi porque no estaban consolidados los factores que justificaban su reinserción. Menos de tres meses después, la Consejería de Justicia @JusticiayDdhh del @gob_eus vuelve a… pic.twitter.com/aAWhfJiWr8
— COVITE (@CovitePV) October 14, 2026
«No pueden lanzar sospechas sobre el conjunto de las asociaciones y utilizarlas para imponer un cierre general de información. Si tienen alguna acusación que formular, que la concreten y la acrediten», ha reclamado la presidenta del colectivo, que considera inaceptable que se desacredite a las organizaciones de víctimas para justificar una medida que dificulta su labor.
Denuncian posibles represalias
COVITE interpreta el cambio de criterio como una posible represalia por sus denuncias sobre la concesión de terceros grados y la aplicación del artículo 100.2 a presos de ETA que, según la asociación, no han mostrado un arrepentimiento real y público.
Ordóñez ha cuestionado los motivos que habrían llevado al Ejecutivo autonómico a adoptar esta decisión y ha preguntado si ha consultado a las asociaciones afectadas antes de hacerlo. “¿Les molesta que denunciemos su política penitenciaria fraudulenta?”, ha planteado.
La organización también rechaza que el Gobierno vasco le atribuya responsabilidad por los casos en los que algunas víctimas no habrían recibido información sobre las resoluciones penitenciarias. A juicio de COVITE, garantizar esa comunicación corresponde a la Administración, y las denuncias públicas de las asociaciones han permitido que tanto víctimas asociadas como otras que no pertenecen a ninguna entidad conozcan decisiones que les afectan.
“Nos acusan de no informar y al mismo tiempo nos cierran el acceso a la información que nos permite hacerlo”, ha denunciado Ordóñez. La presidenta sostiene que la actividad de la asociación facilita que las víctimas expresen públicamente sus quejas y conozcan y ejerzan los derechos que les corresponden.
Exigen rectificación urgente
La asociación considera que la decisión supone “un maltrato institucional a las víctimas y a las asociaciones que libremente han elegido para que las representen”. En su opinión, las víctimas deben poder contar con las entidades a las que han confiado la defensa de sus intereses sin que la Administración imponga obstáculos a esa labor.
Desde COVITE añaden que conocieron la decisión a través de los medios de comunicación, sin haber recibido una comunicación directa del Gobierno vasco. Para la organización, esta circunstancia agrava el conflicto y evidencia la falta de interlocución con las asociaciones afectadas.
Ante esta situación, el colectivo reclama al Departamento de Justicia y Derechos Humanos que restablezca un canal estable de información, rectifique su decisión y concrete las acusaciones formuladas contra las asociaciones o, en caso de no poder acreditarlas, las retire públicamente.
“El Gobierno vasco no va a conseguir silenciarnos cerrándonos el acceso a la información”, ha concluido Ordóñez. La presidenta ha asegurado que la asociación continuará denunciando la política penitenciaria del Ejecutivo autonómico y defendiendo el derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia.
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