Moncloa ha decidido apretar el acelerador. Ni un segundo de tregua. Con los dos reales decretos de vivienda recién salidos del Consejo de Ministros y la tinta aún fresca, el Ejecutivo ha lanzado una ofensiva relámpago: quiere convocar un pleno extraordinario este mismo viernes. Urgencia máxima. Sin embargo, en esta partida de ajedrez, las prisas del Gobierno han chocado de frente contra el cálculo helado de la oposición y la distancia casi glacial de sus propios socios de investidura.
La escena en la Junta de Portavoces retrataba la prisa del Ministerio de la Presidencia por colgarse la medalla del acuerdo antes de que la letra pequeña desmonte el invento. Pero para armar un pleno de hoy para mañana hace falta unanimidad. Punto. El Gobierno esperaba el previsible no del PP para acusar a la derecha de boicotear las soluciones para el alquiler.
Pues bien, les salió el tiro por la culata. La oposición jugó sus cartas con bastante más astucia: dijo que adelante, que no pensaba bloquear la fecha, pero que preparasen los teléfonos porque en el hemiciclo le van a mirar hasta las comas a los dos textos.
El cambio de paso del Partido Popular a puerta cerrada no fue casual. Protestaron, claro. Hablaron de "maniobra propagandística" y de uso partidista de la Cámara. Sin embargo, prefirieron no vetar el pleno. ¿Por qué? Porque tumbar la reunión de hoy habría forzado otra junta de emergencia en veinticuatro horas, dando a Moncloa la excusa perfecta para victimizarse ante las cámaras y los colectivos de la acampada de Sol.
Al dejar pasar el pleno, la derecha persigue algo mucho más jugoso: arrastrar al Gobierno a una votación en abierto donde se le vean todas las costuras. Un escrutinio en toda regla. En los despachos de la oposición saben perfectamente que el veneno no está en el calendario, sino en la calculadora del Congreso. Acelerar el pleno le quita tiempo a la ministra de Vivienda para negociar bajo la mesa, dejando al desnudo que el Gobierno va a la guerra sin tropas suficientes.
Pero mientras el PP calcula sus pasos a cara descubierta, el verdadero dolor de cabeza de Moncloa tiene un nombre y un silencio: Junts per Catalunya.
La silla vacía de Míriam Nogueras en la Junta de Portavoces no fue un despiste con el café. Fue un bofetón con mano de seda. Los independentistas ya han avisado de que no piensan aceptar tragaderas de última hora ni se sienten atados por lo que hayan pactado el PSOE y Sumar entre cuatro paredes.
En el entorno de Junts lo dicen abiertamente: hasta que no lean el Boletín Oficial del Estado línea por línea, no hay voto que valga. Y ahí está el gran muro. El partido de Carles Puigdemont rechaza de plano el control de precios y, por encima de todo, la prórroga automática e indefinida de los alquileres. Para ellos, meterle la mano en el bolsillo al propietario es una línea roja. Con su silencio, Junts convierte la votación en un calvario para el Ejecutivo, obligado a mendigar cada papeleta sin saber si terminará en la lona.
Avanzar a ciegas con dos decretos tan endiabladamente complejos es una maniobra de alto riesgo. Al empaquetar las exigencias de la izquierda en un texto aparte sobre los alquileres indefinidos, el PSOE pretendía proteger el resto de las medidas. Pero la jugada puede salirles al revés. Sin el sí explícito de los catalanes y del PNV, la norma estrella nace muerta, mientras que el otro decreto —el de las bonificaciones fiscales y la vivienda protegida— se expone a una lluvia de enmiendas que podría dejarlo desfigurado.
Las prisas de Moncloa responden a la necesidad de dar un golpe sobre la mesa ante la calle movilizada. "Miren cómo trabajamos", vienen a decir. Pero en un Parlamento sin mayoría clara, las prisas suelen pagarse caras. Si acudes al hemiciclo sin los deberes hechos con los socios de la periferia, el bofetón puede ser histórico.
En las próximas horas sabremos si la estrategia del esprint sirve para salvar el primer trámite o si aboca al Ejecutivo a un naufragio estruendoso. Al renunciar al bloqueo, la oposición ha dejado solo al Gobierno ante sus propios demonios: la amarga tarea de convencer a unos aliados que ya no están dispuestos a votar con la nariz tapada.
La batalla del ladrillo se ha mudado de la calle a la cuenta de la vieja en el Congreso. Mientras los fontaneros de Moncloa apuran los minutos intentando cuadrar números imposibles, el resto de partidos aguarda la sesión con la certeza de que aquí no solo se vota sobre pisos o alquileres. Se vota si este Gobierno conserva todavía la capacidad real de aprobar leyes o si la legislatura ha entrado en una vía muerta.
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