El Gobierno supo durante las pruebas PISA que Cataluña superaba el límite de exclusión de alumnos

El Ministerio conoció durante la aplicación de las pruebas que existían incidencias técnicas en la muestra de Cataluña, aunque la magnitud del problema no pudo determinarse hasta el análisis final de la OCDE

29 de Julio de 2026
Actualizado a las 11:33h
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El Gobierno supo durante las pruebas PISA que Cataluña superaba el límite de exclusión de alumnos

La evaluación educativa solo resulta útil cuando los datos sobre los que se sustenta son fiables. Esa es la principal enseñanza que deja el error detectado en la aplicación de las pruebas PISA en Cataluña. La confirmación de que el Ministerio de Educación recibió ya en abril de 2025 una advertencia técnica sobre un nivel de exclusión del alumnado superior al permitido no modifica el diagnóstico conocido en los últimos días, pero sí ayuda a comprender cómo evolucionó una incidencia que únicamente pudo medirse en toda su dimensión cuando la OCDE concluyó el análisis internacional de los resultados.

La comunicación recibida por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa durante el desarrollo de las pruebas llevó a los equipos técnicos del Ministerio y de la Generalitat a intercambiar información sobre las anomalías detectadas. Sin embargo, tanto el Gobierno central como el catalán sostienen que en ese momento no existían elementos suficientes para determinar si aquellas incidencias afectarían de forma significativa a la representatividad estadística de la muestra. La confirmación definitiva llegó en marzo de 2026, cuando la OCDE constató que el porcentaje de alumnado excluido alcanzaba el 23,2 %, muy por encima del límite del 5 % fijado para garantizar la validez comparativa del estudio.

Ese dato invalida la comparación de los resultados catalanes con los de anteriores ediciones y con los de otros territorios, pero no convierte el episodio en un fraude educativo. La diferencia resulta esencial. El problema no reside en que se alteraran las respuestas de los estudiantes o se manipularan las puntuaciones, sino en que la muestra dejó de cumplir los criterios estadísticos exigidos por la OCDE para que las conclusiones fueran plenamente representativas.

La Generalitat ha defendido que optó por no hacer pública la incidencia hasta disponer de evidencias suficientes sobre su alcance. La investigación interna continúa abierta y el Govern ha anunciado cambios organizativos para evitar que una situación semejante vuelva a repetirse, entre ellos nuevos mecanismos de coordinación y supervisión en la aplicación de evaluaciones internacionales.

La oposición ha respondido exigiendo comparecencias inmediatas e incluso dimisiones. Esa exigencia forma parte de la lógica del control parlamentario y resulta plenamente legítima. Lo que merece una reflexión más pausada es la tentación de convertir cualquier error administrativo en una crisis política irreversible antes de conocer todas sus causas. La educación necesita transparencia, pero también serenidad institucional para corregir aquello que no ha funcionado.

El episodio pone de manifiesto otra realidad de mayor alcance. Los sistemas de evaluación internacional han adquirido un peso decisivo en el diseño de las políticas educativas y, precisamente por ello, requieren procedimientos de control extraordinariamente rigurosos. La credibilidad de PISA depende de que todos los territorios apliquen exactamente los mismos criterios y de que cualquier desviación sea detectada y corregida con rapidez.

Resulta significativo que esta incidencia se produzca cuando Cataluña trabaja precisamente con la OCDE en un amplio proceso de revisión de su sistema educativo. Hace apenas unas semanas, el organismo internacional presentó un informe con propuestas para mejorar los resultados del alumnado, reforzar la formación del profesorado, perfeccionar los sistemas de evaluación y dirigir más recursos hacia los centros con mayor complejidad social. Ese trabajo perdería buena parte de su utilidad si los instrumentos de medición dejaran de ofrecer garantías suficientes.

La mejor respuesta a este episodio no consiste en desacreditar la evaluación, sino en fortalecerla. Reconocer los errores, investigarlos con transparencia, depurar las responsabilidades que correspondan y corregir los procedimientos constituye la única forma de preservar la confianza de la comunidad educativa. La educación pública necesita diagnósticos sólidos para mejorar. También necesita que el debate político contribuya a resolver los problemas en lugar de amplificarlos hasta convertir cada incidencia técnica en un argumento de polémica permanente.

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